La fiscal departamental de la región boliviana de Tarija, Sandra Gutiérrez, denunció este miércoles que la cabeza del Ministerio Público la echó de su cargo y ordenó frenar una orden de captura contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) en una investigación por posible trata y tráfico de personas.
En declaraciones a los medios, Gutiérrez explicó que primero recibió un instructivo del fiscal General del Estado, Juan Lanchipa, de dejar el caso y disolver la comisión creada para investigarlo porque supuestamente se haría cargo del mismo la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil.
Según Gutiérrez, el instructivo de Lanchipa también indicó que «deberá dejar sin efecto cualquier disposición emitida que contravenga la presente instructiva», lo que supuso «dejar sin efecto la comisión», ya que, aseguró, le amenazaron con «procesos penales y disciplinarios» si no lo hacía.
La ahora exfiscal explicó que en esta jornada dos de los tres fiscales de esa comisión recibieron «memorandos de agradecimiento» por sus servicios y que fue removida del cargo tras negarse a renunciar.
Gutiérrez aseguró que la nueva encargada del caso «ha venido a impedir, a deshacer esta conformación y a parar absolutamente todas las investigaciones que estábamos llevando adelante».
«Habiendo un montón de directrices que nosotros teníamos, teníamos un mandamiento de aprehensión contra Juan Evo Morales Ayma, teníamos (órdenes de) aprehensión también hacia otras personas. Lo han dejado sin efecto», señaló.
La abogada, que fue ministra de Justicia en la gestión presidencial de Morales en 2014, explicó que desconocen «cómo se ha filtrado» la orden de captura «porque no se ha entregado a nadie».
«Sin embargo, faltando una hora (para que se ejecute), se nos notifica con la acción de libertad en la ciudad de Santa Cruz, ni siquiera acá (en Tarija), para que se deje sin efecto la orden de aprehensión contra Juan Evo Morales», sostuvo.
La acción de libertad fue presentada en Santa Cruz solamente contra los dos fiscales que fueron echados en esta jornada y se excluyó a una tercera funcionaria, denunció Gutiérrez.
El caso por el que se investiga a Morales es por el supuesto delito de «trata y tráfico de personas» y «habría ocurrido» cuando la supuesta víctima «tenía 15 años» en una provincia de Tarija, si bien Gutiérrez se excusó de dar mayores detalles al haber una menor de edad involucrada.
Gutiérrez señaló que «los antecedentes vienen de un informe de inteligencia» y denunció que supuestamente hay «órdenes específicas» de Lanchipa «de no hacer absolutamente nada» sobre este caso.
«Yo no puedo dejar. Cómo va a creer entonces la sociedad, las víctimas, cómo van a acudir ante el Ministerio Público, sea del departamento que sea, si va a haber esa intromisión», cuestionó.
También señaló que analizará la posibilidad de presentar una denuncia internacional «porque el delito de trata y tráfico es un delito de lesa humanidad».
El caso surge en medio de la pelea interna en el gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) entre las facciones afines a Morales y al presidente del país, Luis Arce, por el control del partido, la forma de administración del Estado y la candidatura presidencial para las elecciones generales de 2025.
