Por: Richard Medina
En la actualidad se discute en el Congreso el proyecto que modifica la Ley No. 225-20 General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos. Esta modificación, aunque bien intencionada, tiene aspectos que deberían ser reconsiderados por los congresistas.
El primer aspecto es el aumento de la contribución especial para la gestión integral de residuos. El proyecto de ley establece aumentos del aporte entre 60% y 3,746%. En el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), la contribución propuesta equivaldría al 0.12%-0.73% de sus ventas brutas anuales, frente al 0.02%-0.10% actual. Aunque deducible del impuesto sobre la renta (ISR), el aumento parece excesivo. En ese sentido, se propone reducir el aumento de la contribución especial para hacerlo menos oneroso.
Ante esto, cabe preguntar: ¿cuánto dinero se necesita para gestionar los residuos sólidos? Con el alza propuesta, se recaudarían entre RD$8,000 y RD$12,000 millones adicionales netos al año (después de deducir la reducción de la base para el cobro del ISR). Si se suman los RD$5,700 millones adicionales que deberá aportar el Gobierno Central (se propone 0.5% de los ingresos tributarios), se estaría aumentando el financiamiento a la gestión de residuos sólidos entre RD$13,700 millones y RD$17,700 millones.
El segundo punto es la obligación de utilizar resina reciclada en la producción de plásticos: 10% en 2026 y aumentos graduales desde 2027 hasta lograr 30%. Aumentar el uso de material reciclado es una meta deseable a largo plazo. Sin embargo, para implementar ese mandato se debería evaluar si en República Dominicana existen la capacidad de reciclaje de resina y el mercado suficientes para cumplir con el 10% inicial. De no tenerse, implicaría costos adicionales y pérdida de competitividad de la industria local. En este caso, se debe preferir la gradualidad en el uso de resina reciclada; otros países iniciaron con un requerimiento mínimo de 3% a 5%, y aumentos graduales en 10-15 años.
Asimismo, esta iniciativa no distingue entre tipos de productos de plástico. No es lo mismo usar material reciclado para fabricación de botellas o fundas, que para partes plásticas de productos de exportación como los dispositivos médicos. Esta distinción es importante. Productos de plásticos usados en alimentos y bebidas, o salud tienen que cumplir regulaciones sanitarias específicas. Ordenar un porcentaje de uso de resinas recicladas en la producción de los mismos generaría mayores costos de cumplimiento para las empresas dominicanas, en especial para las zonas francas. Sería importante incluir esquemas diferenciados de requerimientos mínimos graduales de uso de resina reciclada, de acuerdo al tipo de producto de plástico.
Un tercer punto es el aumento de los costos de operación para las MIPYMES que participan actualmente en el ecosistema de gestión de residuos sólidos. Esto podría hacer inviable su actividad y reducir el atractivo de operar en comunidades pequeñas. Por ello, se debería escuchar las preocupaciones de empresas pequeñas y colectivos de recicladores ante la reforma propuesta.
En conclusión, si bien la modificación de la Ley No. 225-20 busca avanzar en la sostenibilidad ambiental, es fundamental evaluar con más profundidad su impacto económico y operativo en las empresas locales, especialmente en la industria, MIPYMES y zonas francas. El objetivo debe ser promover la economía circular sin comprometer la competitividad y capacidad productiva del país.
(c) Publicado originalmente en Listín Diario
