El campo dominicano no puede seguir siendo víctima del descuido institucional ni de la improvisación administrativa
Por: Johnny Pujols, secretario general del PLD
El campo dominicano no puede seguir siendo víctima del descuido institucional ni de la improvisación administrativa. En el momento de escribir estas líneas, el precio del cacao alcanza niveles históricos en el mercado internacional, y permitir que se pierda una parte significativa de la cosecha sería, además de un error técnico, una grave falta de responsabilidad con miles de productores que sostienen con su trabajo una de las actividades más relevantes de nuestra economía rural.
La producción de cacao no es marginal. Representa un eje estratégico de nuestras exportaciones agropecuarias y es fuente directa de ingresos para comunidades enteras. Entre 2011 y 2020, bajo los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, se impulsó una política decidida de apoyo al sector, con resultados verificables: la producción creció un 56 %, pasando de 54,779 a 85,628 toneladas métricas, y las exportaciones aumentaron un 35 % en ese mismo período.
Estos avances no fueron producto del azar. Se debieron a una combinación de asistencia técnica, financiamiento oportuno y la construcción de infraestructuras clave para fortalecer la cadena de valor del cacao. En ese marco, se levantaron dos centros de secado y curado de granos en San Juan, con capacidad suficiente para procesar 5,000 toneladas en pocas semanas. Asimismo, se construyó una planta de beneficiado y secado en El Seibo, diseñada para dar servicio a productores de esa provincia y de otras zonas productivas como Monte Plata, Hato Mayor y La Altagracia.
Hoy, sin embargo, enfrentamos un panorama alarmante. Las lluvias de las últimas semanas han acelerado la maduración del cacao, saturando los centros de acopio e interrumpiendo la recepción del grano. Técnicos del sector estiman que, si no se actúa con urgencia, podrían perderse unas 5,000 toneladas de la cosecha actual. Esto implicaría dejar de percibir aproximadamente 48.5 millones de dólares, con un impacto directo sobre cientos de pequeños y medianos productores.
La pregunta que toda autoridad sensata debería hacerse es sencilla: si ya existen las infraestructuras necesarias y el país cuenta con centros de procesamiento adecuados, ¿por qué no se están utilizando? ¿Qué impide que se activen de inmediato los centros de San Juan y El Seibo, construidos precisamente para situaciones como esta? La respuesta, lamentablemente, apunta a la falta de voluntad política, a la ausencia de gestión técnica y al desapego hacia el campo que se ha evidenciado en la actual administración.
Desde el Partido de la Liberación Dominicana proponemos un conjunto de medidas concretas que pueden ejecutarse sin dilación:
• Conformar brigadas de apoyo para la cosecha, el picado y el traslado de las mazorcas.
• Trasladar el grano hacia los centros de secado de San Juan y Vallejuelo, para su procesamiento inmediato.
• Operar dichas plantas a plena capacidad, con el personal técnico y gerencial requerido.
• Establecer un plan de financiamiento para instalar nuevos centros en zonas con alta producción y poca infraestructura.
• Asegurar que los productores reciban el pago correspondiente en un plazo razonable, sins depender de intermediarios.
No se trata de una discusión partidista. Se trata de una responsabilidad de Estado.
Ya el país vivió las consecuencias de la falta de planificación: en 2021 se perdieron más de 950 millones de pesos por una gestión fallida en la producción de cebolla. No podemos permitir que ese tipo de errores se repitan, y menos aún cuando se trata de una producción que representa ingresos reales y estabilidad para miles de familias.
Cada saco de cacao encierra el esfuerzo de una comunidad que trabaja con constancia, paciencia y esperanza. El Estado tiene la obligación de garantizar que ese esfuerzo no se pierda por inacción.
Proteger la cosecha de cacao no es simplemente una decisión económica. Es cumplir con los compromisos asumidos, es hacer valer la inversión pública realizada en infraestructuras que hoy se encuentran subutilizadas, y es, sobre todo, reconocer la dignidad de quienes viven de la tierra. Es afirmar una visión de país en la que el campo tiene un lugar prioritario, y donde las políticas públicas se ejecutan con responsabilidad, eficiencia y visión de futuro.
(c) Publicado originalmente en Vanguardia del Pueblo
