SANTO DOMINGO. D.N.— El Presidente de la República, Luis Abinader, afirmó anoche que uno de los grandes legados de su gestión será el fortalecimiento de las instituciones del Estado. Como partido abanderado de la institucionalidad, valoramos que este tema ocupe un lugar central en el debate nacional: la fortaleza de las instituciones es la base de toda democracia sólida, del crecimiento sostenible y de la paz social. Y precisamente porque el tema es serio, merece discutirse con datos, no con discursos.
Reconocemos que limitar la reelección presidencial mediante reforma constitucional puede aportar a las reglas democráticas. Pero ninguna reforma basta, por sí sola, para afirmar que las instituciones dominicanas son hoy más fuertes. La Constitución puede impedir una reelección; ningún texto constitucional puede sustituir la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Una democracia no descansa únicamente sobre normas escritas: descansa en instituciones que funcionan, generan credibilidad y resuelven los problemas de la gente.
Por eso formulamos una pregunta sencilla: ¿se fortalecieron realmente las instituciones encargadas de garantizar la seguridad ciudadana, impartir justicia, combatir la corrupción y ofrecer servicios públicos eficientes?
Lo que dicen los datos.
Según la Encuesta de la OCDE sobre los Determinantes de la Confianza en las Instituciones Públicas de América Latina y el Caribe de noviembre de 2025, apenas el 38.9 % de los dominicanos confía en el Gobierno; el 36.7 % en el Congreso Nacional; y el 38.6 % en el Poder Judicial. Ninguna institución fundamental de nuestra democracia alcanza la confianza de la mitad de la población, y el 47 % declara tener poca o ninguna confianza en el Gobierno. La misma encuesta confirma las preocupaciones reales de la gente: la delincuencia y la violencia figuran entre los tres principales problemas del país para el 48.5 % de los dominicanos; la corrupción, para el 41 %; la inflación y el costo de la vida, para el 40.2 %.
En materia de transparencia, el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional coloca a la Republica Dominicana en el puesto 99 entre 182 países con una nota de 37 puntos sobre 100, por debajo del promedio continental de 42. Significa que en materia de corrupción nuestro país está reprobado. Y el dato decisivo es que cuatro de cada diez dominicanos siguen colocando la corrupción entre los problemas que más les afectan.
El sector eléctrico ilustra con crudeza la distancia entre el discurso y los resultados. Las pérdidas de energía superan el 40 %, cuando el estándar internacional aceptable no rebasa el 10 %. Entre 2020 y 2026, el déficit de la distribuidora absorbió más de RD$547,000 millones de las finanzas públicas, según la Dirección General de Presupuesto; solo en 2025 el subsidio alcanzó un récord superior a RD$107,000 millones, triplicándose en seis años. Cada peso destinado a cubrir ineficiencias es un peso que no llega a la salud, ni la seguridad de los dominicanos y dominicanas.
Con instituciones verdaderamente fortalecidas, estos resultados serían otros. Por eso preguntamos:
• ¿Por qué menos de la mitad de los dominicanos confía en las principales instituciones públicas?
• ¿Por qué la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones nacionales?
• ¿Por qué la corrupción sigue apareciendo entre los problemas que más inquietan a la ciudadanía?
• ¿Por qué persisten las dificultades en los servicios de salud?
• ¿Por qué la calidad de la educación continúa siendo un desafío nacional?
• ¿Por qué el transporte sigue representando una carga para millones de familias?
• ¿Por qué el sistema eléctrico continúa absorbiendo cuantiosos recursos públicos sin ofrecer una solución definitiva?
• ¿Por qué el alto costo de la vida continúa afectando el bienestar de los hogares dominicanos?
Una institución es fuerte cuando:
Primero: La mayoría de los ciudadanos confía en ella.
Segundo: Aplica la ley con igualdad, sin privilegios ni persecuciones.
Tercero: Combate eficazmente la corrupción y garantiza la rendición de cuentas.
Cuarto: Presta servicios públicos eficientes, oportunos y de calidad.
Quinto: Protege la seguridad de las personas y garantiza el ejercicio pleno de sus derechos.
Sexto: Actúa con independencia frente a cualquier interés político o económico.
Séptimo: Administra con transparencia los recursos públicos y responde por sus decisiones.
Octavo: Profesionaliza el servicio público y privilegia el mérito.
Noveno: Genera estabilidad, seguridad jurídica y confianza para la inversión y el empleo.
Décimo: Mejora la vida de las personas y fortalece la democracia.
Ese es el país que merecen los dominicanos.
El verdadero legado institucional de un gobierno no se mide por las reformas que incorpora a la Constitución. Se mide por el nivel de confianza que inspiran sus instituciones, por la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos, por la fortaleza del Estado de derecho y por la capacidad del Estado para responder a los problemas de la nación.
Y eso no está ocurriendo en el presente gobierno.
La historia juzgará a cada gobierno no por lo que dijo haber fortalecido, sino por las instituciones que realmente dejó funcionando al servicio del pueblo dominicano.
Ese es el compromiso que hoy asumimos y ese debe ser el estándar con el que todos debemos evaluar el presente y el futuro de nuestra democracia.
