Con la presentación ante el Congreso de la República de nuevas regulaciones sobre el financiamiento de los partidos políticos constituye un intento de desviar la atención de la opinión pública ante los graves cuestionamientos que han afectado a sectores del gobierno con el financiamiento proveniente del narcotráfico y la corrupción administrativa.
La opinión es del titular de la Secretaría de Administración Pública del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Carlos Manzano, explicando que dicha propuesta carece de justificación jurídica, debido a que en la República Dominicana ya existe un marco normativo sólido que regula de manera clara el financiamiento de las organizaciones políticas y de las campañas electorales.
“La legislación vigente establece disposiciones específicas sobre el patrimonio de los partidos, las fuentes de financiamiento público y privado, los límites al gasto electoral, así como los mecanismos de control, fiscalización y sanción”, afirma el especialista y dirigente del PLD en un despacho de la Secretaría de Comunicaciones peledeísta.
Argumenta Carlos Manzano que el problema no radica en la ausencia de normativa jurídica, sino en las debilidades que han evidenciado sectores del partido de gobierno al momento de seleccionar, depurar y evaluar a sus candidatos a cargos electivos, así como a las personas que son designadas en el tren gubernamental.
Advierte que la iniciativa legislativa, presentada por el presidente del PRM, surge en un contexto marcado por escándalos públicos, investigaciones judiciales y procesos de extradición que han involucrado a dirigentes y funcionarios vinculados al oficialismo, lo que ha afectado la credibilidad institucional y la confianza ciudadana.
“Intentar presentar esta situación como un problema general de todos los partidos políticos constituye un esfuerzo por diluir responsabilidades y confundir a la opinión pública”, apuntó.
Concluye afirmando, “Cuando fallan los controles internos de los partidos, el problema no es la ley. El problema es la falta de responsabilidad política de sus líderes. En tal sentido, el problema no está en las leyes, está en el PRM”.
