Luego de dos meses de iniciada la crisis provocada por los conflictos en el oriente medio, el Gobierno dominicano no ha presentado un plan serio que permita al país enfrentar de manera correcta los efectos negativos que dicha crisis ha provocado y continuará provocando a la economía nacional.
Por el contrario, a partir de los reclamos de diversos sectores políticos y sociales para que presente un plan de austeridad gubernamental, es ahora de manera tardía, que presenta unos lineamientos muy generales y vagos que no resolverán el problema, sino que, frente a la actual coyuntura internacional, pretende instalar en la opinión pública un falso dilema: que la solución se reduce a recortar el financiamiento a los partidos políticos.
El gobierno admite necesitar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos para enfrentar la crisis. Y la única medida que presenta con mayor énfasis mediático y con números reales es la que consiste en recortarles nuevamente el financiamiento público legal a los partidos políticos. Las demás medidas propuestas son un rosario de enunciados generales, algunos con forma poética y con matices de redacción de inteligencia artificial.
Ese planteamiento no es serio. Y, sobre todo, no resuelve el problema.
Nadie está en contra de la austeridad. Todo lo contrario. La austeridad, cuando es real, es una obligación en la gestión pública. Pero no puede ser un discurso; tiene que ser una práctica coherente, verificable y sostenida en el tiempo.
Este Gobierno ha tenido múltiples oportunidades para demostrar esa coherencia. Ha dictado decretos de austeridad que no ha cumplido. Y en la práctica, el gasto público no se ha reducido.
Por el contrario, lo que vemos es un gasto que se mantiene elevado y mal orientado.
En ese contexto, proponer recortar un 50% adicional al financiamiento a los partidos políticos no es una política de austeridad. Es una medida superficial, que no impacta el problema fiscal, y que desvía la atención del dispendio real de los recursos públicos, toda vez que dicho monto representa mucho menos del 2% del presupuesto que dice necesitar.
Eso no es un plan de austeridad, es un engaño con matices políticos.
Pero, además, no es la primera vez que ocurre.
El gobierno de Luis Abinader y el PRM ha intentado limitar los recursos de los partidos de oposición desde el mismo 2020, cuando intentó presentar un presupuesto nacional para 2021 que reducía el monto asignado a los partidos políticos y, más grave aún, en los hechos, desde el 2022 ha estado violando la Ley de Partidos, al asignar en los presupuestos partidas inferiores a la mitad de la que manda dicha ley.
Para que la sociedad dominicana esté debidamente informada, la ley establece que, en años no electorales, los partidos políticos deben recibir el 0.25% de los ingresos nacionales. Este porcentaje responde a la necesidad de garantizar condiciones mínimas de competencia política, evitar que los intereses empresariales se adueñen de los partidos a través del financiamiento privado y fortalecer la institucionalidad democrática, cerrando el paso además a posibles financiamientos espurios del narcotráfico y de la delincuencia organizada.
No obstante, en el 2022, en el contexto de la crisis derivada de la guerra entre Ucrania y Rusia, el gobierno redujo el financiamiento aproximadamente a la mitad, es decir en vez del 0.25 %, solo asignó en el presupuesto de ese año el 0.125% de los ingresos nacionales. Se justificó como una medida excepcional que se ha mantenido en el tiempo, pero sentó un precedente institucional muy negativo, ya que abrió la posibilidad de que a través de la del presupuesto incumplía montos asignados según otras leyes.
Ya que en términos reales el gobierno está asignando, desde 2022, la mitad de lo que manda la ley, la realidad es que lo que pretende ahora es disminuir el financiamiento a apenas 0.0625%, lo que equivale a una cuarta parte del monto originalmente establecido por la ley. Este no es un ajuste menor: ya que disminuye drásticamente la capacidad de acción de los partidos de oposición, como contrapeso necesario en toda democracia.
No es un hecho aislado, como vemos se inscribe en un patrón de comportamiento. La reducción del financiamiento partidario y la expansión del aparato estatal combinadas crean condiciones de competencia desleal.
Los partidos políticos no son un gasto accesorio. Son instrumentos fundamentales de la democracia. Reducir de manera sistemática su capacidad operativa implica, en los hechos, limitar la competencia política.
Y sin competencia política real, no hay democracia sólida.
Además, debilitar el financiamiento público abre la puerta a una mayor dependencia de recursos privados, lo que distorsiona la representación política. Por eso, este no es un debate sobre los partidos. Es un debate sobre la necesidad de frenar el dispendio gubernamental de los recursos públicos.
Si el Gobierno quiere hablar en serio de austeridad, debe empezar por donde realmente está el problema. El país necesita un plan real, no medidas simbólicas ni populistas. La austeridad no se anuncia. Se practica en el día a día. Y empieza por el propio Gobierno.
El PLD no cederá ante el chantaje. Sabemos cómo empieza el autoritarismo y cómo termina ese camino. El PLD propuso un plan serio y fácil de implementar para atender la crisis, y hoy elevamos la apuesta: si el objetivo es austeridad, ponemos sobre la mesa un plan de austeridad real que este gobierno no tiene el valor de ejecutar:
Primero — reducción de la nómina pública improductiva y publicación inmediata y completa en los portales del Estado de todos los salarios, incluyendo los contratos de servicios que se han mantenido ocultos.
Desde 2020 la nómina pública creció en más de RD$144,000 millones —no en servicios al ciudadano, sino en aumentos de salarios, garantías de privilegios y lujos para funcionarios que en muchos casos no generan ningún beneficio verificable para el país.
Segundo — Congelar, de inmediato, todas las declaratorias de compras de emergencia. Las compras de emergencia se han convertido en el principal mecanismo de evasión de la Ley de Compras. Suspensión total mientras dure la crisis. Ninguna excepción.
Tercero — Congelar los programas sociales que no estén vinculados al SIUBEN y publicar la lista completa de beneficiarios. Y responder con datos los avances de la investigación en los escándalos de corrupción en SENASA, en Educación, y en la repartición de los bonos navideños y de todo tipo.
Cuarto — Reducir el 50% en dietas, gastos de representación y bonos de funcionarios. Si gastaron RD$1,037 millones en dietas en un solo mes, reducirlos a la mitad libera más recursos que los que les quitan a todos los partidos en el año.
Quinto — Eliminar total del gasto en eventos, actividades de entretenimiento y servicios de televisión por cable del Estado. Ese no es gasto del Estado. Es el festín de un partido.
Sexto — Suspender inmediatamente la práctica de otorgar pensiones especiales, comenzando por revisar todas las que superan RD$100,000 mensuales a personas que nunca han trabajado en el Estado y que no cumplen con los criterios establecidos por la ley.
Es una burla: mientras el dominicano promedio trabaja jornadas extraordinarias sin poder cubrir la canasta básica ni pagar los servicios esenciales, el gobierno premia con pensiones de lujo a militantes y aliados políticos.
Séptimo — Desarrollar un plan vinculante con metas trimestrales para reducir las pérdidas eléctricas de las distribuidoras del 41% actual al 25% en 18 meses, bajo interventoría independiente.
Octavo— Realizar una auditoría forense independiente sobre el destino de los US$775 millones del contrato de AERODOM, con resultados públicos en 60 días y consecuencias penales si aplica. Ese dinero pertenece a todos los dominicanos.
En conjunto, estas ocho medidas representan más de 400 veces el presupuesto total de los partidos políticos. Que alguien le explique al país por qué no iniciar por acá — sino por algo tan marginal y económicamente limitado — si el objetivo no es puramente político.
Ese es el verdadero problema. Y ese es el debate que el Gobierno quiere evitar.
