SANTO DOMINGO. R.D.— La República Dominicana vive hoy una realidad que no admite indiferencia. Nuestro país está ubicado en una de las zonas de mayor actividad sísmica del Caribe, atravesado por sistemas de fallas geológicas que, a lo largo de la historia, han generado terremotos de gran magnitud. La evidencia científica es clara: no podemos saber cuándo ocurrirá el próximo gran terremoto, pero sí sabemos que ocurrirá.
La historia de nuestro país y de la isla de La Española constituye una advertencia permanente. Los terremotos que destruyeron La Vega y Santiago en 1562, el catastrófico terremoto de 1751 (Azua y Santo Domingo), el devastador sismo de 1842 en la región Norte y el terremoto de Samaná de 1946, acompañado por un tsunami, demuestran que los grandes movimientos telúricos forman parte de nuestra realidad geológica. Mas recientemente, cabe recordar el terremoto del 22 de septiembre en la proximidad de Puerto Plata de una magnitud de entre 6.4 y 6.5 que provocó importantes daños tanto en Puerto Plata como en Santiago.
Los acontecimientos ocurridos en varios países de la región vuelven a recordarnos que ninguna nación está exenta de enfrentar situaciones similares. Cada terremoto importante confirma una verdad fundamental: los terremotos son inevitables, pero las grandes catástrofes pueden reducirse significativamente cuando los países invierten de manera sostenida en prevención.
El terremoto de Haití de 2010 dejó una lección que ningún dominicano debería olvidar. Un sismo de magnitud 7.0 provocó una de las mayores tragedias humanas del continente americano. Aquella catástrofe no fue consecuencia exclusiva de la fuerza de la naturaleza; fue también el resultado de décadas de construcciones vulnerables, instituciones insuficientemente preparadas y escasa inversión en prevención.
La reciente tragedia ocurrida en Venezuela confirma la actualidad y gravedad de este desafío. Los terremotos que impactaron la costa venezolana el 24 de junio de 2026, de magnitudes 7.2 y 7.5, provocaron miles de fallecidos, decenas de miles de damnificados y severos daños en edificaciones, hospitales, vías, servicios básicos y comunidades enteras. La tragedia volvió a demostrar que, cuando un país no cuenta con infraestructura suficientemente resistente, sistemas de respuesta robustos y una institucionalidad preparada, el impacto de un terremoto trasciende lo geológico y se convierte en crisis humanitaria, social y económica.
La experiencia reciente de Colombia constituye una nueva señal de alerta para toda la región. Los movimientos sísmicos registrados obligaron a activar los organismos de emergencia y demostraron la importancia de contar con edificaciones seguras, protocolos eficaces y una ciudadanía preparada. Haití, Venezuela y Colombia muestran distintas realidades, pero transmiten una misma enseñanza: la prevención salva vidas.
Los casos venezolano y colombiano dejan una advertencia directa para la República Dominicana: la vulnerabilidad acumulada en viviendas, escuelas, hospitales, edificios públicos e infraestructuras estratégicas puede convertir un evento natural en una catástrofe nacional. Por eso, la prevención no puede seguir siendo una tarea secundaria. Debe asumirse como una política de Estado, con inventarios técnicos, reforzamiento estructural, aplicación rigurosa de las normas de construcción, financiamiento estable y una ciudadanía preparada para actuar antes, durante y después de un sismo.
La principal diferencia entre un desastre de enormes proporciones y un evento manejable no reside únicamente en la magnitud del sismo. Depende, sobre todo, de la fortaleza de las instituciones, de la calidad de las edificaciones, de la protección de la infraestructura crítica y de la preparación de la población.
Hoy la resiliencia sísmica debe entenderse como un componente de la seguridad nacional. Un gran terremoto podría afectar simultáneamente hospitales, puertos, aeropuertos, puentes, redes eléctricas, telecomunicaciones, escuelas y centros de gobierno.
Cabe reconocer que la República Dominicana ha dado pasos importantes en los últimos años. El país cuenta con el Reglamento Sísmico R-001, actualizado mediante el Decreto 201-11. Constituye el pilar técnico regulatorio administrado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Sustituyó a Recomendaciones Provisionales para el Análisis Sísmico de Estructuras, las cuales se utilizaban desde 1979.
La actualización de las normas de diseño sismorresistente para las nuevas construcciones representa un avance significativo. Asimismo, instituciones especializadas han fortalecido las capacidades nacionales para evaluar la vulnerabilidad estructural y mejorar la respuesta ante emergencias.
Sin embargo, esos avances, siendo importantes, no son suficientes.
Miles de edificaciones construidas antes de la aplicación de los actuales criterios de diseño sismorresistente continúan formando parte del patrimonio nacional. Hospitales, escuelas, edificios públicos, viviendas multifamiliares, puentes y otras infraestructuras esenciales fueron levantados en épocas en que los conocimientos y las exigencias técnicas eran muy diferentes a los actuales. Muchas de esas estructuras nunca han sido sometidas a una evaluación integral de su capacidad para resistir un terremoto severo.
Además, de acuerdo con el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), alrededor del 80% de las obras privadas en la República Dominicana se construyen de manera informal o ilegal, lo que significa que carecen de planos aprobados, estudios geotécnicos y, de manera crítica, de supervisión por parte de un ingeniero colegiado o de las autoridades del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED).
Esto se traduce en que la gran mayoría del inventario habitacional del país ha sido levantado por la vía de la autoconstrucción (maestros de obra o albañiles independientes) sin un rigor técnico que garantice su resiliencia sísmica o estructura
Esta realidad obliga a actuar con responsabilidad y visión de futuro.
No se trata de generar alarma ni de sembrar incertidumbre. Se trata de asumir, como lo han hecho los países que hoy exhiben mayores niveles de resiliencia, que la mejor política frente a los terremotos consiste en prepararse antes de que ocurran.
Por esa razón, hacemos un llamado al Gobierno de la República para impulsar una gran política nacional de resiliencia sísmica, concebida como una política de Estado y no como una iniciativa de corto plazo.
En primer lugar, proponemos la elaboración de un Inventario Nacional de Infraestructura Crítica, que permita identificar y clasificar hospitales, escuelas, edificios públicos, puentes, presas y demás instalaciones estratégicas según su nivel de vulnerabilidad.
En segundo lugar, consideramos indispensable desarrollar un Programa Nacional de Evaluación y Reforzamiento Estructural, comenzando por los hospitales, los centros educativos, los edificios donde funcionan las principales instituciones del Estado y las infraestructuras cuya continuidad resulta esencial durante una emergencia.
En tercer lugar, resulta imprescindible fortalecer las instituciones responsables de la gestión del riesgo, dotándolas de los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para cumplir eficazmente sus responsabilidades. La prevención exige planificación, coordinación y continuidad institucional.
En cuarto lugar, hacemos un llamado a garantizar el cumplimiento estricto de las normas de construcción. No basta con disponer de reglamentos modernos; es indispensable asegurar su aplicación rigurosa mediante procesos efectivos de supervisión, inspección y control de calidad. Cada obra construida conforme a las normas representa una inversión en seguridad para las generaciones presentes y futuras.
En quinto lugar, proponemos incorporar la educación para la gestión del riesgo dentro de una estrategia nacional de formación ciudadana. La resiliencia comienza en las escuelas, en las universidades, en las comunidades y en cada hogar. La realización periódica de simulacros, la difusión de protocolos de actuación y el fortalecimiento de una cultura preventiva constituyen herramientas esenciales para reducir las pérdidas humanas cuando ocurre un desastre.
Asimismo, consideramos necesario integrar la reducción del riesgo sísmico en la planificación del desarrollo nacional. La localización de nuevas infraestructuras, los planes de ordenamiento territorial y las inversiones públicas deben incorporar criterios de riesgo desde su etapa de diseño.
La experiencia de países como Japón, Chile y Nueva Zelanda demuestra que la prevención constituye una de las inversiones públicas con mayor rentabilidad social. Cada recurso destinado a evaluar, reforzar y proteger la infraestructura crítica evita pérdidas humanas y económicas mucho mayores en el futuro.
Convendría solicitar cooperación de Japón o Chile con el propósito de aprender de sus experiencias.
Nuestro llamado no responde a intereses partidarios ni a coyunturas políticas. Responde al deber de pensar en el país con una visión de largo plazo. La protección de la vida de los dominicanos, la preservación de nuestro patrimonio y la continuidad del desarrollo nacional deben constituir objetivos compartidos por toda la sociedad.
La República Dominicana no puede evitar que ocurra un terremoto. Lo que sí puede hacer es decidir, desde ahora, si enfrentará ese desafío con improvisación o con planificación; con vulnerabilidad o con resiliencia; reaccionando después del desastre o actuando con responsabilidad antes de que ocurra. La historia nos ha dado suficientes advertencias. Corresponde ahora convertir esas lecciones en decisiones concretas. La prevención no puede seguir esperando
