El acuerdo migratorio con EE.UU. para recibir repatriados pone sobre la mesa las implicaciones de la recién conformada coalición en la relación bilateral.
Andrés Tovar
SANTO DOMINGO, R.D.— La adhesión de República Dominicana al acuerdo con Estados Unidos para recibir, de forma temporal y excepcional, a nacionales de terceros países no solo abre una discusión migratoria. También coloca al país dentro de una nueva arquitectura regional impulsada por Washington: Escudo de las Américas.
El Gobierno dominicano ha insistido en que el memorando no convierte al país en “tercer país seguro”, no incluye a nacionales haitianos ni a menores no acompañados, y se aplicará caso por caso, con respaldo financiero y operativo estadounidense. También ha subrayado que se trata de un instrumento no vinculante y que cualquier ingreso requerirá autorización dominicana. Esa fue la línea defendida por la Cancillería tras la firma del acuerdo.
Pero el punto más sensible va más allá del texto migratorio. El propio comunicado oficial afirma que el entendimiento se produce “en el marco” de Escudo de las Américas, una iniciativa presentada en marzo de 2026 en Doral, Florida, durante una cumbre convocada por Donald Trump con gobiernos aliados de América Latina y el Caribe.
Ese detalle cambia la escala del debate. República Dominicana no solo firmó un memorando operativo con Estados Unidos. También quedó asociada a un esquema regional que mezcla seguridad, migración, narcotráfico, terrorismo, control fronterizo y cooperación militar bajo una misma narrativa.
Una alianza fuera del marco tradicional
Durante décadas, la política hemisférica se discutió en espacios amplios como la Organización de Estados Americanos, las Cumbres de las Américas o mecanismos multilaterales donde participaban gobiernos de distintas orientaciones políticas. Escudo de las Américas responde a otra lógica: una coalición más reducida, selectiva y alineada con Washington.
Ese modelo, conocido como minilateralismo, permite a Estados Unidos avanzar con mayor rapidez con gobiernos cercanos, sin esperar consensos regionales amplios. Pero también tiene un costo: puede debilitar los marcos hemisféricos tradicionales y proyectar la idea de que ciertos países funcionan como extensiones operativas de la política estadounidense.
Para República Dominicana, ese es el punto más delicado. El país tiene razones estratégicas para preservar y fortalecer su relación con Estados Unidos, socio clave en comercio, turismo, inversión, seguridad, diáspora y lucha contra el narcotráfico. Pero también debe cuidar que esa cooperación no sea percibida, dentro y fuera del país, como una cesión de margen político en temas altamente sensibles.
Escudo de las Américas no se presenta como un tratado migratorio regional. El documento público más cercano a una base fundacional es la “Americas Counter Cartel Conference Joint Security Declaration”, una declaración de seguridad firmada por representantes de 17 países el 5 de marzo de 2026. Ese texto habla de cooperación bilateral y multilateral, seguridad fronteriza, combate al narco-terrorismo, tráfico ilícito, protección de infraestructura crítica y amenazas comunes.
Además, la Casa Blanca publicó la proclamación “Commitment to Countering Cartel Criminal Activity”, mediante la cual Trump formalizó la Americas Counter Cartel Coalition, orientada a combatir carteles y organizaciones criminales en el hemisferio.
Lo importante es lo que esos documentos dicen y lo que no dicen. Hablan de seguridad, frontera, crimen transnacional y cooperación. Pero no establecen, al menos en su versión pública, una obligación general para que los países miembros reciban deportados de Estados Unidos.
Ahí aparece la distinción central: Escudo de las Américas no parece imponer automáticamente acuerdos migratorios; pero sí crea el paraguas político bajo el cual Washington está promoviendo arreglos bilaterales como el suscrito con República Dominicana.
Una línea delgada
El acuerdo dominicano, conocido internacionalmente como TCNA por sus siglas en inglés, se presenta como un mecanismo limitado para recibir personas de terceros países en tránsito hacia sus naciones de origen. La explicación oficial sostiene que esas personas no ingresarán al sistema migratorio dominicano y que su permanencia será breve.
Sin embargo, la experiencia regional obliga a mirar el asunto con cautela. Panamá recibió en 2025 vuelos con deportados de múltiples nacionalidades enviados por Estados Unidos y terminó enfrentando cuestionamientos sobre alojamiento, retorno, permisos temporales y trato humanitario. Costa Rica pasó de recibir temporalmente deportados en 2025 a aceptar en 2026 un nuevo esquema para recibir hasta 25 personas por semana. Guatemala ha funcionado como punto de tránsito para retornados centroamericanos. Paraguay también recibió grupos bajo acuerdos de cooperación migratoria con Washington.
En todos esos casos, la palabra clave fue “temporal”. Pero la práctica demostró que lo temporal puede complicarse cuando una persona no acepta regresar a su país, cuando alega riesgos de persecución, cuando se requiere asistencia internacional o cuando el retorno depende de terceros gobiernos.
La comparación no significa que República Dominicana esté en la misma situación que Panamá o Costa Rica. El Gobierno dominicano ha colocado límites explícitos: exclusión de haitianos, exclusión de menores no acompañados, ausencia de antecedentes penales y aplicación caso por caso. Pero esos límites deberán verificarse en la práctica.
El verdadero impacto de Escudo de las Américas no está solo en los documentos firmados, sino en la lógica que instala. Bajo este esquema, la migración deja de tratarse como un fenómeno social o humanitario y pasa a formar parte de una narrativa de seguridad: frontera, crimen organizado, narcotráfico, terrorismo y control regional.
Para República Dominicana, el desafío será mantener el equilibrio. Cooperar con Estados Unidos puede fortalecer capacidades en vigilancia, interdicción, tecnología biométrica, seguridad aeroportuaria y combate al crimen transnacional. Pero también puede abrir una zona gris si el país no explica con claridad los límites, los protocolos y las garantías del acuerdo.
Escudo de las Américas no obliga públicamente a República Dominicana a convertirse en receptor permanente de deportados. Pero sí la coloca en un tablero regional donde migración y seguridad ya no caminan separadas. Y en ese tablero, el TCNA dominicano no es una nota al pie: es una señal de hacia dónde se mueve la política de Washington en la región y de cuánto cuidado deberá tener Santo Domingo para no quedar atrapado entre la cooperación estratégica y la percepción de subordinación.
(c) El Caribe Digital (15.05.2026)
