La Cámara de Cuentas dio a conocer un informe que identificaba 38 irregularidades con presuntos indicios penales
Ronny Mateo / El Nacional
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) ha estado bajo el escrutinio público debido a diversas denuncias, informes de auditorías y fallas administrativas detectadas en sus procesos de compras y contrataciones desde el año 2021 hasta la fecha.
Esta entidad, que depende del Ministerio de Educación, tiene la responsabilidad de proveer los servicios de alimentación a los alumnos de las escuelas públicas del territorio nacional.
A finales de 2021, Inabie, que ha tenido tres directores en el tiempo mencionado, enfrentó su primera gran crisis vinculada a las licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE)
En ese momento, se denunciaron anomalías en la adjudicación de raciones, la exclusión de suplidores tradicionales y fallas logísticas que culminaron con la destitución del entonces director ejecutivo, Cecilio Rodríguez.
Durante la gestión de Rodríguez, salió a la luz que se habían otorgado contratos a 1,260 proveedores que no cumplían con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones para suministrar el almuerzo escolar.
Dicha investigación se inició luego de que cientos de suplidores del PAE protestaran por haber sido excluidos del proceso de compras a pesar de cumplir con lo estipulado en la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
Como consecuencia de esta situación, en noviembre de 2021 el Poder Ejecutivo designó a Víctor Ramón Castro mediante el decreto 733-21, el cual derogó el decreto 399-20 que había nombrado a Rodríguez.
Durante una entrevista concedida a El Nacional, Castro, quien se mantuvo en el cargo por aproximadamente tres años, aseguró que los señalamientos en su contra provenían de sectores interesados en controlar la institución para hacer grandes negocios con el presupuesto anual de 40,000 millones de pesos que esta maneja.
Posteriormente, la Cámara de Cuentas dio a conocer un informe que identificaba 38 irregularidades con presuntos indicios penales, expediente que fue remitido de manera directa a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
En la actualidad, las controversias han vuelto a rodear al Inabie y en agosto pasado, empresarios de la región Este denunciaron que personal de la institución supuestamente exigía entre 20 y 25 millones de pesos para adjudicar contratos de cocinas de almuerzo escolar que no existían.
A esto se sumó la revelación de que dos jóvenes con poca experiencia y una empresa de reciente creación obtuvieron contratos por 110 millones de pesos para suplir el almuerzo escolar en centros educativos de San Pedro de Macorís.
Ante estos cuestionamientos, el actual director del INABIE, Adolfo Pérez, quien asumió esa dirección en el 2025, se defendió y explicó que el proceso estaba dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y que, según las normativas del pliego de condiciones, no era un requisito indispensable contar con experiencia previa para participar.
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