La deuda pública consolidada (incluyendo deuda intergubernamental) al cierre del 2023 ascendió a US$73,232.6 millones. La misma está compuesta por la deuda del sector público no financiero (SPNF), cuyo monto fue US$54,828.8 millones, y la deuda del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la cual representó US$18,403.9 millones.
A diciembre del 2023 la deuda pública consolidada se ubicó en 60.9% del PIB; de los cuales un 45.6% correspondían a la deuda del SPNF y los restantes 15.3% a la deuda del BCRD.
Entre diciembre del 2022 y diciembre de 2023 la deuda pública consolidada de República Dominicana (incluyendo deuda intergubernamental) registró un incremento neto de US$4,349.9 millones; equivalente a un 6.3%.
Al comparar la deuda pública consolidada con el balance a diciembre de 2019, antes de que se incrementara el gasto público a partir de la pandemia de COVID-19, el saldo de la deuda se ha incrementado en US$25,372.1 millones, equivalente a un crecimiento de 53.0%. De ese total, US$18,886.3 millones corresponde al SPNF y UD$6,485.8 al BCRD.
La deuda representa una carga importante para los contribuyentes, tanto por el pago de sus intereses como por el capital de la misma. Para el año 2024 según el proyecto de ley del Presupuesto General del Estado, el monto del gasto en intereses del gobierno central como porcentaje de los ingresos tributarios está presupuestado en 25.0%. República Dominicana se encuentra en un proceso de espiral de la deuda pública. La espiral de la deuda consiste en que déficits mayores implican aumento de la deuda y mayor gasto en intereses. Con rendimientos altos en los mercados internacionales para las emisiones de los bonos de la deuda pública, el gasto en intereses continúa aumentando. Este gasto financiero, sumado al incremento en el resto del gasto público, mantiene altos los déficits, generando mayor endeudamiento. El importante peso que representa la deuda pública amerita una consolidación fiscal basada en reglas fiscales y una reforma tributaria sostenible. Acompañado de la implementación de reformas estructurales que permitan incrementar la productividad promedio en la economía y elevar los ingresos de los ciudadanos.
De manera más específica un proceso de consolidación fiscal debería consistir en: 1) una ley de responsabilidad fiscal que establezca reglas que reduzcan el déficit y, en consecuencia, la deuda pública; y 2) una reforma tributaria que simplifique el código tributario, elimine los impuestos más distorsionadores, reduzca las tasas de los existentes y amplíe sus bases.
Publicado originalmente por: Centro Regional de Estrategias Económicas Sustentables (CRESS)
