Como en todo tipo de actividad donde está en juego la inversión monetaria de una persona, a la hora de hacer una negociación con un inmueble hay que ser precavido.
No se puede confiar en todo lo que diga un aviso de venta. Más allá de lo que allí se diga, hay que estar muy atento a varios aspectos para no ser víctima de una estafa inmobiliaria.
Por eso, el especialista en Derecho Penal, Francisco Álvarez, hace algunas recomendaciones para estar atentos a cualquier normalidad:
–Asistencia legal: Idealmente, toda negociación debe ser gestionada con la asistencia de un abogado.
–Verificación de propiedad: Solo tratar con el propietario real o un apoderado legítimo. Solicita copia del título y, si es un apoderado, el original del poder de representación.
El notario solo certifica firma, no el contenido. No es garantía de veracidad.
–Trabajo de campo: Confirmar propietarios con empleados/vecinos puede ofrecer información valiosa para identificar posibles fraudes.Precios irreales deben ser una señal de alerta para realizar revisiones adicionales.
–Pagos: Evita realizar pagos a terceros. Todos los pagos deben ser dirigidos al propietario o su apoderado legal, y éste último, con la documentación necesaria.
–Creación de un departamento especializado: (Quizás Pro Consumidor), dedicado a dar soporte, orientado a identificar elementos formales mínimos para interactuar, y aconsejar unilateralmente al ciudadano ante situaciones específicas, sin generar criterios vinculantes.
–Registro de promesas de venta: Legislar para requerir su registro (cuando existan) podría ser eficaz para evitar doble venta, hipotecas a espaldas del titular del eventual derecho de propiedad, usurpación de identidad, y otros.
–Mejor acceso a Registros Públicos: Es vital simplificar el acceso a los registros públicos, obtener información de la Jurisdicción Inmobiliaria es una tarea ardua; facilitar este proceso contribuirá a reducir los fraudes.
–Soluciones Jurisdiccionales: Reconocer que las soluciones judiciales suelen ser lentas y pueden resultar desalentadoras para los ciudadanos, es necesario buscar mecanismos que agilicen los procesos judiciales en casos de fraudes inmobiliarios, ideando medidas provisionales que aseguren la propiedad, o la eventual restitución.
–Comprensión del comportamiento dañino: Si usted entregó dinero a un intermediario, y este último desvía los fondos, podría constituir un abuso de confianza.
Por otro lado, si a través de engaños, alguien le induce a entregar fondos y luego descubre que, por ejemplo, no era el propietario, el inmueble no estaba en venta o no existía, se trataría de una estafa.
Si no se encuadra en ninguna de estas categorías, aún tiene acciones resarcitorias (civiles). Es crucial entender estas distinciones, ya que los plazos procesales pueden ser contraproducentes en ocasiones.
Francisco Álvarez Martínez advierte que ni el Estado, ni los particulares, pueden enfrentar un fraude de este tipo, solos.
«Se necesita esfuerzo mancomunado y constante para, a mediano o corto plazo, mitigar el impacto de estos esquemas que, aunque ahora sobre la palestra, tienen décadas azotando nuestro país. La única vacuna es el conocimiento (+recibir asesoría oportuna)», enfatizó.
