Una evaluación crítica de tres compromisos de campaña del gobierno de Luis Abinader y otros aspectos (2020–2026)
SANTO DOMINGO. R.D.— En agosto de 2020, Luis Abinader asumió la presidencia de la República Dominicana con un discurso de cambio sustentado en tres promesas medibles: reducir un 30% el precio de los alimentos en los primeros 100 días de gestión, disminuir la delincuencia en un 50% en dos años y aplicar una política de “cero tolerancia” contra la corrupción. Seis años después, esos tres mismos temas aparecen, según las encuestas de opinión más recientes, entre las principales preocupaciones de los dominicanos.
1. La canasta alimentaria: ¿el 30 % prometido?
El compromiso era contundente y delimitado en el tiempo: en 100 días, una reducción del 30% en los precios de los alimentos. La evidencia de los hechos apunta en sentido contrario. Mes a mes, los precios de los productos que sostienen la dieta dominicana no bajaron; subieron de manera sostenida. Entre finales de 2020 y mediados de 2026, el arroz —el alimento base del país— se incrementó en un 116%, la habichuela, proteína vegetal esencial de la mesa dominicana, se encareció en un 69%, el aceite de soya aumento un 200%. Y las carnes no se quedaron atrás: la libra de carne de pollo aumento su precio en más de un 99%, la carne de res ha superado el 132%, y la de cerdo ha seguido una trayectoria ascendente similar, superando el 94%.
Estos precios, ampliamente reportados por comerciantes y consumidores, dibujan una realidad difícil de conciliar con la promesa de una reducción del 30%. La percepción ciudadana, que hoy sigue colocando el costo de la vida entre sus tres principales preocupaciones, sugiere que el alivio prometido nunca se materializó de forma perceptible en el bolsillo de los hogares.
Los datos previamente señalados explican porque el costo de la canasta básica, que a finales de 2020 se elevaba a RD$36,936.17, se incrementó hasta RD$49,613.15 a mediado de 2026. El 20% de los hogares de menores ingresos (los más pobres) ha sido el más golpeado: su canasta pasó de RD$21,791.97 en diciembre de 2020 a RD$29,608.08.
Adicional a lo anteriormente señalado, conviene llamar la atención sobre los costos de los útiles escolares. Para el inicio del año escolar 2026-2027, pautado para iniciar el próximo 24 de agosto, las familias dominicanas enfrentan una inflación acumulada cercana al 32% en los artículos de la lista escolar en comparación con 2020, con incrementos interanuales que rondan entre el 10% y el 15% respecto al periodo pasado. Adquirir los elementos básicos de la canasta escolar sin incluir libros ni matrículas representa un gasto promedio de entre RD$4,922 y RD$5,630 por estudiante según el nivel (inicial, primario o secundario), cifra que se dispara por encima de los RD$15,000 a RD$35,000 en el sector privado si se añaden textos y uniformes completos.
2. Delincuencia: el 50 % frente a la infiltración del crimen
La promesa de reducir la delincuencia en un 50% en dos años era de las más ambiciosas de la propuesta de Abinader. Hasta ahora los resultados no evidencian una caída de la magnitud comprometida, y en varios períodos los repuntes han sido notorios. La interrogante es doble: por un lado, cual ha sido la base de comparación desde la que se midió el 50%; por otro, sobre la sostenibilidad de los logros frente a un problema que ha cambiado de naturaleza: ya no se trata solo de delincuencia común callejera, sino de redes criminales organizadas que operan, según las propias investigaciones, al interior de las instituciones del Estado.
El desfalco millonario en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), cometido entre 2023 y 2024, es un ejemplo elocuente. La acusación habla de un fraude vinculado a la contratación del sistema de semáforos y a la red de controlque dejó paralizada partes de esa infraestructura, con perjuicios que las investigaciones sitúan en el orden de los RD$1,300 millones. Si la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito dependen de una institución desfalcada, la promesa de seguridad ciudadana se resiente desde adentro.
El problema trasciende el tránsito. La Operación Falcón, ejecutada en 2021, desmanteló una red acusada de narcotráfico y lavado de activos con decenas de allanamientos y la detención de funcionarios, evidenciando vínculos entre el crimen organizado y el aparato estatal. Y la red de infiltración desmantelada en el Puerto Multimodal Caucedo, entre 2024 y 2026, reveló a empleados de la terminal portuaria —el principal punto de entrada y salida de mercancías del país— implicados en una red internacional de narcotráfico que movía droga en isotanques y contenedores, con incautaciones de cientos de paquetes. La frontera misma de la economía formal se mostró vulnerable.
La dimensión internacional del problema no puede omitirse. Autoridades de los Estados Unidos han reclamado en extradición a personas del entorno del propio oficialismo: el exasesor presidencial Fabio Jorge, acusado de narcotráfico, tuvo que entregarse ante la justicia estadounidense, y el encargado administrativo vinculado al partido de gobierno Luis Manuel Febles Peralta fue entregado por decreto de extradición. A estos dos casos, hay que agregar la extracción de diputados, alcaldes y regidores del PRM, lo que pone en evidencia que se trata de un fenómeno muy amplio: en el primer cuatrimestre de 2026, el presidente se vio obligado a autorizar la extradición de 20 personas, en gran parte reclamadas por EE. UU. Cuando la lucha contra la delincuencia cruza las fronteras y alcanza al círculo cercano del poder, la promesa interna del 50% queda corta frente a la magnitud del desafío.
Vistos en conjunto, estos casos describen un déficit estructural que ninguna cifra de homicidios puede explicar por sí sola: la delincuencia no se ha combatido solo en las calles, sino que ha sabido arraigarse en las instituciones encargadas de combatirla. La promesa del 50% se midió, probablemente, contra una delincuencia que el propio Estado ha alimentaba desde adentro. Seis años después, la percepción de inseguridad se mantiene elevada y la meta de la mitad de la delincuencia sigue sin refrendarse de manera creíble en los datos oficiales.
3. “Cero tolerancia”: el caso SENASA y sus sombras
La promesa de “cero tolerancia” contra la corrupción elevó, en un primer momento, la vara ética del nuevo gobierno. Se anuncio el fortalecimiento de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y los mecanismos de control interno, y se abrieron procesos de revisión de contratos heredados. Pero la política anticorrupción de un gobierno se mide por lo que ocurre dentro de sus propias instituciones, y ahí el caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA) se ha convertido en el espejo incómodo de ese compromiso.
Se trata de un desfalco de extraordinarias proporciones sobre el seguro público que financia la salud de los sectores más pobres. El Ministerio Público acusa a un entramado encabezado por el exdirector de SENASA y vicepresidente del PRM, Santiago Hazim, de haber desfalcado a la institución con montos que las acusaciones sitúan por encima de los 15 mil millones de pesos —deficitarias sumas que, según algunas estimaciones, rondan los 19 mil millones—. Lo más grave es la finalidad que se ha atribuido al dinero: los implicados habrían justificado el desfalco como un mecanismo para financiar la campaña electoral del 2024. Fondos destinados a proteger la salud de los más vulnerables habrían terminado, según esa versión, engrasando la maquinaria electoral del propio gobierno que prometió cero tolerancia.
El punto no es anticipar un fallo judicial, sino subrayar la contradicción. Una política de “cero tolerancia” no se agota en el discurso ético ni en la creación de oficinas de integridad: se sostiene en la ausencia de espacios para el desfalco y en la sanción ejemplar que disuade. Cuando el mayor escándalo de corrupción del período apunta a los fondos del seguro de salud de los pobres y, según el alegato de los propios implicados, a la campaña de reelección del mandatario, la brecha entre la consigna de campaña y la gestión institucional deja un déficit de confianza con costo electoral directo.
4. Otros temas
Durante los seis años transcurridos entre agosto de 2020 y agosto de 2026, el país ha soportado un deterioro persistente de la calidad del servicio eléctrico, con interrupciones que continúan afectando a numerosos sectores del país, en un contexto de incremento de la tarifa. Las perdidas eléctricas rondan el 40% y el propio presidente Abinader cifró el subsidio eléctrico 2025–2026 en RD$105,000 millones.
También, hemos asistido a un debilitamiento de la Carrera Administrativa, expresado en reducción de los concursos públicos y aumento de nombramientos discrecionales, con sustitución de personal técnico por personal de confianza. Esto se ha reflejado en un crecimiento del gasto administrativo sin mejora proporcional en la calidad del servicio al ciudadano.
En lo relativo a las obras públicas, lo que hemos vivido ha sido lentitud en la ejecución de obras, infraestructura deteriorada y mantenimiento insuficiente, caminos vecinales abandonados, drenajes deficientes y congestión vehicular creciente y obras inconclusas, retrasos administrativos, incremento de costos y desigualdad territorial en la distribución de la inversión
4. Reflexión final: promesas, medición y confianza
Tres promesas concretas, seis años de gestión y una constante: los tres problemas que se comprometió a resolver siguen liderando la agenda de preocupaciones de los dominicanos.
Hoy, el problema no es solo de resultados, sino de rendición de cuentas. Cuando las metas se fijan con cifras tan precisas (30%, 50%, “cero”), la ciudadanía tiene derecho a exigir la misma precisión en la medición final. La confianza en la democracia se construye también sobre la verificación honesta de lo prometido. Mientras los indicadores se ajusten a conveniencia y la percepción ciudadana no mejore, la distancia entre la promesa y el resultado seguirá siendo el talón de Aquiles del legado de este gobierno.
Hace seis años se prometió reducir los alimentos en un 30 %.
Hace seis años se prometió reducir la delincuencia en un 50 %.
Hace seis años se prometió cero tolerancia contra la corrupción.
Hoy, seis años después, el pueblo dominicano observa que esas tres promesas siguen pendientes de cumplimiento.
Ese es el verdadero balance político de esta administración.
La historia demuestra que los gobiernos no son recordados por la cantidad de anuncios que realizan, sino por los problemas que logran resolver.
La República Dominicana necesita abrir una nueva etapa de crecimiento con inclusión, instituciones fuertes, seguridad ciudadana, transparencia, productividad y bienestar para todos.
