Por Juan Ariel Jiménez. Listín Diario
En la entrega anterior expuse, con base en los estados financieros auditados, el deterioro financiero sostenido de la empresa Seguros Reservas en el período 2020-2024. Los números eran claros: mientras en 2019 la aseguradora generaba, en promedio, 20.4 centavos por cada peso de ingresos por prima, en el período 2022-2024 esa cifra se redujo a apenas 6.2 centavos.
Pero existe un elemento aún más delicado. Si se excluyen aquellas primas provenientes del propio grupo financiero y de diversas entidades del Estado Dominicano —operaciones que no estuvieron acompañadas de una siniestralidad proporcional—, el resultado operativo real de la empresa no sería de utilidades, sino de pérdidas. En pocas palabras, sin esas transferencias encubiertas como ingresos por primas, Seguros Reservas estaría registrando números negativos en el período 2022-2024.
Ante esta situación, resulta necesario explicar el origen del deterioro financiero de una aseguradora que, por su naturaleza, opera en condiciones particularmente favorables, pues recibe una parte sustancial de sus ingresos del Estado Dominicano (sin licitación) y del propio grupo financiero al que pertenece.
Cuando se analizan con serenidad las informaciones publicadas por la propia Superintendencia de Seguros, se confirma una vez más que el diablo está en los detalles. Y en esta ocasión, la raíz del problema está en el fuerte incremento de los gastos.
El primer rubro que merece atención es el gasto en pago de comisiones a intermediarios, el cual pasó de 870 millones en 2019 a 2,918 millones en 2024, para un incremento superior a 2,000 millones de pesos en apenas cinco años.
Para dimensionar este aumento, basta señalar que la aseguradora privada más grande del país incrementó sus pagos por comisiones en 864 millones de pesos durante el mismo período, menos de la mitad de lo registrado por Seguros Reservas. Más aún: Seguros Reservas incrementó este gasto en mayor medida que cuatro de las seis aseguradoras más grandes del país juntas.
Ante estos datos, resulta legítimo preguntarse qué factores explican que Seguros Reservas haya sido la aseguradora que más incrementó el pago de comisiones a intermediarios en todo el mercado nacional.
Un ejercicio elemental de transparencia, que debería ser promovido por el órgano regulador, sería la publicación detallada de los pagos realizados a intermediarios. No se trata de una exigencia extraordinaria: los ingresos de los corredores de seguros son información pública. Cruzar esos datos fortalecería la confianza ciudadana y despejaría dudas innecesarias.
De igual forma, la Superintendencia de Seguros debería verificar que no se estén pagando comisiones a intermediarios por pólizas contratadas directamente por entidades del Estado con Seguros Reservas. Sería, como mínimo, contradictorio con el interés público que se utilicen intermediarios en transacciones entre instituciones estatales.
Pero el incremento del gasto no se limita a las comisiones.
Según información oficial publicada por la Superintendencia de Seguros, el gasto en sueldos y salarios pasó de 363 millones de pesos en 2019 a 878 millones en 2024, más del doble en un lapso de cinco años. A ello se suma el gasto en bonificaciones, que pasó de 313 millones a 635 millones de pesos en el mismo período. Al comparar el aumento tanto de nómina como de bonificaciones con los de las otras 33 aseguradoras del mercado, Seguros Reservas no solo encabeza el aumento, sino que duplica y hasta triplica lo ocurrido en las principales aseguradoras privadas del país.
Y, quizás el dato más llamativo: el gasto en publicidad y promoción.
En 2019, Seguros Reservas destinaba 61 millones de pesos a publicidad. En 2024, ese monto ascendió a 483 millones, multiplicándose casi por ocho en cinco años. Para tener una referencia clara: el incremento conjunto en publicidad del resto de las 33 aseguradoras del país fue de apenas 232 millones de pesos. El aumento de Seguros Reservas, por sí solo, más que duplicó al de todo el mercado.
Llama la atención que en el año 2024 Seguros Reservas haya gastado más en publicidad que todos los ministerios del Estado Dominicano, con excepción de Presidencia y Turismo. Un dato sorprendente, particularmente en un contexto gubernamental ya caracterizado por un uso intensivo de recursos en comunicación oficial.
En síntesis, el gasto administrativo de la empresa casi se triplicó en apenas cinco años, sin incluir el extraordinario crecimiento en comisiones a intermediarios. Todo ello en una aseguradora que recibe una parte considerable de sus ingresos directamente del Estado Dominicano y del propio grupo financiero. Desde una óptica técnica, este comportamiento resulta difícil de justificar.
El deterioro financiero de las empresas públicas no es un asunto abstracto ni contable. Se trata, en última instancia, de recursos que afectan directa o indirectamente el bolsillo de los dominicanos. Y es que cada peso mal gestionado en una empresa pública es un peso que deja de invertirse en prioridades fundamentales como la educación, la salud o la seguridad ciudadana.
Conviene hacer esta aclaración con firmeza: mostrar estos desbalances no es un ejercicio de inquisición. Esa labor corresponde al órgano supervisor, que hoy tiene múltiples interrogantes que responder a partir de los datos de esta misma entidad publica. Analizar la salud financiera de las empresas públicas es un ejercicio necesario de control ciudadano, y debería abrir el espacio para reflexionar sobre cómo evitar que estas situaciones se continúen repitiendo.
El origen del problema está en la poca regulación de las empresas públicas. Entidades como SENASA, las EDEs o Seguros Reservas no están sujetas a los controles del Estado en materia de gasto, bajo la premisa de que deben “competir en el mercado”. No obstante, sin una gobernanza adecuada, esa flexibilidad se convierte en una puerta abierta a abusos.
Para iniciar la necesaria discusión sobre este tema, planteo algunas ideas preliminares a ser consideradas:
1. Licitar la administración de las empresas públicas a equipos gestores profesionales, blindando los nombramientos frente a la influencia política.
2. Eliminar la contratación directa entre entidades públicas sin licitación, para restablecer la disciplina del mercado.
3. Garantizar la publicación íntegra de nóminas y pagos a proveedores e intermediarios, como ya ocurre en el gobierno central.
4. Establecer una unidad dentro del Ministerio de Hacienda y Economía que se encargue de evaluar constantemente la salud financiera de las empresas públicas y mixtas, publicando un informe técnico anual que permita a los ciudadanos dominicanos velar por el correcto uso de sus recursos.
Son propuestas iniciales, perfectibles, pero apuntan a un objetivo claro: crear las condiciones para que las empresas públicas y mixtas se gestionen con criterios de eficiencia, transparencia y responsabilidad, reduciendo el espacio para desajustes que terminen afectando el bolsillo de todos los dominicanos.
Porque, al final, el diablo —una vez más— está en los detalles. Y los detalles, cuando se revisan con rigor y serenidad, no mienten.
(c) Listín Diario (13.01.2026)
