SANTIAGO. RD.— Organizaciones ambientalistas y comunitarias mantienen su oposición a la construcción de la Autopista del Ámbar, al denunciar presuntas irregularidades en el proceso de autorización ambiental de la obra, que busca conectar las provincias Santiago y Puerto Plata.
De acuerdo con informaciones publicadas por Listín Diario, el ambientalista Olmedo León cuestionó el inicio de los trabajos sin que, según afirma, se haya presentado públicamente el estudio de impacto ambiental completo ni agotado las consultas correspondientes con las comunidades afectadas.
León calificó el procedimiento como una imposición y sostuvo que las autoridades deben garantizar que la población conozca las consecuencias ambientales del proyecto antes de continuar con su ejecución.
Cuestionan falta de información ambiental
El ambientalista recordó que el presidente Luis Abinader anunció la construcción de la autopista en agosto de 2020, cuando todavía no se había definido el proyecto. Agregó que en 2022 el mandatario reconoció que aún no existía un trazado definitivo.
Según León, aunque actualmente se ha avanzado en el diseño de la carretera, los estudios ambientales no han sido puestos a disposición de la ciudadanía en las condiciones necesarias para permitir su evaluación.
Explicó que el proceso de consulta debe incluir una segunda vista pública, en la que las comunidades puedan conocer los impactos previstos y las medidas propuestas para mitigarlos.
El activista cuestionó una actividad celebrada en Santiago, al considerar que la participación de funcionarios y empresarios no sustituye las consultas directas con las comunidades que recibirán los efectos de la construcción.
Denuncian posible afectación de la cordillera Septentrional
El movimiento Unidos Somos Más, integrado por sacerdotes, ambientalistas, campesinos y representantes comunitarios, también ha solicitado detener los trabajos hasta que se esclarezca el cumplimiento de los requisitos legales.
Sus integrantes advierten que la construcción podría afectar bosques, fuentes de agua y ecosistemas de la cordillera Septentrional, por lo que reclaman una evaluación técnica independiente.
La organización solicitó que el estudio de impacto ambiental sea entregado a la Academia de Ciencias de la República Dominicana y a la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), para que ambas instituciones puedan examinar sus conclusiones.
Polémica por los permisos ambientales
La controversia aumentó después de que el movimiento citara una comunicación del Ministerio de Medio Ambiente, fechada el 23 de octubre de 2026, según la cual el estudio definitivo permanecía en evaluación y todavía no se había emitido la autorización ambiental correspondiente.
Sin embargo, posteriormente el director ejecutivo de RD Vial, Hostos Rizik Lugo, divulgó documentos de permisos ambientales correspondientes a dos tramos de la autopista.
Esta situación ha generado cuestionamientos sobre el alcance de las autorizaciones, particularmente en el tramo central donde se contempla la construcción de un túnel.
Los ambientalistas sostienen que deben aclararse las actividades permitidas en cada tramo y garantizarse el cumplimiento de la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, número 64-00.
Cuestionan beneficios del proyecto
Olmedo León también puso en duda que la autopista represente una reducción del tiempo de viaje tan significativa como la anunciada por las autoridades.
Argumentó que el desplazamiento del punto de partida hacia Tamboril obligaría a sumar el tiempo necesario para llegar desde Santiago hasta ese municipio.
Asimismo, planteó que el proyecto podría beneficiar especialmente la conectividad con Punta Bergantín, iniciativa turística desarrollada en la provincia Puerto Plata.
Gobierno defiende la nueva conexión vial
Las autoridades gubernamentales han presentado la Autopista del Ámbar como una obra estratégica para mejorar la comunicación entre Santiago y Puerto Plata, fortalecer el turismo y dinamizar la economía de la región norte.
El proyecto contempla aproximadamente 35 kilómetros de carretera y busca reducir a unos 35 minutos el recorrido entre ambas provincias, de acuerdo con las proyecciones oficiales.
El Gobierno también ha anunciado una inversión de miles de millones de pesos para desarrollar la infraestructura.
Ambientalistas podrían continuar acciones legales
El movimiento Unidos Somos Más ha recurrido a las autoridades competentes para solicitar la paralización de los trabajos y ha planteado la posibilidad de impulsar nuevas acciones judiciales y protestas pacíficas.
Sus representantes insisten en que la discusión no debe limitarse a los beneficios económicos de la carretera, sino incluir la protección de los recursos naturales y los derechos de las comunidades.
La principal exigencia de los ambientalistas es que se divulgue el estudio ambiental completo y se aclare el alcance de los permisos antes de continuar con las intervenciones en las zonas cuestionadas.
(c) Ensegundos.do (Amaury Mo)
