Díaz afirma que mientras empresas ajustan por inflación, los salarios siguen congelados pese a una inflación acumulada de 41.34 %
Santo Domingo.- El economista especializado en temas de Seguridad Social Arismendi Díaz Santana advirtió que mantener congelado el límite del salario exento del Impuesto sobre la Renta desde 2017 se ha convertido en «un castigo fiscal» que afecta a casi un millón de trabajadores de ingresos medios y agrava la desigualdad social en el país.
Díaz sostiene que la decisión del Estado de suspender cada año la indexación automática que ordena el Código Tributario «niega un derecho básico», aumenta la carga impositiva sobre los asalariados y erosiona la confianza en las instituciones democráticas.
Según explicó, el artículo 296 del Código Tributario obliga a actualizar anualmente el monto exento del ISR conforme a la inflación. No obstante, esa actualización está suspendida desde hace ocho años, lo que ha provocado que 924,956 trabajadores paguen más impuestos de los que deberían.
De acuerdo con sus cálculos, en 2026 los asalariados perderán 13,764.3 millones de pesos por impuestos que, asegura, son «inmerecidos» y no tendrán garantía de devolución en forma de servicios públicos.
A esta carga se suman 40,000 millones de pesos en gasto familiar de bolsillo, un impacto que, afirma, reduce de manera severa el poder adquisitivo de la clase media.
Díaz dice que esta política se agrava si se compara con otros sectores. Señala que las empresas y corporaciones ajustan cada año por inflación, tipo de cambio y valoración de activos, mientras los salarios siguen congelados en un límite de exención de 34,685 pesos, cuando —según el Consejo Regional Empresarial y Social (CRES)— debió subir a 52,151 pesos, una diferencia de 17,466 pesos. Entre 2017 y 2025, la inflación acumulada fue de 41.34 %.
El debate político
El senador Omar Fernández ha exigido al Gobierno acatar la ley y actualizar la escala salarial exenta. Calificó como «práctica ilegal e injusta» la suspensión anual del ajuste, que suma diez años consecutivos.
El presidente Luis Abinader ha reconocido públicamente que la indexación «es justa y necesaria», pero advierte que su aplicación plena reduciría los ingresos del Estado y obligaría a recortar partidas sensibles. El Gobierno, según dijo, estudia vías para aplicarla «de la manera más equilibrada posible».
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, estimó que actualizar el salario exento «de golpe» implicaría una reducción de alrededor de 25,000 millones de pesos en las recaudaciones. Propuso una aplicación gradual para no comprometer la estabilidad fiscal.
Objeciones a la postura oficial
El economista Nelson Suárez cuestionó la magnitud del impacto presentado por las autoridades. En su evaluación, la reducción del impuesto rondaría los 13,764.3 millones, cifra que —según él— sería compensada por un mayor consumo en la economía debido al alivio tributario de los asalariados.
Suárez también señaló que el congelamiento perjudica a casi 200,000 pensionados, cuyos ingresos no han sido indexados durante más de una década, pese a que su poder adquisitivo se ha deteriorado de forma significativa.
Una situación «insostenible»
Para Arismendi Díaz, el mantenimiento de esta política fiscal genera «impotencia, resentimiento y pérdida de confianza» en la institucionalidad democrática. La describe como una práctica que favorece a grupos con poder de influencia a costa de trabajadores sin capacidad de presión.
A su juicio, el país necesita una reforma fiscal integral que elimine privilegios y restablezca la equidad en el sistema tributario. Señala que el Gobierno «no puede cargar con esa injusticia» y que la ciudadanía espera una solución definitiva al congelamiento del salario exento.
(c) Diario Libre (20.11.2025)
