Tribunal deberá contrastar ambos estudios para determinar si el techo de discoteca colapsó por peso físico añadido, o por vicios estructurales ocultos.
Loyda Peña. Hoy
SANTO DOMINGO. R. D.— Aunque inusual, la coincidencia entre el Ministerio Público y la defensa, de solicitar ambos el envío a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, por la tragedia del Jet Set, no se descarta que la petición será acogida por el juez de la Instrucción Reymundo Mejía, en su decisión de hoy.
Y es que, de esa coincidencia, que se dan principalmente en casos grandes de corrupción administrativa y en procesos complejos de homicidio o negligencia con alto impacto social, ya hay precedentes en el país con los casos Antipulpo y Medusa; y el asesinado de Orlando Jorge Mera.
Pero además, conforme a la norma, el Juez de la Instrucción actúa como un árbitro que vela por el respeto de los derechos constitucionales durante la investigación y decide si una acusación tiene el peso suficiente para ir a un juicio de fondo; y si el ciudadano (en este caso los hermanos Espaillat) le solicitan enviarlos a juicio de fondo, de no hacerlo le estaría violando sus derechos.
Por lo general la audiencia preliminar o “juicio a las pruebas” en los procesos penales es un escenario de enfrentamiento donde el MP solicita el envío a juicio de fondo, y la defensa hace todo lo posible para evitarlo, y solicita al juez dictar Auto de “no ha lugar”, argumentando que las pruebas son insuficientes o que el hecho que se imputa no es un delito.
¿Estrategia de la defensa?
Inicialmente la defensa de los hermanos Espaillat, representada por Miguel Valerio y Ramón Núñez, solicitó al juez rechazar las medidas coerción severas, y un nuevo peritaje internacional, argumentando “fallas ocultas en la construcción original del local”. Sin embargo su postura final es que sean enviados a juicio de fondo, por considerarlo el lugar idóneo para debatir y desestimar las pruebas del MP.
Solicitan al tribunal “que en el auto de apertura a juicio se reconozca expresamente el derecho de los imputados a ejercer todas las acciones legales, peritajes técnicos y presentación de pruebas en las etapas subsiguientes”.
También que rechace la acusación de dolo/homicidio voluntario, y que se reconozca que jurídicamente es imposible probar dolo (intención), sosteniendo que los hermanos “interpretaron las goteras como un simple problema de mantenimiento rutinario y que era imposible prever un derrumbe de tal magnitud”, destacando que ellos mismos se encontraban dentro del establecimiento la noche de la tragedia.
Pedimento del MP
El órgano persecutor acusa a los hermanos Espaillat de homicidio involuntario, argumentando que actuaron con una conducta “negligente e imprudente” al contratar personal no especializado para corregir filtraciones en el techo, lo que provocó el derrumbe.
Además de dictar auto de apertura a juicio de fondo, solicita al tribunal el mantenimiento de medidas de coerción, consistentes en una garantía económica de RD$50 millones, impedimento de salida del país, presentación periódica, inmovilización de bienes, y declarar el caso complejo.
Tema central juicio fondo
Los dos peritajes están destinados a ser el centro del debate en el juicio de fondo, donde los tribunales deberán contrastar si el colapso se debió al peso físico añadido, como asegura el MP; o a vicios estructurales ocultos, como alega la defensa.
El peritaje del órgano acusador (y Onesvie) sostiene que el colapso se originó por una falla estructural por flexión inducida por una sobrecarga progresiva y excesiva en el techo principal (específicamente en las vigas postensadas de los ejes H y J); en la adición desmedida de peso: cuatro capas de mortero con un espesor de 37.5 centímetros; 4 tinacos de agua, 6 aires acondicionados, luminarias, plafones y 7 casetas de aluzinc.
El contraperitaje de la defensa descarta la sobrecarga como la causa principal. Atribuye colapso “a un deterioro progresivo interno y a defectos ocultos de origen en la construcción de la edificación”. Su tesis apunta a fallas intrínsecas del diseño original y factores del subsuelo (estudios geotécnicos) más que a los elementos añadidos por los propietarios.
Pretensiones victimas
Las 346 denuncias y querellas presentadas por víctimas de la tragedia ocurrida la madrugada del 8 de marzo, se redujeron considerablemente por dos razones fundamentales: desistimientos y acuerdos; y adhesiones formales con el bloque del Ministerio Público.
Varios grupos de familiares han interpuesto querellas con constituciones civiles independientes, exigiendo montos millonarios. ·La esposa del expelotero Octavio Dotel y otros cinco querellantes, piden $500 millones; otro grupo, $300 millones; querellantes individuales, $100 millones.
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