SANTO DOMINGO. R.D.— El Partido de la Liberación Dominicana llama la atención sobre las informaciones divulgadas respecto a la posible presencia de bacterias en importantes centros hospitalarios del país, lo que constituye una seria señal de alarma que las autoridades sanitarias deben esclarecer con urgencia, transparencia y responsabilidad.
Según un reporte del periódico Hoy (26 de agosto de 2026), al menos 30 recién nacidos habrían muerto entre julio y agosto en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, con 12 recién nacidos aún infectados y 21 con reportes positivos de klebsiella y serratia, y presencia de Pseudomonas en áreas críticas: cisterna, bloques quirúrgicos, perinatología y cuidados intensivos.
En paralelo, el Hospital Regional Taiwán 19 de marzo, en Azua, presenta niveles no aptos de Escherichia coli y Pseudomonas en pediatría, cocina y hemodiálisis.
No se trata de un accidente en un centro único: dos hospitales, en provincias distintas (Distrito Nacional y Azua), con los mismos tipos de contaminación. Eso apunta a un problema sistémico de control de infecciones y de infraestructura (agua potable, cisternas, tuberías), no a una falla puntual de un centro médico.
En este contexto, el 28 de agosto, las sociedades dominicanas de Neonatología, Pediatría e Infectología solicitaron al Servicio Nacional de Salud (SNS) que realice una investigación exhaustiva e imparcial por la muerte de los recién nacidos en la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia durante el mes de agosto. Las investigaciones deberán establecer con precisión qué ocurrió, cuál fue la causa de cada fallecimiento, si existieron infecciones asociadas a la atención sanitaria y qué responsabilidad pudieron tener las condiciones existentes en esos establecimientos.
La Sociedad Dominicana de Pediatría ha advertido, además, sobre la necesidad urgente de fortalecer la vigilancia epidemiológica, los procesos de desinfección, el control de la calidad microbiológica del agua y el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en las unidades de cuidados intensivos neonatales de los hospitales del país.
Este señalamiento de una de las principales sociedades científicas del país confirma que la discusión no puede limitarse únicamente a determinar lo ocurrido en un establecimiento. Obliga también a examinar las condiciones de prevención, vigilancia y control de infecciones existentes en toda la red hospitalaria pública.
Pero, independientemente de sus resultados finales, los hechos conocidos obligan a plantear preguntas que el país no puede ignorar.
¿Qué está ocurriendo con el mantenimiento, la higiene, la esterilización, la calidad del agua y los mecanismos de prevención y control de infecciones en nuestros hospitales públicos?
¿Con qué frecuencia se realizan controles microbiológicos en las maternidades, quirófanos, unidades de cuidados intensivos, áreas de hemodiálisis y otros servicios hospitalarios de alto riesgo?
¿Quién recibe los resultados de esos controles y qué mecanismos existen para garantizar que, cuando aparece una contaminación, se actúe inmediatamente?
¿Estamos ante acontecimientos aislados o ante señales de un problema más amplio de mantenimiento, supervisión y calidad en la red hospitalaria pública?
Estas preguntas adquieren una dimensión particularmente dramática cuando están involucrados recién nacidos; una unidad neonatal atiende a seres humanos especialmente vulnerables.
Muchos de esos recién nacidos son prematuros, tienen bajo peso o necesitan procedimientos invasivos para mantenerse con vida. En esas condiciones, una infección hospitalaria puede convertirse rápidamente en una amenaza mortal. Por eso, las unidades neonatales deben operar bajo los más rigurosos estándares de higiene, esterilización, calidad del agua, control microbiológico y vigilancia epidemiológica.
Un hospital puede tener un edificio moderno y equipos costosos y, al mismo tiempo, presentar deficiencias en cumplimiento de los protocolos, mantenimiento, limpieza, esterilización, manejo de residuos, abastecimiento de agua, vigilancia epidemiológica o prevención de infecciones. Cuando eso ocurre, la infraestructura deja de ser suficiente.
La primera obligación de un establecimiento sanitario es curar. Pero existe una obligación anterior todavía más elemental: no convertirse él mismo en una fuente de enfermedad y de muerte.
El Partido de la Liberación Dominicana considera que, ante la gravedad de las informaciones conocidas, resulta insuficiente comunicar al país que las autoridades están investigando. El pueblo dominicano tiene derecho a conocer exactamente qué ocurrió.
Las autoridades deben informar cuándo aparecieron las primeras señales de contaminación, qué microorganismos fueron identificados, en cuáles áreas, qué medidas se adoptaron, cuántos pacientes resultaron afectados y qué relación, si alguna, puede establecerse entre esas infecciones y los fallecimientos registrados.
Que las víctimas sean recién nacidos — la población más frágil y con mayor expectativa de vida por delante — convierte el episodio en un indicador de la calidad real del sistema de salud, más que cualquier estadística de cobertura: no basta con que los partos se atiendan en hospitales; hay que garantizar la vida en estos hospitales.
No debe producirse una guerra de cifras. Lo que debe realizarse es una investigación científica, transparente y verificable. Cada niño o niña fallecida tiene una familia que merece conocer la verdad. Sería un error tratar las situaciones denunciadas exclusivamente como problemas administrativos de la Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia o del Hospital Regional Taiwán 19 de marzo.
Cuando aparecen situaciones semejantes en establecimientos diferentes de la red pública, surge legítimamente la necesidad de determinar si existen problemas de carácter sistémico.
Por esa razón, consideramos necesario que el Ministerio de Salud Pública, como órgano rector, se avoque de manera urgente a analizar estos fallecimientos y a realizar una auditoría sanitaria extraordinaria de los hospitales públicos del país, comenzando por las áreas de mayor riesgo. Debe además aprovechar la oportunidad de la disposición pública que han realizado las sociedades especializadas correspondientes, para apoyarles en este sentido.
Esa evaluación debe abarcar, entre otros aspectos, maternidades y unidades neonatales, unidades de cuidados intensivos, quirófanos, áreas de hemodiálisis, sistemas de abastecimiento y almacenamiento de agua, esterilización de instrumentos, manejo de residuos hospitalarios y cumplimiento de los protocolos para prevenir infecciones asociadas a la atención sanitaria.
Los resultados de esa evaluación deben ser puestos en conocimiento de la sociedad. La salud pública exige vigilancia permanente.
El PLD considera necesario fortalecer los mecanismos nacionales de vigilancia de las infecciones asociadas a la atención sanitaria.
La defensa de la salud pública exige responsabilidad, pero también firmeza. Por eso, el Partido de la Liberación Dominicana reclama al gobierno, una explicación completa de lo sucedido, una investigación rigurosa e independiente, la publicación de sus resultados, la determinación de responsabilidades donde corresponda y las medidas correctivas a realizar.
Un hospital debe ser el lugar donde a las personas se les garantice su vida, nunca un lugar donde tengan que temer por ella.
