Cristina J. Orgaz. BBC News Mundo
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió suspender algunas sanciones a Venezuela para permitir operaciones relacionadas con las labores de ayuda tras el doble terremoto.
Esto permitirá, por ejemplo, que se realicen transferencias bancarias al país, una vía esencial para enviar ayuda tras la catástrofe, que ha dejado cientos muertos y miles de heridos.
En concreto, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió un comunicado aclarando que estas operaciones, que antes no eran posibles bajo el Reglamento de Sanciones contra Venezuela (RSV), podrán realizarse hasta el 23 de octubre de este año.
«Todas las transacciones relacionadas con las labores de socorro tras el terremoto en Venezuela, que de otro modo estarían prohibidas por el RSV, quedan autorizadas hasta las 12:01 a. m. (hora del este) del 23 de octubre de 2026», indica textualmente el comunicado del organismo.
La OFAC explica que las instituciones financieras estadounidenses podrán ahora procesar pagos provenientes de terceros países siempre que el dinero se canalice a las labores de socorro.
Y especifica que esta nueva directriz complementa otra ya existente, que autoriza a organizaciones no gubernamentales a interactuar con el Gobierno para «llevar a cabo proyectos humanitarios destinados a satisfacer necesidades humanas básicas».
Sin embargo, la medida no incluye el «desbloqueo de ningún bien congelado» conforme al VSR, «ni ninguna otra transacción o actividad prohibida por cualquier otra orden ejecutiva de EE.UU.» en los casos en que esta licencia general no se mencione expresamente.
Este anuncio del gobierno de Trump se da a casi tres meses de la operación militar estadounidense que acabó con la captura en Caracas de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y la posterior juramentación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros («OFAC») del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos administra y aplica sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior y los objetivos de seguridad nacional de los Estados Unidos contra países y regímenes extranjeros específicos, terroristas, narcotraficantes internacionales, entre otras actividades consideradas como amenazas a la seguridad nacional, la política exterior o la economía estadounidense.
Venezuela está sumida en una profunda crisis humanitaria agravada por la escasez, la mala gestión gubernamental y las sanciones. El país está prácticamente excluido del sistema bancario estadounidense, salvo para las actividades autorizadas por el Departamento del Tesoro y esto en la práctica significa que enviar dinero o comerciar con el país puede acarrear sanciones.
El banco central venezolano, que fue sancionado en 2019, está excluido del sistema SWIFT en dólares para operaciones significativas.
Estados Unidos está enviando equipos de búsqueda y rescate, además de US$150 millones en ayuda.
Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos comenzaron después de que Hugo Chávez llegara al poder en 1999, pero fue con el primer mandato de Donald Trump (2017-2021) cuando alcanzaron su punto más restrictivo.
En abril de 2019, Trump impuso un embargo sobre el petróleo venezolano y congeló los activos del gobierno de Caracas en Estados Unidos. Y en su segundo mandato estrechó aún más el cerco revocando en 2025 las licencia a varias petroleras e imponiendo un impuesto del 25% a todas las importaciones de cualquier país que comprara petróleo o gas a Venezuela.
Al mismo tiempo EE.UU. desplegó en el Caribe uno de sus dispositivos militares más potentes en décadas, concentrando una presencia naval y aérea sin precedentes en las aguas próximas a Venezuela. Un operativo que culminó con la captura de Nicolás Maduro.
Sin embargo, desde entonces ha habido un levantamiento parcial de las sanciones, lo que parece confirmar la buena sintonía entre la Casa Blanca y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.
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