Invierten mucho dinero en publicidad exterior mientras aguardan por una ley que regule el oficio mediante licencias obligatorias
Roger Figueroa
SANTO DOMINO, R.D.— Ya no es suficiente con un letrero de “Se vende” o un anuncio de clasificado en un periódico. El agente inmobiliario dominicano ha saltado de esas opciones a promocionar su negocio, no solo a través de una valla publicitaria en la ciudad sino también en las redes sociales por medio de los reels o post de Instagram.
Las avenidas principales del Distrito Nacional, como la Winston Churchill y la John F. Kennedy, o calles del sector Piantini, son ideales para promover sus servicios por medio de vallas publicitarias.
El alto costo de las vallas
Un asesor o desarrollador inmobiliario puede gastar en promedio entre 20,000 a 50,000 pesos mensuales por el alquiler de una, por lo que el contrato a seis u ocho meses puede subir a 300,000 pesos aproximadamente.
“El precio puede variar, porque todo va a depender del formato y tamaño de la valla, incluyendo el sector, calle, avenida o lugar donde se coloque. Un alquiler de valla puede costar miles de pesos”, explica Mélido Marte, uno de los agentes inmobiliarios con más experiencia y reconocido a nivel publicitario.
La exposición visual en redes sociales de sus portafolios genera no solo compromiso del asesor, sino además confianza por parte de los clientes, ya que deben saber con quién están tratando.
Los agentes priorizan estimular su marca personal en las plataformas digitales o publicidad exterior, haciendo posible que el ciudadano negocie con ellos para adquirir un inmueble, antes de confiar ciegamente en una agencia inmobiliaria.
Impacto y expectativas del proyecto de ley inmobiliaria
Ante el auge del oficio, que se extiende con fuerza en la zona este del país, promotores inmobiliarios aplaudieron la iniciativa que corre en el Congreso Nacional, que persigue regular el oficio y establecer por ley la obligatoriedad de una licencia para ejercerlo.
Los intermediarios creen que la ley impulsaría seguridad a los accionistas y ciudadanos que pretendan adquirir alguna propiedad, evitando las estafas o fraudes. Además, ayudaría a respetar los procesos de las transacciones dentro del negocio.
Aseguran que la norma jurídica ayudaría a que los intermediarios estén mucho más capacitados en torno al sector, brindando la competitividad dentro del mercado.
“La ley permitiría dar un mejor servicio al cliente, evitando que cualquier persona realice operaciones de bienes raíces sin estar regulado”, enfatiza Marte.
Resalta que, en muchos casos, los bienes raíces representan el patrimonio único de muchas familias, por lo que debe ser custodiado por una persona que sepa conducirlo a la mejor toma de decisiones en los intereses del negocio.
A su juicio, esta ley es lo que demanda el mercado inmobiliario en el país y podría promover la transparencia, evitando las llamadas falsas que se ejecutan en este rubro, por lo que esperan su pronta aprobación.
(c) Diario Libre (17.04.2026)
