La normativa sustituye la legislación vigente desde 1884 y aplica lo dispuesto por la Ley 74-25, promulgada en agosto, tras casi tres décadas de debates en el Congreso Nacional
Abigail Parada. Infobae
El sistema judicial dominicano inicia hoy una nueva etapa con la entrada en vigor del nuevo Código Penal. Luego de más de 140 años bajo la misma legislación, República Dominicana adopta un marco jurídico que redefine los delitos y endurece las penas para quienes infrinjan la ley. La medida representa un giro en la manera en que se juzgan los crímenes, según lo dispuesto por la Ley 74-25, promulgada en agosto del año pasado y cuya aplicación quedó establecida para este lunes.
La aprobación de este código llega tras casi 30 años de discusiones en el Congreso Nacional. Luis Abinader, presidente de la República, ratificó recientemente que la entrada en vigencia no se postergaría, pese a los reclamos de distintos sectores por algunos artículos controvertidos. El texto legal sustituye el código vigente desde 1884 y responde a la necesidad de actualizar la normativa penal ante los desafíos actuales.
Entre los principales cambios que incorpora el nuevo Código Penal, se encuentran sanciones más severas para delitos graves. Las condenas por crímenes de alto impacto pueden alcanzar los 40 años de prisión, y en situaciones específicas previstas por la ley, la acumulación de penas puede llegar hasta 60 años. Esta estructura busca responder a la demanda social de mayor rigor frente a delitos de alta peligrosidad.
La legislación amplía el catálogo de delitos, incluyendo figuras penales que antes no existían en el ordenamiento dominicano. Se destacan nuevas tipificaciones como feminicidio, sicariato, genocidio, crímenes de lesa humanidad, estafa piramidal, ciberacoso, ataques con ácido, obstrucción de la justicia, hostigamiento cibernético, autosecuestro, violencia patrimonial, experimentación biomédica ilícita, tortura y reclutamiento de menores para actividades delictivas. Estos cambios reflejan la intención de las autoridades de enfrentar conductas que han surgido o se han incrementado en las últimas décadas.
En el ámbito de los delitos tecnológicos, el nuevo Código Penal fortalece el marco legal para la persecución de actividades ilícitas vinculadas a las tecnologías de la información, un aspecto que no se contemplaba en la antigua legislación. Asimismo, introduce penas para la difusión no autorizada de imágenes privadas y contempla la responsabilidad penal de empresas, iglesias y partidos políticos, aunque el debate sobre estos puntos derivó en modificaciones de último momento antes de la entrada en vigor.
El proceso legislativo que culminó en la adopción de la Ley 74-25 estuvo marcado por intensos debates y múltiples revisiones. El Congreso aprobó cambios en artículos relacionados con ultraje, malversación de fondos, difamación y otros aspectos que generaron preocupación en sectores periodísticos y defensores de derechos civiles. Algunos legisladores propusieron aplazar la implementación del código para seguir discutiendo ajustes, pero esas iniciativas no prosperaron antes del vencimiento del plazo legal.
Las controversias no se limitan a los temas tecnológicos. La penalización absoluta del aborto, la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, la regulación de los métodos correctivos de padres a hijos y la responsabilidad penal de instituciones religiosas y políticas, figuran entre los asuntos que más dividieron a la sociedad y obstaculizaron la aprobación durante años.
A pesar de las modificaciones, el nuevo código enfrenta recursos de inconstitucionalidad en el Tribunal Constitucional. El resultado de estos procesos podría modificar algunos puntos de la normativa que hoy entra en vigencia. Por el momento, jueces y operadores judiciales cuentan con un instrumento legal renovado para procesar y sancionar delitos en todo el territorio nacional.
Con el inicio de la aplicación del nuevo Código Penal, la República Dominicana deja atrás una estructura jurídica del siglo XIX y abre un capítulo distinto en su sistema de justicia penal, con reglas y sanciones adaptadas a los desafíos contemporáneos.
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