El proyecto acaba de ser reintroducido tras perimir en la pasada legislatura.
Ányelo Mercedes. El Día
SANTO DOMINGO. R.D.— Un proyecto de ley depositado en la Cámara de Diputados procura establecer en República Dominicana un Servicio Militar (SM) de carácter obligatorio para los dominicanos de ambos sexos, con edades comprendidas entre los 18 y los 35 años, bajo un sistema de registro, sorteo y posterior convocatoria para recibir entrenamiento y formar parte de las reservas de las Fuerzas Armadas.
La iniciativa define el Servicio Militar como un período de educación, capacitación, entrenamiento y adiestramiento en el que los ciudadanos seleccionados pasarían inicialmente por una fase básica y posteriormente serían asignados a distintas áreas de las Fuerzas Armadas. El propósito planteado es prepararlos para servir en las reservas militares y responder ante eventuales amenazas internas o externas.
El proyecto establece expresamente que todos los dominicanos desde los 18 hasta los 35 años tienen la responsabilidad de prestar el Servicio Militar, obligación que comenzaría desde el día en que la persona cumpla la mayoría de edad y concluiría al alcanzar los 35 años.
Además, dispone que las familias beneficiarias de ayudas directas o indirectas del Estado tendrían la obligación de enviar a sus hijos que se encuentren dentro del rango de edad establecido.
Durante el período de entrenamiento, los conscriptos recibirían del Estado un sueldo mínimo para cubrir sus necesidades y serían incorporados como beneficiarios al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La Iniciativa es del diputado Elías Wessin Chávez y fue presentada en mayo pasado ante la secretaría legislativa de la Cámara de Diputados.
Disciplina y formación técnica
Entre las razones que sustentan la propuesta está la preocupación por lo que describe como una transformación de las costumbres, valores y principios de la sociedad dominicana.
El proyecto cita específicamente el respeto, la honestidad y el patriotismo y plantea el Servicio Militar como una herramienta para contribuir a enfrentar esa situación.
Otro de los considerandos sostiene que el país necesita rescatar de la “ociosidad improductiva” a parte de la juventud mediante el estudio y la disciplina.
En esa línea, argumenta que el entrenamiento no estaría limitado al manejo de armas, sino que permitiría a los participantes prepararse en determinadas carreras técnicas y recibir formación en disciplina y valores patrios.
La propuesta también vincula directamente la creación del Servicio Militar con la reducción de la delincuencia juvenil.
Según uno de sus considerandos, la formación integral y la preparación en carreras técnicas facilitarían que los jóvenes puedan insertarse posteriormente en el mercado laboral.
De igual manera, sostiene que el mecanismo contribuiría a la estrategia de defensa y seguridad nacional y permitiría aumentar las reservas disponibles ante emergencias, calamidades públicas o eventuales conflictos bélicos.
Otro argumento incluido en el proyecto está relacionado con la salud de los jóvenes. El texto cita estudios según los cuales el 33.6 % de los jóvenes dominicanos tendría sobrepeso y sostiene que la actividad física vinculada al entrenamiento militar contribuiría a enfrentar problemas asociados al sedentarismo. Proyecto de Ley de Servicio Militar.pdf
¿Cómo serían seleccionados?
Para poner en marcha el sistema sería creada la Superintendencia General del Servicio Militar, concebida como un órgano autónomo con personalidad jurídica e independencia financiera, presupuestaria, técnica y administrativa.
Tendría la responsabilidad de organizar, dirigir, capacitar, entrenar y adiestrar a los conscriptos.
La Junta Central Electoral jugaría un papel importante en el proceso. El Registro del Estado Civil tendría que remitir cada año, durante los primeros diez días de enero, la relación de las personas que cumplirán 18 años, incluyendo sus fechas de nacimiento y lugares de residencia.
Todos los dominicanos de ambos sexos que alcancen esa edad pasarían a formar parte del Registro Militar.
A partir de esos datos, la Superintendencia elaboraría anualmente, mediante un sorteo general, la denominada Base de Conscripción.
Los ciudadanos que no resulten seleccionados pasarían a la base correspondiente al año siguiente.
Los seleccionados serían examinados física y mentalmente antes de incorporarse, mientras que quienes consideren que tienen alguna causal de exclusión dispondrían de 30 días después de publicados los resultados del sorteo para presentar una reclamación.
Tres fases de formación
El programa tendría componentes de capacitación técnica y entrenamiento físico, mental, militar y humano, distribuidos en tres fases denominadas “Ciudadano”, “Patriota” y “Guerrero”.
Los programas serían elaborados por la Superintendencia y sometidos al presidente de la República para su aprobación. Para su ejecución se contempla la participación del Ministerio de Defensa, Infotep, las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas, Salud Pública y otras instituciones estatales.
El proyecto no establece en esos artículos una duración única general expresada en meses para todos los conscriptos. Sí contempla modalidades específicas y permite, en circunstancias especiales, reducir el tiempo establecido en la convocatoria o dividir su cumplimiento en períodos.
Para quienes al momento de ser convocados estén cursando el último año de educación media, una carrera universitaria o técnica superior, o realizando su práctica profesional, la propuesta contempla tres modalidades alternativas.
La primera sería la conscripción ordinaria, que podría cumplirse inmediatamente o después de finalizar los estudios.
La segunda permitiría prestar servicios relacionados con la carrera que curse el conscripto, siempre que esa profesión sea de interés para las Fuerzas Armadas.
La tercera consiste en participar hasta por un año en cursos especiales de instrucción militar dirigidos a estudiantes del último año de enseñanza media o de instituciones de educación superior.
La Superintendencia también podría autorizar, a petición del interesado, que una persona anticipe voluntariamente hasta por un año su Servicio Militar ordinario, aunque no podría ser movilizada antes de cumplir los 18 años.
Las exenciones
La obligatoriedad planteada no alcanzaría a todos por igual. El proyecto contempla exenciones temporales por determinadas funciones públicas para el presidente y vicepresidente de la República, ministros y viceministros, legisladores, miembros de órganos constitucionales, jueces, fiscales, diplomáticos y determinadas autoridades municipales, entre otros.
También quedarían exentas las madres de menores de 18 años y los ministros de culto que cumplan las condiciones establecidas en la iniciativa.
Asimismo, serían excluidas las personas declaradas no aptas física o psíquicamente, los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y quienes tengan residencia habitual en el extranjero mientras permanezcan fuera del país.
Los dominicanos que al cumplir los 18 años se encuentren estudiando en colegios o universidades extranjeras podrían solicitar una licencia para retardar su incorporación, presentando las certificaciones correspondientes.
Sanciones para quienes no se presenten
El proyecto incorpora consecuencias para quienes sean convocados y no atiendan el llamado.
Los que no acudan a las citaciones para el proceso de selección serían considerados infractores y podrían recibir una inhabilitación temporal para ejercer cargos y oficios públicos.
Quienes resulten seleccionados y posteriormente no se presenten a realizar el Servicio Militar serían considerados remisos y quedarían inhabilitados temporalmente para cargos y oficios públicos hasta cumplir con la obligación.
El uso de documentos falsos para intentar obtener una exclusión también sería sancionado conforme a la legislación correspondiente.
La iniciativa va más lejos respecto de las familias beneficiarias de programas sociales: establece que aquellas que no envíen a sus hijos comprendidos dentro de las edades establecidas podrían ser desvinculadas de los subsidios sociales que reciben del Estado.
Aplicación de la ley
De convertirse en ley, la Presidencia de la República dispondría de 180 días desde su publicación para emitir los reglamentos, procedimientos operativos y protocolos necesarios para el funcionamiento de la Superintendencia del Servicio Militar.
La propia iniciativa señala que la ley entraría en vigencia después de su promulgación y publicación, conforme a la Constitución y los plazos previstos en el Código Civil.
