Es necesario un nuevo marco institucional que, mediante reglas claras, genere incentivos para la inversión privada. Incluso así, la recuperación tomará años.
Por José Ignacio Hernández.*. Semana
Una explicación del interés de Estados Unidos tras su reciente intervención militar en Venezuela para la detención y extracción de Nicolás Maduro radica en su apetencia por el petróleo venezolano. La salida de Maduro ha generado expectativas sobre la recuperación de la industria petrolera, impulsadas por la narrativa de que Venezuela es el país con las mayores reservas petroleras del mundo. De hecho, el Gobierno de Donald Trump ha aprobado un ambicioso plan para iniciar esa recuperación, mediante el cual se crea un fondo con parte de los ingresos derivados de las exportaciones petroleras a los Estados Unidos.
Pero pensar que el petróleo puede tener alguna relevancia significativa a corto plazo es tan solo una ilusión.
Cuando hablamos de la Venezuela petrolera, lo que importa no son sus reservas –cuya magnitud exacta y posible aprovechamiento son inciertos–, sino la capacidad de la industria para producir crudo. Y esa capacidad está destruida como resultado de las políticas predatorias adoptadas durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Según estimaciones de la Opep a diciembre del año pasado, Venezuela produce apenas 900.000 barriles diarios de petróleo, menos de un tercio de lo que producía cuando Hugo Chávez fue electo en 1998. Esto representa menos del 1 por ciento del total de la producción global. Si lo vemos desde esta perspectiva, Venezuela no es hoy un actor relevante en el mercado petrolero.
La destrucción de las dos terceras partes de la producción petrolera de Venezuela fue resultado de políticas arbitrarias que eliminaron la capacidad técnica de la empresa petrolera estatal, PDVSA, y, además, expropiaron ilegítimamente los derechos de propiedad de inversionistas extranjeros. PDVSA no solo se convirtió en un instrumento político del Gobierno, sino en algo mucho peor: un instrumento al servicio de la cleptocracia.
Esta destrucción fue posible porque Chávez desmanteló las bases del Estado de derecho, mientras que Maduro avanzó hacia un autoritarismo que se mantuvo en el poder mediante la violación sistemática de los derechos humanos. Estas políticas predatorias destruyeron la industria petrolera, acelerando una crisis económica y humanitaria solo comparable a la de países que han atravesado guerras severas.
Para recuperar la industria, se requieren inversiones por decenas de miles de millones de dólares. Como el Estado y PDVSA carecen de la capacidad para afrontar estas inversiones, es necesario atraer inversiones privadas. Alcanzar este objetivo requiere estabilidad política, garantía de los derechos de propiedad, seguridad jurídica, políticas coherentes y ambientalmente sostenibles, y una amplia base social. Es decir, es necesario un nuevo marco institucional que, mediante reglas claras, genere incentivos para la inversión privada. Incluso así, la recuperación tomará años.
Hoy, tras la salida de Maduro, Venezuela no puede garantizar ninguna de esas condiciones. Por el momento, Delcy Rodríguez, quien se desempeñaba como vicepresidente, ejerce como presidente encargada, siguiendo las mismas políticas inconstitucionales y arbitrarias bajo las cuales Maduro se mantuvo en el poder.
Algunos han justificado la elección de Delcy Rodríguez por su supuesta capacidad para impulsar la producción petrolera, a pesar de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Pero si examinamos de cerca qué ocurrió en la industria petrolera desde 2018, podremos ver que, en realidad, no hay mayor mérito en las acciones de Rodríguez.
Ciertamente, luego de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra PDVSA en enero de 2019, el entonces Gobierno de Nicolás Maduro logró recuperar la producción de 570.000 barriles diarios a aproximadamente 685.000 barriles diarios en 2022. Luego de ese año, principalmente gracias a la licencia otorgada por el Gobierno de Estados Unidos a la empresa Chevron, la producción siguió creciendo hasta alcanzar su nivel actual.
Este aumento de la producción no se basó en el reconocimiento de derechos contractuales protegidos por la ley, sino en precarios y opacos contratos petroleros suscritos al margen de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que alimentaron la corrupción. Tanto es así que quien diseñó estos nuevos contratos, Tareck El Aissami, terminó preso en el régimen de Maduro por cargos de corrupción.
La solución que El Aissami implementó con la ayuda de Rodríguez no atendió las raíces del colapso petrolero. Por el contrario, en cierto modo agravó esas causas, pues hoy PDVSA presenta niveles más altos de corrupción como parte de las estructuras de crimen organizado instaladas en el frágil Estado venezolano.
Asimismo, esta solución fortaleció la dependencia de PDVSA respecto de actores como Irán y China. Irán ha sido una pieza clave ayudando a PDVSA a sortear las sanciones, en especial a través de la flota, por la cual se comercializa el crudo venezolano en condiciones opacas. Por su parte, China es actualmente el principal destino de las exportaciones petroleras, en parte, para el pago de la deuda de miles de millones que Venezuela todavía mantiene con los llamados Fondos Chinos, que constituyen uno de los principales ejemplos de la gran corrupción.
Incluso si, como se sugiere, Rodríguez pudiera colaborar reduciendo el papel de Irán, disminuyendo la criminalidad y abriendo ciertos espacios de libertad, enfrentará un dilema que pondrá en riesgo su continuidad, ya que lo que mantiene al régimen actual son los acuerdos con actores como Irán, la criminalidad y la falta de libertades.
En todo caso, y de acuerdo con el plan anunciado por la Casa Blanca, lo que sí podría lograrse en el corto plazo es la estabilización de la producción petrolera, sentando las bases para un incremento modesto y gradual. Esto solo sería posible a través de la inversión privada, lo que requerirá licencias de la OFAC y un marco contractual más eficiente y transparente, inspirado en los llamados contratos de participación productiva, basados en la solución propuesta por El Aissami.
Quizás lo más grave de este espejismo es pensar que el petróleo, y no la democracia, es la fuente de desarrollo de Venezuela.
Desde los orígenes de la industria en 1914, el petróleo nunca ha sido un buen combustible para la democracia. Por el contrario, la transformación de Venezuela en un petro-Estado, tras la nacionalización de 1976, socavó las bases de la democracia. Hoy, de nuevo, se quiere plantear la utopía de un país rico en petróleo, pero sin democracia.
Si una lección deja la tragedia de Venezuela es que sin Estado de derecho no hay desarrollo. El problema de fondo en Venezuela no es cómo producir más petróleo, sino cómo restablecer el Estado de derecho, la democracia constitucional y la centralidad de los derechos humanos.
Entonces, y solo entonces, podremos hablar del petróleo.
(c) Publicado en la revista Semana (10.01.2026).
