El Partido de la Liberación Dominicana ve con profunda preocupación la gran cantidad de denuncias de ciudadanos, hogares y negocios sobre aumentos en sus facturas eléctricas.
SANTO DOMINGO. R.D.— El pasado 2 de septiembre, las empresas distribuidoras de electricidad negaron haber incrementado la tarifa y atribuyeron los montos facturados a un mayor consumo asociado a las altas temperaturas del verano. El PLD reconoce que el verano de 2026 ha sido excepcionalmente caluroso y que la demanda eléctrica alcanzó niveles históricos. Sin embargo, esa explicación no basta para responder las inquietudes de miles de usuarios.
Hay tres aspectos que deben ser examinados.
Primero, la facturación estimada. Cuando no se realiza una lectura directa del medidor, las EDE estiman el consumo. En un mes de demanda récord, una estimación al alza puede producir precisamente el patrón que hoy denuncian numerosos usuarios.
Segundo, la sustitución de medidores. La propia Edeeste informó que corrigió anomalías en los medidores de más de 12,000 clientes entre enero y julio. Ese dato obliga a determinar si durante la sustitución, calibración o refacturación pudieron producirse errores. Una auditoría independiente permitiría despejar esas dudas.
Tercero, la falta de eficiencia de las EDE. Las deficiencias en el control del ciclo comercial, particularmente en la revisión de la medición, también pueden afectar la confiabilidad de la facturación.
Las reclamaciones no son una percepción creada por la oposición. Los datos provienen del propio Estado. Según el portal de la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad, PROTECOM recibió 29,833 reclamaciones entre enero y junio de 2026. La cifra es similar a las 31,787 registradas en el mismo período de 2025 y superior a las 26,164 de 2024. La inmensa mayoría corresponde a cobros que los clientes consideran excesivos.
La comparación histórica es todavía más reveladora. En el primer semestre de 2019, PROTECOM recibió 14,558 reclamaciones. Esto significa que, en 2026, la cantidad prácticamente se duplicó, con un aumento de 105 por ciento.
El volumen de casos también ha desbordado la capacidad de respuesta de PROTECOM. Al cierre de junio de 2026 había 30,079 reclamaciones pendientes de decisión. Son más de 30,000 hogares y negocios esperando que el Estado determine si su factura es correcta. En junio de 2019 había 10,472 casos pendientes; el aumento acumulado es de 187 por ciento.
Hay, además, un dato que merece una explicación del Gobierno. De las 52,254 decisiones emitidas por PROTECOM entre enero y junio de 2026, el 33 por ciento, unas 17,466, favoreció al usuario. En 2024, esa proporción fue de 45 por ciento y, en 2025, de 37 por ciento. Que una de cada tres decisiones haya resultado favorable al usuario demuestra que las reclamaciones deben examinarse con seriedad y que no pueden descartarse simplemente como consecuencia del calor o de un mayor consumo.
En 2019, PROTECOM falló a favor del cliente en alrededor del 23 por ciento de los casos. El aumento de esa proporción en los últimos años merece una investigación técnica, especialmente frente a las mejoras en redes y medidores anunciadas por las autoridades desde agosto de 2020.
Todo esto ocurre mientras persisten interrupciones prolongadas del servicio en múltiples provincias. Al mismo tiempo, las pérdidas consolidadas de las distribuidoras superan el 43 por ciento y el subsidio eléctrico absorbe una porción creciente del presupuesto nacional. El ciudadano termina pagando dos veces: una con sus impuestos y otra con una factura que no puede verificar.
Ante esta situación, el PLD demanda:
1. Una auditoría independiente de los sistemas de medición y facturación de las tres EDE, con participación de las universidades y los colegios profesionales.
2. La publicación abierta y desagregada, por distribuidora y por circuito, de las estadísticas de reclamaciones y sus resoluciones.
3. Un plazo máximo vinculante para responder las reclamaciones, con reintegro automático e intereses cuando la decisión favorezca al usuario.
4. La notificación obligatoria al cliente y la verificación en su presencia de toda sustitución de medidores.
El PLD no afirma que cada factura eléctrica sea incorrecta. Planteamos algo sencillo: cuando decenas de miles de ciudadanos reclaman, cuando más de 30,000 casos esperan respuesta y cuando el propio organismo del Estado falla a favor de los usuarios en una proporción significativa, el Gobierno no puede limitarse a decir que la causa es el calor.
Los dominicanos tienen derecho a saber cuánto consumieron, cómo se midió ese consumo y por qué deben pagar el monto que aparece en sus facturas.
Por eso reclamamos transparencia, respuestas oportunas y una auditoría independiente que despeje cualquier duda.
La electricidad ya representa una carga demasiado pesada para las familias dominicanas como para agregarle otra preocupación: la incertidumbre de no saber si lo que se les cobra corresponde realmente a lo que consumieron.
