El proyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles fue aprobado en primera lectura.
Santo Domingo.– La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) advirtió este martes que el proyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados, podría acarrear serias consecuencias negativas si no se introducen correcciones sustanciales antes de su aprobación definitiva.
En un documento firmado por su vicepresidente ejecutivo, Servio Tulio Castaños Guzmán, la entidad señaló que el proyecto, que será objeto de vistas públicas el próximo 3 de julio, afecta principios fundamentales del derecho privado, como la autonomía contractual, la seguridad jurídica y la operatividad del sistema judicial.
Falta de diferenciación entre tipos de alquileres
Uno de los principales cuestionamientos de FINJUS es la ausencia de un tratamiento diferenciado para los distintos tipos de arrendamientos.
La propuesta legislativa establece un mismo régimen para alquileres habitacionales, comerciales, industriales y turísticos, lo que, según la organización, podría limitar la libertad contractual en sectores donde las partes tienen mayor capacidad de negociación.
“La normativa aplicable a alquileres comerciales debe descansar principalmente en la autonomía de la voluntad, dado que estos contratos son firmados entre partes con distinto nivel de riesgo”, explicó FINJUS.
Por ello, recomendó que la ley se limite a los alquileres con fines habitacionales, dejando los contratos comerciales y turísticos bajo el régimen general del Código Civil.
Restricciones a la autonomía contractual
FINJUS también alertó sobre disposiciones que restringen la libertad de las partes al negociar. Por ejemplo, el artículo 4 del proyecto impone el uso anticipado del inmueble, limitando la posibilidad de que las partes acuerden libremente su destino.
Asimismo, el texto contempla un tope obligatorio para el reajuste del alquiler mediante un índice oficial, lo que, a juicio de la fundación, podría desincentivar el alquiler formal y desajustar los contratos frente a la realidad económica.
La entidad consideró además que algunas obligaciones impuestas al arrendador, como la de ofrecer el inmueble en venta al inquilino sin un pacto previo, son excesivas y otorgan derechos al arrendatario sin base jurídica clara.
Ambigüedades y vacíos que generan inseguridad
La organización advirtió que el proyecto presenta vacíos conceptuales y ambigüedades que podrían incrementar los litigios.
Citó como ejemplo el artículo 12, que menciona el “abandono” del inmueble sin definirlo, lo que abre espacio a interpretaciones conflictivas.
También cuestionó que la terminación de un contrato con plazo fijo dependa de una denuncia expresa, contradiciendo el principio de extinción automática al vencimiento si no hay prórroga.
Críticas al régimen procesal y ejecución de garantías
Desde el punto de vista procesal, FINJUS criticó la diferenciación entre arrendamientos habitacionales y comerciales sin una justificación técnica, advirtiendo que esto podría generar desigualdad ante la ley y mayor carga al sistema judicial.
Asimismo, la fundación señaló la falta de regulación sobre la prelación de embargos y la ejecución de garantías, proponiendo un procedimiento uniforme que establezca reglas claras para evitar conflictos.
Llamado a revisión profunda y debate amplio
La organización concluyó su declaración reiterando su compromiso de colaborar en el proceso legislativo, aportando recomendaciones para lograr una regulación que proteja los derechos de los inquilinos sin afectar la estabilidad del mercado inmobiliario.
“Nuestro compromiso con la consolidación del Estado de Derecho y la seguridad jurídica nos obliga a insistir en que el contenido de esta ley sea revisado con detenimiento. Una legislación mal estructurada podría generar más conflictos que soluciones en el ámbito de los arrendamientos”, enfatizó Castaños Guzmán.
El proyecto de ley, impulsado como parte de los esfuerzos por modernizar las relaciones contractuales entre arrendadores e inquilinos, será revisado en vistas públicas convocadas por la Cámara de Diputados, donde diversos sectores tendrán la oportunidad de presentar sus observaciones.
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