Por: Temistocles Montás
Tras el asesinato del presidente Vilbrun Guillaume Sam, Estados Unidos invadió Haití en 1915 argumentando la necesidad de restablecer el orden, promover la estabilidad y construir instituciones modernas. Sin embargo, la intervención impuso una estructura autoritaria y centralizada, que marginó la participación local: Se gobernó por decretos y se reformó la Constitución de 1918 para permitir propiedad extranjera de la tierra, en beneficio de los intereses estadounidenses. Asimismo, se creó una nueva gendarmería, germen del ejército haitiano, que se transformó posteriormente en un aparato represivo.
Al terminar la intervención en 1934, Haití carecía de instituciones democráticas funcionales debido a la debilidad estructural dejada por la ocupación, que no construyó capacidad institucional ni fomentó una cultura política democrática.
La llegada de François Duvalier al poder en 1957 es, en gran medida, resultado indirecto del fracaso de la ocupación estadounidense en desarrollar una institucionalidad democrática. Junto a su hijo, Duvalier estableció una de las dictaduras más largas y represivas del Caribe, dejando un legado predominantemente negativo y regresivo en términos materiales e institucionales.
En febrero de 1991, Jean Bertrand Aristide fue electo democráticamente presidente de Haití pero el 30 de septiembre de 1991, tan solo ocho meses después de asumir la presidencia, fue derrocado por un golpe de Estado que tuvo consecuencias profundas a nivel político, económico, social e internacional. En 1994, bajo presión internacional y con el liderazgo de Estados Unidos, se organizó una intervención militar autorizada por la ONU que permitió el retorno de Aristide al poder para cumplir su mandato que terminó en 1996. Si bien esa intervención produjo avances técnicos en áreas como la policía y la justicia, no se logró construir una cultura política democrática.
Aristide retorna al poder en 2001 pero es derrocado en febrero de 2004 producto de una combinación explosiva de crisis política, revuelta armada, descontento social, corrupción, pérdida de legitimidad y presión internacional. Esa situación generó un vacío de poder y un caos institucional que condujo al colapso del orden público. En ese contexto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó el 30 de abril de 2004 el establecimiento de la Minustah para reemplazar una fuerza multinacional temporal desplegada tras la caída de Aristide.
El mandato de la Minustah incluía restaurar la seguridad y el Estado de derecho; apoyar el proceso político, incluyendo elecciones democrática; promover el respeto a los derechos humano; apoyar la reforma y fortalecimiento de instituciones estatales, especialmente la Policía. La misión duró hasta octubre de 2017 y su efectividad ha sido objeto de debates. Si bien, se logró una cierta estabilización del país, no se abordaron las raíces de la debilidad institucional, y tras su salida, las instituciones colapsaron nuevamente, demostrando su dependencia de la presencia internacional.
Por lo visto, las múltiples intervenciones militares en Haití no han logrado sentar las bases de un Estado funcional ni revertir el colapso institucional. Frente a ese panorama, la actual Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS), liderada por Kenia, enfrenta un enorme desafío: actuar no solo como fuerza de contención de la violencia, sino también como facilitadora de un proceso profundo de reconstrucción institucional y cultural. En resumen, construir Estado. Y esto no es una tarea fácil.
Hasta ahora los haitianos no han sido capaces de lograr acuerdos sostenibles. Existe una desconfianza radical entre los actores políticos, que se perciben mutuamente como amenazas existenciales, no como rivales legítimos. El poder en Haití no se entiende como un bien común, sino como un recurso para la supervivencia individual o de grupo. No hay tradición de negociación política estructurada, sino de confrontación, improvisación y oportunismo. La mayoría de los actores políticos no representan a nadie. Se negocia entre individuos o grupos ocasionales, no entre fuerzas políticas institucionalizadas.
¿Cuánto tiempo se necesitará para transformar esa situación y desarrollar en Haití una verdadera cultura democrática?
La intervención estadounidense de 1915 a 1934 duró 19 años y no lo logró; la de la MINUSTAH duró 13 años y tampoco lo logró. Dado el actual nivel de degradación de la situación haitiana, un horizonte realista podría situarse entre 25 y 40 años. Surge otra pregunta: ¿Existe alguna probabilidad de que la comunidad internacional financie sostenidamente durante más de 25 años una misión orientada no solo a la pacificación sino también a la construcción de un Estado democrático en Haiti?
