Dijo que investiga 34 licitaciones públicas nacionales realizadas por la entidad responsable del almuerzo y el desayuno en las escuelas públicas,en las que fueron recibidas 2,656 ofertas y resultaron adjudicados 1,656 proveedores
Pilar Moreno / El Nacional
SANTO DOMINGO. R.D.— La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó hoy que investiga las contrataciones de cocinas realizadas por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE), a partir de las actuaciones y recursos presentados por participantes en los procedimientos, así como de situaciones conocidas públicamente que ameritan ser examinadas dentro de sus competencias.
Reiteró que los proveedores que hayan presentado recursos o reclamos relacionados con los procedimientos de contratación, la evaluación de sus ofertas o las decisiones adoptadas por el INABIE recibirán una respuesta formal una vez agotadas las actuaciones de instrucción y realizado el análisis jurídico y técnico de cada expediente.
“Cada caso será evaluado de manera individual, atendiendo a sus circunstancias particulares, las pruebas aportadas y las disposiciones aplicables del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas”, subrayó.
Los procesos corresponden a 34 licitaciones públicas nacionales del procedimiento INABIE-CCC-LPN-2025- 0051 hasta el INABIE-CCC-LPN-2025-0084 en las que fueron recibidas 2,656 ofertas y resultaron adjudicados 1,656 proveedores.
Indicó que, entre los meses de julio y agosto, ha recibido 83 recursos jerárquicos, además de 13 solicitudes de medidas cautelares y una solicitud de investigación, actuaciones que están siendo tramitadas conforme al marco legal vigente y con respeto al debido proceso.
Informó que, en el marco de sus atribuciones como órgano rector del sistema, los pliegos de condiciones fueron objeto de monitoreo preventivo antes de la recepción de ofertas y remitidas con observaciones de carácter obligatorio, entre el 22 y el 31 de diciembre de 2025, las cuales fueron acogidas por la entidad contratante.
Explicó que los recursos jerárquicos constituyen mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico para que los participantes puedan cuestionar determinadas actuaciones o decisiones administrativas.
Dijo que su presentación no implica, por sí misma, la existencia de una irregularidad ni determina responsabilidad de ninguna de las partes, por lo que, de acuerdo a la Ley no tiene efectos suspensivos.
Informó, además, que, en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República, inició una investigación orientada, entre otros aspectos, a profundizar en la identificación de los beneficiarios finales vinculados a determinadas adjudicaciones. Esta actuación tiene como finalidad verificar, sobre la base de evidencia objetiva, si existen elementos relevantes para el cumplimiento de las disposiciones sobre prohibiciones, incompatibilidades, vinculación entre empresas u otras obligaciones establecidas en la normativa de contrataciones públicas.
Confirmó que recibió información del INABIE sobre la suspensión de 43 contratos por alegados incumplimientos, los cuales serán considerados dentro del proceso de verificación, particularmente en lo relativo a las condiciones en que se desarrolla la ejecución contractual.
En caso de que de estas actuaciones surjan elementos que pudieran constituir infracciones a la normativa de contrataciones públicas, la DGCP determinará las acciones que correspondan, incluyendo, cuando proceda, el inicio de los procedimientos administrativos sancionadores previstos en la ley, con estricto respeto al derecho de defensa y al debido proceso.
Recordó que el régimen sancionador constituye uno de los mecanismos destinados a proteger la integridad del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas y procurar que quienes contratan con el Estado cumplan efectivamente las obligaciones asumidas.
Exhortó al INABIE a fortalecer la supervisión y los mecanismos de control durante la ejecución de los contratos, bajo el principio de que la adjudicación y la suscripción de un contrato no constituyen el punto final del proceso de contratación pública.
En ese sentido, recomendó realizar nuevas verificaciones de la capacidad instalada y de las condiciones reales de las cocinas contratadas, así como establecer mecanismos de supervisión periódica y aleatoria que permitan comprobar que las instalaciones mantienen las condiciones necesarias para cumplir las obligaciones asumidas.
«La supervisión deberá permitir verificar que las cocinas mantengan durante toda la vigencia contractual las capacidades, instalaciones y condiciones que sirvieron de fundamento para sus respectivas adjudicaciones», dijo en un comunicado de prensa.
«El objetivo es establecer una cadena de control que permita acompañar el contrato durante toda su ejecución y detectar oportunamente cualquier incumplimiento». agregó.
La institución reiteró que continuará ejerciendo sus competencias con objetividad, rigor técnico y respeto al debido proceso, tanto en el conocimiento de los recursos y reclamos, como en las investigaciones y procedimientos administrativos que correspondan, con el propósito de contribuir a la transparencia, legalidad y adecuada ejecución de las contrataciones públicas.
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