Editorial del periódico Hoy, del 10 de septiembre de 2025.
Actuaciones policiales sin transparencia siguen siendo conocidas por la sociedad exclusivamente a través de boletines de la propia institución en referencia a supuestos intercambios de disparos con civiles cuya autenticidad el Ministerio Público nunca certifica; algo absolutamente impropio de un Estado de derecho. Una inveterada omisión del funcionariado que debe sostener casos ante los tribunales y está facultado, en función de una independencia de rigor institucional, a proceder ante simples indicios de criminalidad, sin esperar órdenes del Poder Ejecutivo como no las ha recibido para perseguir la corrupción con algunos positivos resultados recientes. Los agentes que en este año han duplicado en el primer semestre la cifra de bajas a tiro limpio del 2024 (un aumento del 195% según el PLD) incluyendo algunas con características de ejecuciones extrajudiciales. El Comité Dominicano de los Derechos Humanos suele calificar resueltamente esas muertes como aplicación de la pena de muerte sin juicio previo a veces a plena luz del día y a la vista de moradores de sectores marginados.
Un levantamiento aplicado recientemente por uno de los periódicos de circulación nacional y fe pública en base a reportes oficiales describió los supuestos «fuegos cruzados» de policías e individuos bajo su persecución como resultado de «usos excesivos» de la fuerza letal atribuyéndoles una tendencia que coloca bajo escrutinio al cuerpo del orden y genera preocupación en la sociedad y no en quienes la gobiernan y tienen bajo su mando a efectivos y que episódicamente reciben desoídos reclamos de poner un alto a la violencia policial. Un año particularmente sangriento al perseguir a supuestos delincuentes, ha coincidido con una dura retórica desde el poder que en un momento dado anunció drasticidades para enfrentar el crimen en «cualquier terreno», incluyendo plazos perentorios de entregarse a individuos buscados por la Policía. Se aspira a que cese todo proceder que vulnere la vida al margen del debido proceso en un país en el que no existe la pena capital y toda persona -por incriminante que parezca su situación- debe ser tratada conforme a los procedimientos legales establecidos.
(c) Hoy (10.09.2025)
