FMI dice mecanismos generalizados distorsionan señales del mercado; Jaime Aristy cita la importancia de focalizar
Martín Polanco
El alza del precio internacional del petróleo, en medio de la guerra en Oriente Medio, coloca a los gobiernos frente a una decisión compleja. En algunos casos, ante la disyuntiva de si proteger a los consumidores o preservar la estabilidad fiscal.
Con una situación así, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que los subsidios generalizados a los combustibles, lejos de ser una solución sostenible, pueden agravar la crisis económica y profundizar desequilibrios fiscales a nivel global.
La advertencia no parece aislada ni coyuntural, sino parte de un diagnóstico más amplio contenido en el informe Fiscal Monitor, que analiza las implicaciones de un choque energético sumado a un entorno ya tensionado por altas tasas de interés, menor crecimiento y mayores niveles de endeudamiento.
Concretamente, el FMI plantea que intervenir los precios de los combustibles vía subsidios masivos distorsiona las señales del mercado en un momento en el que, precisamente, esas señales son necesarias para ajustar la demanda. Ha dejado claro que en un contexto de escasez, el precio cumple la función clave de racionar el consumo.
Según el organismo, el aumento del precio de los combustibles tiene un impacto inmediato sobre el costo de vida, especialmente en economías emergentes donde el transporte, la generación eléctrica y buena parte de la cadena productiva dependen de derivados del petróleo. Esa transmisión rápida hacia los precios finales genera presión social y política, lo que explica por qué los subsidios suelen convertirse en la primera respuesta de los gobiernos.
Sin embargo, el FMI advierte que esa respuesta, aunque efectiva en el corto plazo, genera efectos colaterales importantes. Al mantener artificialmente bajos los precios –indica- se incentiva un consumo que no se corresponde con la disponibilidad real de energía, se incrementa el gasto público en un momento de fragilidad fiscal y se pospone un ajuste que, inevitablemente, tendrá que realizarse más adelante. El problema central, según el FMI, es que el costo no desaparece, sino que se traslada.
Subraya que el contexto global se ha deteriorado de forma significativa y que la guerra ha intensificado las tensiones en una economía que ya enfrentaba condiciones financieras más restrictivas, con tasas de interés altas y mayores costos energéticos. Este entorno comienza a generar nuevas presiones sobre los países, particularmente en mercados emergentes y economías en desarrollo, donde aumentan las solicitudes de apoyo estatal.
El FMI ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento y advierte que la economía mundial podría acercarse a una recesión si el conflicto se prolonga y el precio del petróleo se mantiene sobre 100 dólares por barril hasta 2027. “Es una crisis global, y, si los países suprimen la señal de los precios, el precio mundial será más alto”, apunta el organismo.
Lo que piensan de un lado y otro
Desde distintos litorales, no solo desde el FMI, sino también en el plano de República Dominicana, se tiene claro que el impacto final del conflicto dependerá de variables que aún están en desarrollo, como los controles a las exportaciones, el nivel de daño en las infraestructuras energéticas y la capacidad de otros países para aumentar la producción de petróleo. Pero, más allá de esos factores, el FMI insiste en que la respuesta de política económica será determinante para definir la magnitud de la crisis.
El Fondo Monetario en su informe calcula que la deuda pública mundial alcanzó el 93.9% del producto interno bruto (PIB) en 2025, desde el 92% del año anterior, y se proyecta que llegue al 100% en 2029, y adelantará en un año las previsiones previas. Más aun, podría escalar hasta el 102.3% del PIB en 2031, lo que representaría la mayor carga desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
A todo esto, dice el organismo, se suma el incremento en los pagos de intereses, que pasaron de representar cerca del 2% del PIB hace cuatro años a rondar el 3% en 2025. Y advierte que el escenario fiscal se complica aún más con presiones adicionales sobre el gasto.
“El aumento de las inversiones en seguridad, la transición energética y climática y los compromisos sociales, coinciden con ingresos que no crecen al mismo ritmo. A esto se suman factores como la fragmentación comercial y financiera, la volatilidad en los mercados, incluidos los asociados a la inteligencia artificial, y la inestabilidad política, todos con potencial para limitar el crecimiento y encarecer el financiamiento”, agrega el Fondo.
Insiste en que, una vez superada la fase más aguda del choque, los países deberán avanzar hacia procesos de consolidación fiscal. La advertencia es directa, cuando dice que mientras más se posterguen los ajustes, mayor será el costo y mayor el riesgo de que estos se produzcan de forma desordenada.
Lo que ocurre en la RD
En el caso de República Dominicana, el debate sobre los subsidios a los combustibles no es nuevo, pero ha cobrado más relevancia con el repunte del petróleo, especialmente porque este país no lo produce.
Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), entre el 14 de marzo y el 10 de abril de 2026 el Gobierno destinó RD$6,486 millones en subsidios extraordinarios para evitar aumentos en las gasolinas, el gasoil y el gas licuado de petróleo (GLP).
El ritmo del gasto refleja la presión del contexto internacional. Solo en la semana del 4 al 10 de abril se destinaron RD$1,912 millones, el monto más alto del período. En las semanas previas, los subsidios alcanzaron RD$1,189.8 millones (14 al 20 de marzo), RD$1,702.2 millones (21 al 27 de marzo) y RD$1,682 millones (28 de marzo al 3 de abril).
Durante ese tiempo, los precios de los combustibles esenciales se mantuvieron sin variación (el Gobierno suele decir “congelados”). La gasolina premium en RD$305.10 por galón, la regular en RD$287.50, el gasoil regular en RD$239.80 y el óptimo en RD$257.10. En contraste, otros derivados como el avtur, kerosene y fuel oil registraron alzas, reflejando parcialmente la presión internacional.
Ese esfuerzo fiscal del lado del Gobierno se produce en un contexto en el que el presupuesto contemplaba un precio del petróleo de 65 dólares por barril, mientras que el mercado ha mostrado una tendencia al alza. Ayer, el petróleo intermedio de Texas, que es el de referencia para el caso dominicano, cerró la jornada con un incremento de 3.72% y el barril a US$94.69.
Algunos deberían quedar afuera
Cuando se aborda el tema del subsidio a los combustibles en República Dominicana, el problema no se refiere solo al monto, sino a la forma en que se distribuye el apoyo. En la práctica, se trata de un mecanismo generalizado que beneficia a todos los consumidores por igual, sin discriminar entre niveles de ingreso, o entre quienes necesitan o no.
En ese subsidio están incluidos tanto los ricos, como los pobres. Es decir, esto implica que el apoyo estatal alcanza tanto a hogares vulnerables (como las amas de casa que usan gas natural para encender una estufita y cocinar), como a una empresa de gran tamaño o a una persona que usa un vehículo de alta gama y que compra la gasolina con el mismo precio subsidiado que lo adquiere un jornalero o personas con poca fuerza de bolsillo.
En la práctica, se trata de un subsidio regresivo. Al respecto, el economista, matemático y catedrático Jaime Aristy Escuder plantea que, en línea con las recomendaciones del FMI, las ayudas públicas deben ser focalizadas y temporales, dirigidas exclusivamente a los hogares más vulnerables.
Según explica, en el caso dominicano los agentes de mayores ingresos han sido los principales beneficiarios del subsidio a los combustibles, lo que refuerza la necesidad de sustituir el esquema generalizado por transferencias directas que permitan una mejor distribución del gasto público. Aristy Escuder advierte, además, que el margen fiscal es limitado.
Con niveles de deuda pública superiores a los de años anteriores y pagos de intereses en ascenso, financiar subsidios generalizados mediante mayor endeudamiento podría afectar la confianza de los inversionistas en la deuda soberana.
Surge la pregunta sobre cómo actuar y salir bien
Jaime Aristy rememora que la historia económica dominicana ofrece un antecedente relevante. En 1990, la falta de ajuste oportuno en los precios de los combustibles derivó en un aumento del déficit público, financiamiento monetario, desabastecimiento, inflación de 80% y una contracción del PIB de 5%. Las consecuencias incluyeron un aumento significativo de la pobreza y una mayor emigración.
Para economistas como Jaime Aristy, las recomendaciones del FMI no solo son pertinentes, sino urgentes. De hecho, señala que ya había planteado medidas similares al inicio del conflicto, ahora respaldadas por el organismo internacional. Deja claro que el debate, por tanto, no es si se debe actuar, sino cómo hacerlo.
(c) elCaribe Digital (17.04.2026)
