Nueva York (EFE).- La gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, acusó este martes al Gobierno de Donald Trump de recortar los fondos para contraterrorismo en un 86 % por motivos políticos y denunció, junto a otros estados, que esa desfinanciación está vinculada a su cooperación con la agenda de inmigración.
Hochul criticó hoy a Trump y a la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, a quien envió una carta, por unos recortes del 86 %, que suponen 187 millones de dólares menos, a fondos críticos para la lucha contra el terrorismo, según un comunicado.
La gobernadora demócrata consideró «el colmo de la hipocresía» que un Gobierno republicano «desfinancie literalmente a la policía», reivindicó que el contraterrorismo es «fundamentalmente una misión federal» e instó a Noem a «no jugar con fondos críticos para la seguridad».
De acuerdo con la carta, tras una decisión de recortes del DHS tomada el pasado viernes sobre el Programa Federal de Subvenciones de Seguridad Nacional, la asignación anual de 230 millones de dólares para Nueva York ha quedado reducida a treinta millones.
«Le llamo a ser transparente con lo que parece un esfuerzo motivado políticamente para reducir financiación a Nueva York», dice Hochul a Noem.
Fiscales de varios estados piden acabar los recortes
En paralelo a esta acusación, la Fiscalía del estado de Nueva York, liderada por Letitia James, se ha sumado a un grupo de once estados, todos con fiscales demócratas, que reclaman a la Justicia paralizar esos recortes del programa de subvenciones «por negarse a apoyar la agenda de inmigración» del Gobierno.
De acuerdo con la demanda de los fiscales, interpuesta ante un tribunal federal de Rhode Island, se anota que Trump ordenó al DHS «asegurar que las jurisdicciones llamadas santuario (refugio para inmigrantes) no reciban acceso a fondos federales» y ha declarado a algunas de ellas en «insurrección».
El documento señala al juez que el DHS «busca castigar a los estados con políticas relacionadas con la cooperación de las fuerzas del orden» con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en referencia a la negativa a esa colaboración por parte de las jurisdicciones «santuario». (EFE)
