Las deportaciones masivas de inmigrantes haitianos y las estampidas voluntarias de miles de estos extranjeros hacia su país, ya afecta la industria de la construcción en la República Dominicana, cuya mano de obra depende básicamente de esa población.
Así lo manifestó ayer domingo en asamblea, la Unión Nacional de Maestros Constructores (Unamacons), que además agrega los altos precios de los materiales de construcción, falta de iniciativas de inversión estatal, la que se limita a muy pocas obras, así como los impuestos de diferentes índoles.
Manuel Gutiérrez, presidente de la Unamacons, Francisco Concepción, presidente en funciones, así como Jean Loc, dirigente de la entidad, deploraron que el sector construcción tenga que depender de la mano de obra haitiana, lo que atribuyen a las bajas tarifas salariales, que no son atractivas para los dominicanos.
El salario de un obrero o peón es de apenas RD$817 por día; mientras que el de un maestro de área, albañil, carpinteros y otros, es de RD$2,451, a pesar de que estos últimos han sido preparados para lograr obras de excelencias.
“Abogamos por una tarifa más digna, más alta, un peón no puede vivir con 817 pesos diario, pero una mano de obra especializada, que es un maestro de área, no puede vivir con 2 mil 451 pesos por día, esto tiene que cambiar”, expone Gutiérrez.
En la asamblea efectuada en el Centro Bonó, manifestaron que al gobierno eliminar la Dirección General de Edificaciones del Ministerio de Obras Públicas, los procesos de exámenes y entregas de licencias a los maestros constructores han caído en el vacío.
Demandan públicamente al Ministerio de la Vivienda y Edificaciones poner mayor atención al caso, ya que cientos de maestros constructores desean examinarse y obtener sus licencias de maestros autorizados, tal como lo exige la Ley 115-66.
Gutiérrez calcula la paralización del sector construcción en alrededor de un 60 por ciento, agudizado luego de las deportaciones masivas de inmigrantes de origen haitiano y la salida voluntaria de miles a raíz de la crisis entre República Dominicana y Haití, por la construcción de un canal al otro lado de la frontera para desviar las aguas del río Masacre.
El Código de Trabajo de RD establece que el 80% de los trabajadores de una empresa debe estar integrado por dominicanos (Artículo 135) el restante 20% puede ser para trabajadores extranjeros.
Estiman que con las tarifas salariales existentes es casi imposible cumplir con la normativa para que los dominicanos trabajen la construcción.
