SANTO DOMINGO. R.D.— La Comisión de Ciencias Naturales y Medio Ambiente de la Academia de Ciencias de la República Dominicana (ACRD) y la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) expresaron preocupación por lo que consideran una tendencia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a facilitar espacios dentro de áreas protegidas para proyectos e inversiones privadas.
Las entidades señalaron como ejemplos el Parque Nacional Valle Nuevo, el Monumento Natural Cabo Samaná y el Monumento Natural Isla Catalina, cuyos procesos, según afirmaron, generan interrogantes sobre el cumplimiento de la legislación ambiental y la protección del patrimonio natural del país.
Cuestionan gestión de Valle Nuevo
En el caso del Parque Nacional Valle Nuevo, las organizaciones cuestionaron que instalaciones y facilidades de uso público construidas con recursos del Estado hayan sido entregadas para su administración a un gestor privado.
Afirmaron que no se han ofrecido explicaciones públicas suficientes sobre las condiciones, los criterios y el procedimiento mediante el cual se habría realizado esa negociación.
Sobre el Monumento Natural Cabo Samaná, manifestaron preocupación por el reciente plan de manejo, al considerar que contempla la posibilidad de desarrollar construcciones e infraestructuras privadas con fines comerciales dentro de la zona núcleo del área protegida.
También cuestionaron la propuesta de zonificación de la zona de amortiguamiento, debido a que, según sostienen, entraría en contradicción con la Resolución núm. 0010/2018 del Ministerio de Medio Ambiente, que establece los usos permitidos en ese espacio y que, de acuerdo con las entidades, permanece vigente.
Intervención en la Isla Catalina
Otro de los casos señalados corresponde al Monumento Natural Isla Catalina, donde, según denunciaron, se ha anunciado la transformación del área para desarrollar un centro destinado a actividades hoteleras y facilidades turísticas mediante inversión privada.
La Academia de Ciencias y la Comisión Ambiental de la UASD afirmaron desconocer los detalles de la intervención y cuestionaron que la información haya sido divulgada cuando el proyecto se encontraría en una etapa avanzada.
A su juicio, esta situación podría convertir la intervención en un hecho prácticamente consumado antes de que se conozcan públicamente sus alcances y condiciones.
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