En la República Dominicana la judicialización de la política se inicia con la creación de las altas cortes, en la reforma constitucional del año 2010, que habilitó espacios y mecanismos judiciales donde y a través de los cuales los partidos y los miembros de de esas organizaciones pueden recurrir decisiones del órgano de administración electoral, así como dirimir sus diferencias fuera del ámbito interno y de los mecanismos de apelación que disponen sus estatutos.
En los últimos años en América Latina y en el caso concreto de la República Dominicana, en los últimos meses, en los medios de comunicación y en los interesados en la ciencia política se escribe y analiza el término “Lawfare” definido como una “guerra jurídica”. La palabra es de origen inglesa y se refiere “al ataque contra oponentes utilizando indebidamente los procedimientos legales, para dar apariencia de legalidad”
En América Latina varios países y líderes políticos han sido víctima del Lawfare, tal es el caso de Lula Da Silva y Dilma Rousseff en Brazil, Cristina Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador. A través de este mecanismo se utiliza la justicia para la persecución, destrucción de la imagen pública y la inhabilitación de los adversarios políticos. Es una combinación de acciones legales con una amplia cobertura de la prensa. Se utiliza la presión mediática e intimidatoria para aniquilar la capacidad de respuesta de la víctima, de forma que sea vulnerable ante las acusaciones que se sustentan en la espectacularidad de las acciones del ministerio público para restar peso a la ausencia de las pruebas.
El fenómeno no es nuevo en América Latina viene gestándose con el apoyo de agencias internacionales que han propiciado y apoyado reformas de la justicia y los aparatos jurídicos, con asesorías y recursos que dicen, tienen el objetivo de reforzar el desarrollo institucional y la lucha contra la corrupción administrativa.
El Lawfare promueve en el Poder Judicial un rol de desestabilización y persecución política, dejando atrás el “equilibrio de los poderes” “la justicia independiente”. Al ser un poder que no deriva de la voluntad popular, por no ser el resultado de una elección popular sino de otros mecanismos como concurso o designación, actúa bajo la sombrilla de la institucionalidad, utilizando poderes fácticos revestidos de “independencia”, cuyo objetivo principal es a través de “expertos” en el lenguaje jurídico, no “contaminados con la política” deslegitimar y perseguir figuras políticas de la oposición; de manera particular cuando esto implica un costo político para las personas o grupos perseguidos.
La clave es colocar “técnicos”, es decir abogados, fiscales, jueces vinculados a quienes tienen el manejo de la cosa pública para atacar al adversario, la táctica es “elegir” unos casos e ignorar otros, con el favor de medios de comunicación a través de los cuales se hacen juicios paralelos a través de un “periodismo de guerra” que se convierten en jueces implacables, a través de la manipulación de la opinión pública.
