Prisoners Defenders y Consorcio Justicia lanzaron “Cuban Medical Brigades”, que contiene más de 1.400 testimonios y visibiliza contratos que acreditan confiscación salarial, vigilancia y separación familiar forzosa
Gastón Calvo. Infaboe
Las prestigiosas organizaciones Prisoners Defenders y Consorcio Justicia lanzaron este miércoles Cuban Medical Brigades, la mayor base de datos pública sobre las misiones médicas cubanas, con informes individuales para 209 países y territorios que documentan contratos, normativas, testimonios y cadenas de pago de un programa que, según ambas ONGs, constituye una forma contemporánea de esclavitud.
La plataforma permite a gobiernos, parlamentos, periodistas y ciudadanos rastrear, país por país, cuántos profesionales fueron enviados, bajo qué acuerdos, cuánto cobró el Estado cubano y qué recibió efectivamente el trabajador. Con corte a junio, el sistema registra 53 misiones activas y un estimado de 25.724 profesionales desplegados en el exterior.
“Durante más de seis décadas, el régimen cubano ha utilizado la medicina como un mecanismo de propaganda y, sobre todo, como su mayor fuente de ingresos ilegales por esclavitud”, afirmó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en diálogo con Infobae.
Y agregó: “No puede llamarse solidaridad a un sistema que confisca salarios, vigila, amenaza, controla las relaciones personales y amorosas, y castiga a quien osa dejar el trabajo en una brigada médica con la denominación de desertor y traidor a la patria”.
La columna vertebral de Cuban Medical Brigades son 1.402 testimonios recopilados desde 2018, de los cuales 1.185 son protegidos y 217 públicos, procedentes de profesionales con experiencia en 60 países. El análisis estadístico de los testimonios protegidos revela distintos patrones documentados de manera recurrente.
El primero es la ausencia de consentimiento: el 89,79% de los declarantes afirmó haber sido forzado a participar o haber aceptado por causas coercitivas. En la pregunta específica sobre voluntariedad, el 77,72% respondió que su participación no fue libre. El 32,41% declaró no haber recibido contrato alguno, y el 36,20% firmó uno sin recibir copia. El 69,62% no conocía su destino definitivo o este cambió al llegar.
El segundo patrón es el de vigilancia y control de la vida privada. El 77,64% de los declarantes reportó vigilancia por funcionarios cubanos o sus colaboradores; el 81,18% tuvo restricciones de movimiento dentro del país de destino; el 40% sufrió la retención de su pasaporte al llegar; y el 68,69% señaló la existencia de toque de queda.
La Resolución 368/2020 del Ministerio del Comercio Exterior de Cuba obliga formalmente a los cooperantes a informar a sus superiores sobre sus relaciones sentimentales y a regresar al país en la fecha y por el medio indicados por la entidad contratante.
Las jornadas de trabajo arrojan una media de 71,89 horas semanales, entre jornada ordinaria, guardias y servicios extraordinarios. El ingreso líquido medio declarado en destino fue de 462,29 dólares mensuales, lo que representa aproximadamente el 15% de lo pagado por el Estado receptor. El 85% restante queda retenido por el Estado cubano y sus entidades intermediarias.
En México, por ejemplo, documentos recabados por Prisoners Defenders registran casos en los que el profesional recibió 200 dólares mensuales de los 3.750 pagados al Estado cubano. En Italia, el acuerdo marco de Calabria de 2022 fijó 4.700 euros mensuales por profesional: 3.500 para la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC) y 1.200 para el trabajador.
Otro patrón es la separación familiar forzosa, que Larrondo describió en términos directos: “Cientos de médicos que han intentado entrar a Cuba para ver a su familia han sido expulsados por ser desertores. Miles de niños están huérfanos en la isla por este motivo”.
El 40,51% de los declarantes protegidos afirmó haber estado o continuar separado forzosamente de hijos menores, y 53 personas declararon que se les impidió entrar a Cuba para verlos. La plataforma registra 9.646 profesionales catalogados por el régimen como “desertores”. El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas expresó en 2022 su preocupación por esta prohibición de facto, que puede extenderse hasta ocho años, y solicitó formalmente modificar la legislación penal que la sustenta.
La dimensión económica del sistema también quedó expuesta. Un informe de Prisoners Defenders de 2024, basado en series cubanas disponibles y en datos de comercio de servicios profesionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), estimó que las misiones médicas generaron en 2021 ingresos próximos a 5.976 millones de dólares, lo que convierte a la exportación de servicios sanitarios en la principal fuente de divisas del régimen. El British Institute of International and Comparative Law (BIICL) examinó 48 acuerdos relativos a misiones suscritos con 19 contrapartes entre 1985 y 2023, e identificó referencias muy limitadas a las normas internacionales de derechos humanos y la ausencia de mecanismos de supervisión efectivos.
El respaldo institucional acumulado es extenso. El Parlamento Europeo aprobó cinco resoluciones entre 2021 y 2026 que describen las misiones como trabajo forzoso; la más reciente, del 18 de junio, exigió al régimen cubano poner fin a las misiones que implican trabajo forzoso y pidió que la Unión Europea (UE) no sea cómplice de esas vulneraciones.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) publicaron en abril pasado un informe temático que identificó, en determinadas misiones, los dos elementos centrales del trabajo forzoso: falta de voluntariedad y amenaza de una pena.
Asimismo, el Senado de España aprobó el pasado 7 de abril una moción que condenó el envío forzoso de profesionales sanitarios y solicitó auditar acuerdos que pudieran financiar esas prácticas.
El Estado cubano rechaza las acusaciones. Sostiene que la participación es voluntaria, que los profesionales mantienen su salario en Cuba —de aproximadamente 20 dólares mensuales— y que consienten en que parte de los ingresos financie el sistema sanitario nacional. La plataforma contrapone esa posición con datos de la OMC y del propio Estado cubano que muestran que lo destinado al sistema de salud representa menos del 1% de lo facturado por las misiones.
“Desde hoy, es más complejo que cualquier Estado, institución o empresa manifieste que no sabía lo que estaba contratando, financiando o legitimando. Pura esclavitud, el sangrado de miles de médicos que deben ser liberados, no subyugados ni perseguidos”, completó Larrondo.
Prisoners Defenders y Consorcio Justicia exigieron la eliminación de las sanciones penales, migratorias y familiares vinculadas al abandono de una misión, la publicación íntegra de los contratos y convenios, el pago directo al profesional de la totalidad de su remuneración y auditorías en los países receptores sobre el destino de los fondos.
La plataforma está disponible en cubanmedicalbrigades.org y se actualiza de forma permanente con nuevos testimonios y documentación.
