Miembros de la Dirección General de Migración (DGM), e integrantes de otras entidades gubernamentales, sometieron a personas, principalmente a aquellas con ascendencia haitiana, a “tratos degradantes y “abuso físico”. Así lo afirmó el reporte de Derechos Humanos en República Dominicana correspondiente a 2023, emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
En este documento de 48 páginas, Estados Unidos indicó que organizaciones locales e internacionales se mostraron preocupadas por el trato recibido por migrantes haitianos durante operativos de la DGM, así como en los centros de retención migratorios en Santiago y Haina.
Asimismo, señaló que entre los maltratos sufridos por migrantes haitianos está la deportación ilegal de niños, mujeres embarazadas y ancianos; incautación o destrucción de documentos de identidad; robo de artículos personales y detenciones arbitrarias.
Igualmente .lamentó que la impunidad continuó siendo un problema en el seno de las fuerzas de seguridad, especialmente en la Policía Nacional y Migración.
DETENCIONES ARBITRARIAS
De acuerdo con el referido informe, los arrestos y detenciones arbitrarios sin autorización judicial siguieron siendo un problema en 2023, especialmente contra personas consideradas migrantes haitianos indocumentados, que “fueron detenidos con frecuencia en público o en residencias privadas sin causa probable ni orden judicial”.
Además, se resaltó que hubo reportes que Migración detuvo arbitrariamente a personas, incluidos ciudadanos dominicanos y residentes extranjeros legales, basándose solamente en la percepción de que podrían ser migrantes haitianos con estatus migratorio irregular.
DISCRIMINACIÓN POR COLOR DE PIEL
De manera similar, en este informe se indicó que representantes de la sociedad civil aseveraron que ciudadanos de ascendencia haitiana, migrantes haitianos, personas apátridas de ascendencia haitiana y gente que por su tez oscura fueron percibidas como haitianas, se enfrentaban a obstáculos al viajar dentro de República Dominicana.
“El temor a la detención y la deportación llevó a estas personas a limitar sus movimientos fuera de sus comunidades de residencia, restringiendo así su capacidad de acceso al empleo, la atención sanitaria y otros servicios sociales”, leía parte del mencionado documento.
