Elvin Castillo / Medios Panorama
El trato que una sociedad ofrece a sus adultos mayores revela cuánto valora la dignidad humana. En República Dominicana, para quien llega a la vejez sin ahorros, una pensión suficiente o apoyo familiar, cada día puede convertirse en una lucha por cubrir sus necesidades básicas y conservar su autonomía. Envejecer sin recursos aquí no es solo difícil: puede ser un infierno.
La dimensión del desafío ya es considerable. Según el Censo de 2022, las personas de 60 años o más representaban el 13.2% de la población dominicana: alrededor de 1.4 millones de personas. Sin embargo, el país todavía ofrece una protección previsional limitada. En una comparación regional de la CEPAL para 2021, menos del 40% de las personas de 65 años o más en República Dominicana recibía algún tipo de pensión. En Uruguay la cobertura llegaba a 89.6%; en Chile, a 77.3%; y en Costa Rica, a 69.7%.
Los datos dominicanos más detallados disponibles para 2022 retratan una realidad difícil: el 49% de las personas de 65 años o más dependía económicamente de otros miembros de su hogar y apenas el 11.3% dependía principalmente de una pensión. Entre las mujeres mayores, la dependencia de familiares alcanzaba el 59.3%, un reflejo contundente de una vida marcada por la informalidad laboral y el trabajo de cuidados no remunerado en el hogar, donde acumular una pensión contributiva fue prácticamente imposible.
Casi la mitad de nuestros mayores pasa sus días dependiendo de que un hijo, una hija u otro familiar tenga la voluntad y los medios para ayudar. Pero no todos los hijos pueden hacerlo y no todas las familias responden. Hay adultos mayores que terminan solos, maltratados o abandonados. Aunque conocemos historias de sobra, no contamos con una medición nacional reciente que permita saber cuántas personas viven esas situaciones ni dónde se concentra la necesidad.
También está el empleo. Para muchas personas, la dificultad de conseguir trabajo comienza antes de llegar a la vejez. A partir de los 40 o 50 años, algunos trabajadores sienten que la experiencia que debería ser una ventaja empieza a convertirse en una barrera. Sin embargo, no hay estadísticas nacionales recientes que midan de manera completa cuántas personas son descartadas por su edad. Esa ausencia también merece atención: el problema no desaparece porque no lo contemos.
A la incertidumbre sobre el empleo se suma la preocupación por las pensiones que recibirán los trabajadores afiliados al sistema de capitalización individual. Ese régimen comenzó a funcionar en 2003 y se estima que sus primeros afiliados comenzarán a pensionarse alrededor de 2033. Las proyecciones oficiales son alarmantes: un estudio del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD) estimó tasas de reemplazo de entre 21% y 28%. En términos sencillos, una persona que se jubile bajo este esquema recibirá cerca de una cuarta parte de su último salario. Es una advertencia que exige reformas urgentes antes de que comiencen las jubilaciones masivas.
El Estado ofrece servicios a través del CONAPE, que en 2025 reportó la atención de más de 224,000 adultos mayores y el impacto a 400 hogares mediante el programa Familias de Cariño. Sin embargo, estas métricas de gestión miden volumen, no cobertura real ni impacto duradero. Contar raciones entregadas o consultas realizadas no nos dice cuántas personas que necesitan auxilio se quedan fuera ni si la calidad de vida de los asistidos realmente cambió.
Otros países muestran que hay caminos posibles. Uruguay cuenta con un Sistema Nacional Integrado de Cuidados con asistentes personales y teleasistencia. Chile complementa las jubilaciones con la Pensión Garantizada Universal. Países Bajos articula una pensión estatal básica con sistemas de cuidados de larga duración. Ninguno es perfecto, pero todos asumen una premisa que en nuestro país debemos adoptar con urgencia: cuidar a quien envejece es una responsabilidad pública y no únicamente un drama familiar.
Existe además un vacío técnico gravísimo: no sabemos lo suficiente. Las cifras están dispersas entre reportes de pobreza, servicios asistenciales y sistemas de pensiones. Faltan estadísticas periódicas sobre abandono, maltrato, soledad y suficiencia de ingresos. ¿Cómo diseñar políticas públicas eficaces si no medimos con precisión a quién afecta el problema y quién se queda fuera? Envejecer no debería significar perder la posibilidad de salir, trabajar si se desea, compartir con otros, solicitar un crédito o tomar decisiones propias. Una sociedad digna se organiza para que la vejez no dependa exclusivamente del dinero acumulado en el bolsillo ni de la suerte de tener una familia en capacidad de hacerse cargo.
La República Dominicana debe actuar sin demoras. Se requiere una reforma profunda a la Ley 87-01 de Seguridad Social para garantizar pensiones solidarias dignas, la creación formal de un Sistema Nacional de Cuidados con presupuesto asignado y la generación de datos confiables para evaluar los avances.
Envejecer sin recursos no tendría que ser un castigo; pero mientras la protección siga dependiendo de la suerte o la caridad, para demasiados dominicanos seguirá siendo un infierno.
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