El Partido de la Liberación Dominicana celebra que a los compañeros Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta se les haya reconocido en sede judicial lo que durante años sostuvo su partido, sus familiares y amplios sectores de la sociedad dominicana: que las acusaciones formuladas en su contra carecían de fundamento suficiente para justificar su envío a un juicio de fondo.
Este reconocimiento judicial constituye también una reivindicación moral para quienes durante años fueron sometidos a impedimentos de salida del país bajo alertas migratorias ilegales, prisión preventiva, campañas de descrédito público, afectaciones económicas, serias afectaciones de salud y un profundo sufrimiento personal y familiar. Ninguna decisión judicial puede devolver completamente el tiempo perdido, el daño reputacional sufrido o las consecuencias emocionales que estos procesos produjeron en ellos y en sus seres queridos.
El PLD extiende igualmente esta reflexión a todos los compañeros que han sido descargados por los tribunales después de años de procesos judiciales, medidas restrictivas y exposición pública. La justicia no solo debe sancionar cuando corresponde; también debe reconocer y proteger los derechos de quienes resultan inocentes.
Sin embargo, más allá de los casos particulares, las recientes decisiones judiciales obligan al país a reflexionar sobre una cuestión de fondo: el riesgo que representa para la democracia la utilización política de los mecanismos de justicia.
Cuando ciudadanos son presentados ante la opinión pública como culpables antes de que exista una sentencia definitiva; cuando las acusaciones ocupan grandes titulares y extensas ruedas de prensa, pero posteriormente no logran sostenerse plenamente ante los tribunales; cuando la prisión preventiva parece utilizarse más como castigo anticipado que como medida excepcional, resulta legítimo que la sociedad se pregunte si se está actuando exclusivamente en defensa de la justicia o si han intervenido motivaciones ajenas a la búsqueda imparcial de la verdad.
La reciente decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional recuerda una verdad esencial de todo Estado de derecho: una acusación no equivale a una condena. Corresponde exclusivamente a los tribunales determinar responsabilidades sobre la base de pruebas válidas y suficientes. La presunción de inocencia no constituye un privilegio; es una garantía constitucional que protege a todos los ciudadanos, independientemente de sus ideas políticas o de la posición que ocupen en la sociedad.
La presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva deben prevalecer en todo proceso en una sana administración de justicia. No ha sido así durante años. Basados en ese principio constitucional, reafirmamos la inocencia de los compañeros que aún continúan en los tribunales.Permanecen enfrentando procesos respecto de los cuales mantenemos serias reservas sobre la solidez jurídica de las acusaciones y sobre actuaciones que, durante años, han alimentado la percepción de una justicia utilizada con fines políticos El mismo interés político que lleva al Ministerio Publico a presentar apelaciones temerarias contra ciudadanos a los que los tribunales ya declararon sin razón procesal.
Lo que se ha comenzado a reconocer, con la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional y en otros procesos, tarde o temprano se reconocerá para todos. Lo que ha comenzado a quedar claro es que nunca debió construirse una narrativa de culpabilidad colectiva antes de que hablaran los tribunales. Se presentaron acusaciones como verdades definitivas cuando aún debían ser sometidas al escrutinio judicial. Esa verdad ha comenzado a abrirse paso y nada podrá detenerla. Nunca hubo casos. No se trata de culpables o inocentes, se acusó a quienes se podía instrumentalizar para destruir al PLD. Esa verdad ha comenzado a florecer y nada podrá detenerla.
Resulta preocupante la tendencia a convertir investigaciones judiciales en espectáculos mediáticos. La lucha contra la corrupción es una causa legítima y necesaria, pero pierde fuerza moral cuando se confunde con campañas de condena pública. La justicia debe administrarse en los tribunales, mediante el examen objetivo de las pruebas y el respeto irrestricto al debido proceso.
En una democracia madura, tan importante como sancionar a los culpables es proteger a los inocentes. Cuando una persona es sometida durante años al escarnio público y posteriormente los tribunales concluyen que las pruebas no son suficientes para sostener las acusaciones, el daño ocasionado a su reputación, a su familia y a su trayectoria difícilmente puede ser reparado.
El Partido de la Liberación Dominicana considera indispensable abrir una reflexión nacional sobre las garantías que deben impedir la utilización política de la justicia. Ninguna organización política, ningún ciudadano y ningún servidor público deberían ser objeto de persecuciones prolongadas sustentadas más en intereses coyunturales que en pruebas concluyentes.
Más allá de las diferencias partidarias, la sociedad dominicana tiene derecho a conocer toda la verdad sobre estos hechos. Las declaraciones de la embajadora plantean interrogantes que merecen respuestas claras y transparentes por parte de las autoridades competentes. La confianza en las instituciones exige que cualquier actuación estatal se encuentre sustentada exclusivamente en criterios legales y no en consideraciones de naturaleza política.
La democracia dominicana debe edificarse sobre la fortaleza de sus instituciones y el respeto a las garantías constitucionales de todos los ciudadanos. Ningún dominicano debe ser objeto de sanciones, restricciones o medidas que respondan a motivaciones políticas disfrazadas de procedimientos administrativos o judiciales.
Por esa razón proponemos que la sociedad dominicana asuma el compromiso de que nunca más:
- La justicia sea utilizada como instrumento de competencia política.
- Las conferencias de prensa sustituyan las decisiones de los tribunales.
- La filtración selectiva de expedientes se convierta en un mecanismo de condena anticipada.
- La prisión preventiva sea utilizada como castigo antes de una sentencia.
- Los procesos judiciales se prolonguen innecesariamente más allá de los límites razonables establecidos por la ley.
- Se vulneren la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a una defensa efectiva.
- Se utilicen mecanismos administrativos nacionales o internacionales para afectar derechos, reputaciones o carreras políticas al margen de las garantías del debido proceso.
El PLD reafirma su compromiso con el fortalecimiento institucional, la independencia del Poder Judicial y el combate a la corrupción dentro del marco de la Constitución y las leyes. Precisamente porque creemos en la justicia, rechazamos cualquier intento de instrumentalizarla con fines políticos.
La República Dominicana necesita una justicia independiente, imparcial y respetuosa de las garantías constitucionales; una justicia capaz de sancionar a los culpables, pero también de proteger a los inocentes; una justicia al servicio de la verdad, de la democracia y de todos los dominicanos.
