Es necesario el blindaje definitivo de la producción nacional de arroz
EFE
Santo Domingo, RD. Los arroceros dominicanos confiaron este jueves en una solución a la «amenaza» que representa para el sector las importaciones masivas del cereal desde Estados Unidos a partir de enero de 2025, debido a la desgravación arancelaria establecida en el Tratado de Libre Comercio (DR-Cafta).
En un comunicado, la Unión Arrocera Dominicana (UAD) aclaró que «no pretende demeritar ni dejar de reconocer» el acuerdo firmado entre República Dominicana, Estados Unidos y Centromérica, conocido como DR-Cafta, pero es «necesario el blindaje definitivo de la producción nacional de arroz».
Esto puede lograrse «a través de un entendimiento político al más alto nivel, al margen del tratado, para preservar su producción, la paz social y económica de los campos dominicanos y la soberanía alimentaria de la nación», apuntó el vicepresidente ejecutivo y portavoz de la UAD, Heraldo Suero.
La citada entidad «se siente confiada en la buena voluntad, la visión estratégica y geopolítica» de Estados Unidos, principal socio comercial del país caribeño, «para que entienda la necesidad de la República Dominicana de salvaguardar el principal artículo de la canasta alimenticia básica familiar».
En la nota, los arroceros agradecieron al presidente del país, Luis Abinader, «el respaldo decidido y contundente a ese renglón productivo», después de que éste afirmara el martes que su país no permitirá la apertura del mercado nacional al arroz de Estados Unidos sin aranceles.
El gobernante anunció el 27 de febrero pasado, en su discurso de rendición de cuentas ante el Congreso Nacional, la creación de una comisión para iniciar un proceso de protección a la producción nacional de arroz, debido a la desgravación arancelaria que se iniciará en dos años.
Los productores de arroz generan más de 20.000 empleos directos y sobre los 300.000 indirectos, según datos del mandatario.
El cereal es uno de los productos de mayor consumo diario de los dominicanos.
El DR-Cafta fue firmado en 2004 y, en el caso de la República Dominicana, entró en vigor en 2007.
