PLD exige al Gobierno seguridad, legalidad y resultados reales
SANTO DOMINGO. R.D.— El Partido de la Liberación Dominicana advirtió este lunes sobre el eventual fracaso de la Reforma Policial implementada por la actual gestión de Gobierno, al señalar que esta no ha logrado ofrecer a las familias dominicanas los resultados prometidos en materia de seguridad ciudadana.
La organización política denunció la persistencia de robos, asaltos y extorsiones, al tiempo que expresó profunda preocupación por el incremento de personas fallecidas durante intervenciones policiales.
El partido morado hizo la advertencia en rueda de prensa efectuada en la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, encabezada por el vicepresidente Juan Temístocles Montas. El vocero lo fue José Dantés Díaz, miembro del Comité Político. Le acompañaron Ydenia Doñe, vocera del bloque de diputados peledeísta; Sigfrido Pared Pérez, presidente de la Comisión de Defensa y Seguridad; Yineuris Díaz, subsecretaria; Welkins Cuevas y Jovanny Gonzáles, subsecretarios.
Durante una declaración formal, la organización opositora subrayó que las estadísticas oficiales y de percepción ciudadana contradicen el discurso oficial de éxito. Según datos citados de la encuesta Gallup de mayo de 2026, el 55 % de la población considera que el Gobierno realiza un mal trabajo en seguridad ciudadana, mientras que la firma ACD Media situó en julio a la delincuencia como la segunda preocupación nacional.
El PLD señaló una discrepancia crítica en el manejo de las cifras oficiales sobre homicidios. De acuerdo con el boletín del primer semestre del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CADSECI), se registraron 625 homicidios generales, de los cuales 382 fueron intencionales, 144 por intervención legal y 99 clasificados en otras categorías.
Destacó que las muertes por intervención legal —conocidas popularmente como intercambios de disparos— aumentaron un 14.3 % en comparación con el primer semestre de 2025, cuando se reportaron 126 casos. Asimismo, advirtió que al contabilizarse de manera separada de la tasa de homicidios intencionales, este incremento no se ve reflejado en los índices que el Gobierno utiliza para proclamar avances.
Sostiene que la reducción de la tasa de homicidios intencionales no describe por sí sola todo el fenómeno de las muertes violentas ni mucho menos la realidad de la seguridad ciudadana.
En ese sentido, recordó los casos recientes de alto impacto, como el asalto a la residencia del merenguero Julián Oro Duro en Santo Domingo Este —donde falleció su esposa, Zeneida Socorro Castillo— y el asalto violento sufrido por un regidor y su esposa en Villa González.
En cuanto a las muertes en actuaciones policiales, el PLD indicó que reportes periodísticos y de organizaciones sociales sitúan en más de 180 los fallecimientos en lo que va de 2026, con más de 30 casos reportados solo en el mes de septiembre. Esta disparidad de cifras evidencia la urgente necesidad de contar con estadísticas oficiales, transparentes y verificables.
Sustenta que la reforma también debe evaluarse frente a los delitos que afectan a la ciudadanía en su día a día. Pese a una inversión de miles de millones de pesos y a más de 1.7 millones de acciones preventivas, entre abril y junio de 2026 se reportaron 887 robos de motocicletas, acumulando 4,402 casos al 31 de agosto.
Adicionalmente, alertaron sobre un masivo subregistro en delitos como la extorsión y el chantaje digital, recordando que el propio presidente del Indotel reconoció que el 85 % de las víctimas no denuncia por miedo, vergüenza o desconfianza en el sistema.
Frente a esta situación, el PLD reiteró su respaldo a los agentes policiales que actúan estrictamente en cumplimiento de la ley y en legítima defensa, pero exigió al Poder Ejecutivo un cambio de rumbo y el cumplimiento de siete acciones fundamentales, tales como publicar un registro mensual y desagregado de homicidios intencionales, generales y por intervención legal, junto con el estado de esclarecimiento de cada caso.
Asimismo, garantizar una investigación independiente de cada muerte en actuaciones policiales bajo la dirección efectiva del Ministerio Público y revisar los protocolos de uso de la fuerza, planificación de arrestos, evaluación de riesgos y asistencia médica inmediata.
También fortalecer el patrullaje y la investigación criminal mediante agentes especializados por territorio y metas verificables, entre otros.
