SANTO DOMINGO. R.D.— El procurador adjunto Wilson Camacho declaró este miércoles que es necesaria una prórroga para concluir la investigación y presentar la acusación del caso contra Santiago Hazim Albainy y otros vinculados a la red de corrupción que supuestamente desfalcó con miles de millones de pesos al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La audiencia en la que estaba prevista conocerse la decisión sobre la prórroga de cuatro meses solicitada por el órgano acusador, fue aplazada para el próximo 4 de septiembre venidero a las 9:00 de la mañana.
Al ser abordado por la prensa a la salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva Camacho dijo que el Ministerio Público estaba listo para justificar la extensión del plazo.
«Nosotros vinimos hoy listos para presentar y justificar la solicitud de prórroga que ha hecho el Ministerio Público en el caso de Senasa y no se ha conocido esta solicitud en el día de hoy, lamentablemente, debido a que un familiar de uno de los abogados falleció, y eso impidió el conocimiento de esta audiencia», explicó.
De acuerdo con Camacho la prórroga solicitada se justifica porque «por ejemplo, en un interrogatorio de este caso uno de los imputados dijo al Ministerio Público que en Senasa la corrupción era la norma».
El fiscal indicó que en una investigación de este tipo es mucho lo que el Ministerio Público tiene que investigar, y destacó que esa es la razón por la que solicitaron más tiempo, para procurar que todo el que haya participado en este hecho esté en el proceso y se siente en los tribunales.
Acerca de la solicitud de variación de la medida presentada por la defensa de la imputada Ada Ledesma, señaló que el tribunal mantuvo el arresto domiciliario y que solo hizo una reducción del pago de la garantía económica sin la objeción del Ministerio Público.
El pasado 5 de agosto el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó nuevamente la prisión preventiva impuesta a Hazim, exdirector del Senasa y supuesto cabecilla del entramado de corrupción, así como a otros vinculados al caso.
En diciembre pasado se impuso el cumplimiento de la coerción de 18 meses de prisión a Hazim Albainy, así como a los coimputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim y a Ramón Alan Speakler Mateo
También, fue impuesta la misma medida a la imputada Ada Ledesma, quien actualmente cumple arresto domiciliario después de que se le variara la coerción por asuntos de salud el pasado 16 de julio.
El proceso judicial, que inició a partir de la Operación Cobra, también se sigue contra los imputados Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y Eduardo Read Estrella, a quienes el pasado mes de diciembre también les fueron impuestas medidas de coerción, consistentes en arresto domiciliario, garantías económicas e impedimento de salida del país.
El entramado criminal fue desmantelado con la Operación Cobra, iniciando el Ministerio Público, posteriormente, el sometimiento a la Justicia de sus presuntos autores, en busca de sanciones penales y el decomiso del dinero sustraído al patrimonio público.
Como parte de la Operación Cobra, el Ministerio Público investiga autorizaciones de servicios fraudulentas solicitadas entre el 28 de enero de 2021 al 20 de febrero de 2025, sumando 4,363 para cirugía menor ambulatoria y consulta especializada, con un monto acumulado de más de 41,000 millones de pesos.
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