¿A qué se debe la inercia del órgano de control y fiscalización que solo rebusca en el pasado, ignorando el desorden de la presente administración?
Santo Domingo.- El Partido de la Liberación Dominicana cuestiona la inercia de la Cámara de Cuentas como órgano de control y fiscalización en la actual gestión de gobierno, señalando que se limita a escarbar en el pasado mientras ignora el desorden administrativo del presente.
De conformidad con el artículo 250 de la Constitución de la República, la Cámara de Cuentas tiene la obligación de auditar y analizar la ejecución del Presupuesto General de la Nación, aprobado cada año por el Congreso Nacional, y fiscalizarlo para presentar ante el Poder Legislativo un informe correspondiente. Sin embargo, este rol ha sido desplazado por la mala práctica de filtrar investigaciones sobre funcionarios del gobierno anterior, en franca violación de los reglamentos de la institución, con la intención de instrumentar expedientes penales ante la opinión pública sin realizar las auditorías pertinentes. Esta conducta genera suspicacia y desconfianza en la sociedad dominicana respecto a su labor, además de evidenciar una preocupante subordinación ante el Poder Ejecutivo.
Resulta inaceptable que no se haya practicado una sola auditoría correspondiente a la presente gestión de gobierno, de las veintiocho contempladas en el Plan Anual de Auditoría 2025. A saber: la auditoría al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que abarca los años 2023 y 2024, incluyendo una investigación especial por un monto que supera los 75,550 millones de pesos; la auditoría al Ministerio de Educación, desde el 16 de agosto de 2020 hasta el 16 de agosto de 2023, que incluye una investigación especial a requerimiento de la Procuraduría General de la República; la auditoría al Servicio Nacional de Salud (SNS); a la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), bajo la gestión de Bartolomé Pujals; al Ministerio Administrativo de la Presidencia; al Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA); al programa Supérate; y al Comité Ejecutor de Infraestructura de Obras en Zonas Turísticas (CEIZTUR), entre otras.
En el Gobierno PRM, se han registrado más de 200 denuncias de corrupción admitidas por la propia Dirección de Ética Gubernamental y otros organismos del Estado, así como por organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos. ¿Y la Cámara de Cuentas qué ha hecho? Eso se pregunta el pueblo dominicano.
A estas alturas, ya debieron haberse presentado los resultados del Plan Anual de Auditoría 2025 y aprobado el correspondiente al 2026, tal como establece su propia ley. Pero, lejos de cumplir con ello, se amparan en informes ajenos mientras organizan reuniones con entidades que deberían ser objeto de fiscalización.
Ojo: también debe mantenerse la atención sobre el cumplimiento de otras normativas, como las relativas a las pensiones.
¿Por qué no han continuado subiendo las actas y los videos de las sesiones? La Cámara de Cuentas se ha convertido en un espectáculo mediático, pero no en un verdadero órgano de control.
La función básica de la Cámara de Cuentas es evitar la corrupción, y se supone que debe hacerlo acompañando a la administración de turno que maneja presupuestos.
En ese sentido, le aclaramos al Gobierno PRM y al pleno de la Cámara que su rol es asistir en los procedimientos administrativos internos de cada institución y vigilar que el dinero se ajuste a sólidas políticas públicas, buenas prácticas, gestión ética y eficiente.
El espíritu de la Ley 18-24 se aboca al acompañamiento y fiscalización de la gestión de turno. Sin embargo, el pleno de la Cámara de Cuentas, alejándose de su rol institucional, se ha empeñado en elaborar expedientes —no investigaciones— de administraciones pasadas.
En resumen, esta institución se ha dedicado, sin guardar las formas, a elaborar expedientes disfrazados de auditorías selectivas, mientras, al mismo tiempo, se hace de la vista gorda ante las graves denuncias de irregularidades.
Por tales motivos, nos permitimos recomendar:
- Presentar al Congreso Nacional el informe anual de auditoría correspondiente a la gestión en curso.
La Cámara de Cuentas debe rendir al Congreso, a más tardar el 30 de abril de cada año, el informe completo de auditorías realizadas, conforme al artículo 33 de la Ley 18-24. Dicho informe debe incluir las auditorías practicadas a la gestión del gobierno actual y ser publicado para conocimiento ciudadano.
- Publicar en su portal institucional el plan anual de auditorías y su nivel de ejecución.
En cumplimiento del principio de transparencia (artículos 4 y 8 de la Ley 18-24), la Cámara debe informar qué entidades están siendo auditadas, en qué etapas se encuentran los procesos y cuáles son los hallazgos preliminares. El silencio institucional favorece la opacidad.
- Reorientar el plan de auditorías hacia la fiscalización preventiva y concurrente de la gestión actual.
En virtud del artículo 15, numeral 9, la CCRD tiene el deber de participar en la prevención de la corrupción. El PLD exige auditorías en tiempo real, especialmente en programas sociales, compras públicas y obras en ejecución, para evitar que los escándalos se descubran años después.
- Dar cumplimiento obligatorio a las recomendaciones de auditoría y establecer mecanismos de seguimiento.
Según el artículo 41 de la Ley 18-24, las recomendaciones de la Cámara de Cuentas son de cumplimiento obligatorio. El PLD demanda que se establezca un sistema público de seguimiento, de modo que cada institución auditada rinda cuentas sobre las medidas correctivas adoptadas y sus resultados.
