Lo que esta ocurriendo en Francia y otros países europeos muestra que el bienestar alcanzado no garantiza automáticamente la estabilidad social. Depende también de las respuestas institucionales a las expectativas de las personas.
Juan Temístocles Montás
Lo que está ocurriendo en Francia y otros países europeos plantea una de las grandes contradicciones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. ¿Cómo explicar que sociedades que han alcanzado elevados niveles de bienestar material, protección social y derechos ciudadanos experimenten un profundo malestar colectivo?
Después de la Segunda Guerra Mundial, buena parte de Europa construyó un modelo económico y social basado en la intervención del Estado para reducir las desigualdades y proteger a los ciudadanos frente a los riesgos asociados al mercado. Surgió así el Estado del bienestar, que garantizó amplios servicios de salud y educación, pensiones, seguros de desempleo, vacaciones remuneradas, etc., financiadas principalmente mediante impuestos y contribuciones sociales.
Ese modelo descansaba sobre una promesa fundamental: cada generación podría vivir mejor que la anterior y, ante las adversidades, encontraría protección en las instituciones públicas.
Durante las tres décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, conocidas en Francia como Los Treinta Gloriosos (1945-1975), esa promesa encontró condiciones económicas favorables. Europa experimentó un crecimiento extraordinario, acompañado de aumentos de productividad, salarios reales, empleo industrial y expansión de las clases medias. El fortalecimiento sindical y la negociación colectiva facilitaron la distribución de los beneficios del crecimiento.
Ese desempeño permitió mejorar simultáneamente los salarios, las pensiones, los servicios públicos y la rentabilidad empresarial. El progreso económico alimentaba las expectativas sociales y, durante un tiempo, proporcionaba los recursos necesarios para satisfacerlas.
Pero ese escenario comenzó a transformarse durante los años setenta y los cambios se profundizaron con la globalización a partir de 1990. Las economías europeas entraron en una etapa de expansión considerablemente más lenta.
La competencia internacional y la deslocalización de actividades productivas hacia países con menores costos laborales contribuyeron a reducir el peso del sector industrial. Francia constituye un ejemplo particularmente significativo de desindustrialización, con importantes pérdidas de establecimientos manufactureros y empleos industriales.
La consecuencia fue el debilitamiento de uno de los pilares que habían sostenido el Estado del bienestar: una economía dinámica, capaz de generar empleos estables, salarios crecientes y suficientes ingresos fiscales.
A ese fenómeno se agregó el envejecimiento demográfico. La disminución de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida elevaron las necesidades de financiamiento de pensiones, servicios sanitarios y cuidados de larga duración. Simultáneamente, el menor crecimiento económico limitó la capacidad de los gobiernos para responder a esas demandas.
Pero ocurrió algo fundamental: mientras se debilitaba la capacidad económica para sostener y ampliar las prestaciones sociales, las expectativas ciudadanas continuaron aumentando.
Aquí encontramos una explicación central del malestar europeo. Las personas no juzgan su situación exclusivamente por el bienestar alcanzado, sino también por las oportunidades que consideran legítimo esperar.
El economista Albert Hirschman explicó este fenómeno mediante su conocida metáfora del túnel. Cuando de dos filas de vehículos detenidas en un túnel una comienza a avanzar, quienes permanecen detenidos pueden sentirse optimistas porque esperan que pronto llegará su turno. Pero si ese avance nunca se produce, la esperanza termina convirtiéndose en frustración.
Algo semejante ocurre con las sociedades. Mientras existe confianza en que el progreso beneficiará eventualmente a todos, las desigualdades pueden resultar políticamente tolerables. Cuando desaparece esa expectativa, aumentan el resentimiento y los conflictos.
Francia refleja esas tensiones. Durante años, sus autoridades recurrieron al endeudamiento para financiar desequilibrios presupuestarios. El elevado peso de la deuda y las nuevas condiciones financieras han incrementado las presiones para contener el gasto público, provocando resistencias frente a reformas y restricciones que afectan prestaciones y servicios.
A ello se suma el debilitamiento de instituciones que tradicionalmente mediaban los conflictos sociales, como los sindicatos, los partidos políticos de masas y otros espacios de concertación. Cuando disminuye la confianza en esos mecanismos, la protesta callejera adquiere mayor protagonismo.
La experiencia europea ofrece una enseñanza política trascendental: el bienestar alcanzado no garantiza automáticamente la estabilidad social. Esta depende también de la confianza ciudadana en que las instituciones podrán preservar las conquistas existentes y ofrecer oportunidades de progreso.
Para quienes ejercemos la política, la lección es
igualmente importante. No basta con promover crecimiento económico ni formular promesas atractivas. Es indispensable construir expectativas realistas, respaldadas por políticas públicas viables y resultados verificables.
La crisis se profundiza cuando los ciudadanos dejan de confiar en que sus hijos vivirán mejor y temen perder lo conquistado. Entonces, lo que está en juego no es solo el financiamiento del Estado del bienestar, sino la credibilidad de su promesa de protección y progreso.
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