El debate sobre el acceso a las costas dominicanas revive entre desarrollo turístico, inversión privada y un derecho que la Constitución reconoce.-
Katherine Espino
SANTO DOMINGO. R.D.— República Dominicana es conocida mundialmente por sus playas de aguas cristalinas y sus paisajes costeros. El mar es uno de los principales motores del turismo nacional, pero detrás de esa imagen de paraíso existe una discusión que lleva años abierta: si las playas son un patrimonio público, ¿qué tan fácil es para cualquier dominicano llegar hasta ellas?
El diputado por La Romana, Eugenio Cedeño, sostiene que el país enfrenta una contradicción: tiene un derecho reconocido en la Constitución, pero todavía no cuenta con las herramientas necesarias para garantizar que ese derecho pueda ejercerse plenamente.
Durante una entrevista en el programa radial “Esto No Tiene Nombre”, transmitido por La 95.7 FM, Cedeño abordó el tema del libre acceso a las playas y explicó su visión sobre la necesidad de establecer reglas claras que permitan a los ciudadanos llegar a las costas dominicanas sin afectar el desarrollo turístico.
El artículo 15 de la Constitución establece que las costas, playas y riberas son de libre acceso y que la ley debe definir las servidumbres necesarias para llegar a ellas. Para Cedeño, esa parte pendiente es precisamente la que ha permitido que en algunos lugares el acceso se vuelva complicado o limitado.
“Es como tener un plátano verde, bonito, pero no te doy con qué pelarlo y con qué hervirlo”, ha explicado el legislador para describir la diferencia entre reconocer un derecho y crear las condiciones para que la población pueda ejercerlo.
Cedeño también recurrió a una imagen cotidiana de la cultura dominicana para explicar su preocupación sobre el futuro del acceso a las costas.
De manera sarcástica cuestionó la posibilidad de que algún día las playas terminen convertidas en espacios exclusivos para unos pocos y mencionó al dominicano que llega al mar con “su libra de espaguetis”, como símbolo de las familias que tradicionalmente han disfrutado de las playas como un lugar de encuentro, recreación y convivencia.
A su juicio, el debate no puede limitarse únicamente a la inversión turística, sino que debe incluir el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un patrimonio natural que pertenece al país.
La discusión, según plantea el diputado, no se limita únicamente a que una persona pueda ir a bañarse a la playa. A su juicio, el acceso a las costas también representa una oportunidad económica para comunidades, comerciantes, pequeños empresarios y nuevos proyectos turísticos.
“Yo no lo veo como el derecho a bañarme. Yo lo veo como el derecho económico”, sostuvo Cedeño, al argumentar que una costa con accesos organizados puede generar riqueza para más sectores de la sociedad.
El legislador afirma que desde el año 2005 impulsa un proyecto de ley para regular el libre acceso a las playas, costas y riberas del país. La iniciativa ha recorrido distintas etapas en el Congreso Nacional, pero todavía no se convierte en una ley definitiva.
Según Cedeño, el problema actual es que algunos desarrollos frente al mar concentran una ventaja económica porque cuentan con acceso directo a la costa, mientras terrenos cercanos pierden valor al no tener una vía garantizada para llegar al litoral.
“Cuando tú tienes la playa cogida y nadie más puede entrar, la tierra alrededor pierde valor”, plantea el diputado al explicar que el acceso público puede convertirse también en una herramienta de desarrollo económico.
Cedeño sostiene que garantizar entradas organizadas hacia las playas no significa ir en contra de la inversión privada ni del turismo. Por el contrario, considera que una regulación clara permitiría que más dominicanos participen de la economía que generan las costas.
Como ejemplo menciona zonas turísticas donde, a su juicio, pequeños corredores de acceso han permitido que vendedores, artesanos y negocios locales puedan aprovechar el movimiento generado por los visitantes.
“El recurso playa es un recurso único, invaluable”, afirmó el legislador, quien advierte que el país debe actuar antes de que el crecimiento inmobiliario y turístico reduzca las posibilidades de acceso para las futuras generaciones.
Mientras nuevas zonas como Miches y Pedernales avanzan hacia su desarrollo turístico, el debate vuelve a tomar fuerza: cómo proteger la inversión y, al mismo tiempo, garantizar que las playas dominicanas continúen siendo un espacio al alcance de todos.
La pregunta sigue abierta: en un país famoso por sus costas, ¿quién podrá realmente disfrutarlas dentro de unos años?
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