La prisión preventiva y el hacinamiento constituyen las dos característas dominantes del encarcelamiento en el país.
En el Nuevo Modelo Penitenciario para el 2020 habían 5,567 internos preventivos, mientras que en el Modelo Tradicional había un total de 10,761.
Para el 2021 había un total de 6174 internos preventivos en el Nuevo Modelo, en tanto que en el Modelo Tradicional sumaban 10,118 los internos preventivos.
Mientras que en el 2022, en el nuevo y el modelo tradicional había un total de 15,310 presos preventivos, en el 2023, había 15,442 presos preventivos.
En tanto que en el 2024 tanto en el nuevo modelo como el tradicional, aumentó a 15,717 los encerrados preventivos, un 59.54%, de un total de 26, 396 privados de libertad en todo el país.
Estos niveles están causando mucha preocupación entre juristas y catedráticos universitarios, quienes piden a jueces y fiscales dejar de hacer un uso abusivo y excesivo del tratamiento de la prisión preventiva.
El informe elaborado por Manuel Antonio Acosta Polanco, encargado de la división de estadística, destaca además que en el 2022 había 10,401 privados de libertad con condenas, en el 2023 un total de 10,755 de privados de libertad con sentencia y en 2024 hasta la fecha un total de 10,679 condenas.
Defensa Pública
El director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, Rodolfo Valentín Santos, ha calificado como “alarmante” la cantidad de presos preventivos en el país, ya que el 60 por ciento de los reos están a la espera de una condena definitiva, tras señalar que en la población carcelaria actualmente existe hacinamiento.
Indicó que el exceso de la prisión preventiva, que es la medida de coerción más gravosa, se ha convertido en el sistema judicial dominicano en una pena anticipada, además de que contribuye a la sobrepoblación de las cárceles.
“Es la no aplicabilidad de la norma o del Código Procesal Penal, tenemos lamentablemente un proceso deficiente, tenemos funcionarios temerosos de cumplir la ley”, indicó Valentín Santos-.
A su consideración cuando los fiscales solicitan a los jueces imponer prisión preventiva a las personas que someten a la justicia, estos “por la presión populista penal, imponen estas penas de modo automático bajo el predicamento de que ‘sin presos no hay proceso”.
Para el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, es impostergable que se le preste atención al sistema penitenciario del país ya que muchos privados de libertad carecen de atención que garanticen sus derechos y estos centros siguen siendo lugares de origen de crímenes y delitos.
Señaló que en la actualidad las cárceles dominicanas están sobrepobladas lo que dificulta una atención con garantía de derechos para los internos.
De acuerdo con un estudio del Defensor del Pueblo, un 30 por ciento de la población carcelaria tiene problemas cardiacos, enfermedades oculares, enfermedad de células falciformes y un 20 por ciento padece problemas de salud mental; 10 por ciento de enfermedades renales, 8 por ciento de diabetes, 5 por ciento Tuberculosis y 3 por ciento con VIH, siendo un dato alarmante que de la población penitenciaria la mitad no recibe atención.
