El mandatario recordó que el nuevo Código Penal, en el numeral 37 del artículo 85 del régimen jurídico dominicano, que podrá ser condenado con hasta 30 y 40 años de cárcel a quien cause daños extensos, duraderos y graves a los recursos naturales y al medioambiente.
Javier Flores. Listín Diario
SANTO DOMINGO. R.D.— Con la emisión del decreto 615-26, el Gobierno Dominicano enfiló sus cañones para combatir el terrorismo ambiental y redobla esfuerzos en la persecución de delitos medioambientales que sean cometidos en las áreas protegidas y parques nacionales.
Al encabezar una rueda de prensa en el Palacio Nacional, Abinader, catalogó como actos terroristas medioambientales aquellas acciones perpetradas por desaparición o daño sistemático a los parques nacionales, advirtiendo que habrá acciones más drásticas y persecuciones firmes contra nacionales dominicanos y extranjeros que incurran en estos ilícitos.
El mandatario recordó que el nuevo Código Penal, en el numeral 37 del artículo 85 del régimen jurídico dominicano, que podrá ser condenado con hasta 30 y 40 años de cárcel a quien cause daños extensos, duraderos y graves a los recursos naturales y al medioambiente.
«Si bien eran nacionales haitianos los que en su mayoría provocan los incendios, esos nacionales haitianos, en gran parte de los casos, eran enviados por dominicanos también. Entonces ambos van a sufrir la misma pena, en caso de que provoquen daños a los parques nacionales», expresó Abinader, quien indicó que dio instrucciones tanto a las Fuerzas Armadas como a la Dirección General de Migración, a qué se persiga activamente a quienes incurran en esas violaciones.
Durante sus palabras, el jefe de Estado señaló que espera que las sanciones anunciadas sirvan ya como elemento disuasorio, pero aseguró que el Gobierno está preparado para hacer cumplir el Decreto 615-26 y las disposiciones contempladas en el nuevo Código Penal.
“Mandamos hoy un mensaje fuerte. Estamos preparados para ejercer lo que establece este decreto y lo dispuesto en el nuevo Código Penal. Sea quien sea, escuchen bien, que vaya a afectar o que afecte nuestros parques nacionales”, enfatizó el Presidente de la República.
Abinader sostuvo que las autoridades han comprobado que varios de los incendios registrados en áreas protegidas han estado relacionados con actividades ilegales realizadas tanto por extranjeros como por dominicanos; además, advirtió que un incendio forestal no solamente destruye árboles, sino que también perjudica las fuentes de agua, la biodiversidad, las comunidades, la actividad turística y la calidad de vida de la población.
Ante esa situación, y después de evaluar las consecuencias ambientales, sociales y económicas ocasionadas por las intervenciones ilegales en las áreas protegidas, el mandatario indicó que se optó por endurecer la política de Estado en ese sentido.
“Después de analizar y pensar cómo darle la verdadera importancia, hemos decidido actuar de manera drástica, catalogando como terrorismo ambiental todo acto que afecte los parques nacionales… cuando ocurre un fuego en un parque nacional, no afecta solamente los árboles o la región; afecta el agua y la vida misma de los dominicanos”, manifestó el mandatario.
Lo que dice el decreto
El Gobierno Dominicano indicó que las acciones que dañen las nacionales serán perseguidas penalmente, al declarar como un tema de seguridad nacional el combate contra el terrorismo medioambiental.
De acuerdo con lo establecido en el decreto, mediante el cual se declaró de alto interés nacional y prioridad estratégica para la seguridad nacional la prevención, detección, investigación y combate del terrorismo medioambiental en todo el territorio de la República Dominicana, se entenderá por terrorismo medioambiental todo acto dirigido contra los recursos naturales, los ecosistemas o las infraestructuras ecológicas mediante los mecanismos establecidos en la Ley 267-08, sobre Terrorismo.
Cuencas y ríos
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, señaló que el decreto por igual refuerza las acciones contra la extracción ilegal de arena y otros materiales de los ríos, una práctica que provoca graves daños en las fuentes de agua y los ecosistemas.
El funcionario explicó que el Ministerio trabaja junto con las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad para incrementar la vigilancia e impedir que personas o grupos continúen aprovechando los cauces de manera irregular.
