El comportamiento de los ingresos públicos durante el año 2025 y en lo que va del 2026 parece indicar que el sistema tributario dominicano ha llegado a su límite.
Juan Temístocles Montás
Según los datos de la Dirección General de Presupuesto (Digepres), entre 2016 y 2024, durante nueve años consecutivos, con la salvedad de la interpretación especial que exige 2020, los ingresos públicos crecieron más rápidamente que el PIB nominal. Esto significaba que, durante ese período, la administración tributaria captaba una proporción creciente del crecimiento económico.
Sin embargo, en 2025 se produjo una ruptura extraordinariamente marcada. Los ingresos aumentaron apenas 2.7%, frente a un crecimiento del PIB nominal cercano al 7.2%. En consecuencia, la relación entre ambas tasas de crecimiento cayó hasta aproximadamente 0.38. Digepres reporta ingresos por RD$1.246 billones, equivalentes al 15.8% del PIB.
En 2026, lejos de observarse una normalización clara, las cifras de enero-septiembre vuelven a sugerir que los ingresos públicos podrían crecer menos que el PIB nominal. En ese período, los ingresos aumentaron 7.4%, mientras la economía creció 4.6% y la inflación alcanzó 5.16%. Hablamos de un crecimiento nominal del PIB cercano al 10%. Si esa tendencia persiste hasta diciembre, nuevamente los ingresos crecerán por debajo del PIB nominal.
Este comportamiento plantea una pregunta fundamental: ¿ha llegado el sistema tributario dominicano a un techo de eficiencia? Para responder, conviene distinguir tres límites diferentes.
El primero es el techo administrativo. Durante años, la DGII y Aduanas han fortalecido las recaudaciones mediante facturación electrónica, cruces de información, fiscalización, digitalización y otras mejoras de gestión. Sin embargo, estos instrumentos pueden presentar rendimientos decrecientes. No es posible elevar indefinidamente la presión tributaria mediante una mejor administración de los mismos impuestos.
El segundo es el techo estructural. Probablemente aquí radique el problema fundamental. Nuestro sistema combina tasas relativamente elevadas con bases estrechas, numerosas exenciones, tratamientos especiales, informalidad y evasión. El Ministerio de Hacienda y Economía estimó el gasto tributario de 2025, es decir, los ingresos a los que renuncia el Estado, en RD$383,566 millones, equivalentes al 4.73% del PIB. Para 2026, la reestimación alcanza RD$441,445 millones, un 5.06% del PIB. El Estado deja de percibir una suma cercana a un tercio de lo recaudado; esa renuncia, concentrada en exenciones del ITBIS y de renta que favorecen especialmente a los deciles superiores, aumenta más rápidamente que la recaudación efectiva.
Se trata de una cantidad enorme. Naturalmente, ello no significa que puedan obtenerse automáticamente esos RD$441,445 millones mediante la eliminación de exenciones: algunas responden a objetivos sociales y económicos legítimos, y otras no se transformarían íntegramente en ingresos efectivos. Pero la magnitud revela hasta qué punto se encuentra fragmentada la base tributaria potencial.
El tercero es el techo económico. La elevada informalidad restringe la capacidad recaudatoria. Mientras una parte importante de la actividad económica permanezca fuera de los circuitos formales, aumentar las tasas a quienes ya cumplen puede generar ingresos adicionales cada vez menores, además de mayores distorsiones.
Conviene subrayar que dos años no bastan para demostrar definitivamente un cambio estructural. Sin embargo, sí pueden constituir una advertencia suficientemente seria de que la capacidad de obtener recursos adicionales con la estructura vigente y mediante simples mejoras administrativas podría estar acercándose a sus límites.
Lo anterior remite a un diagnóstico ampliamente conocido: el sistema tributario dominicano descansa sobre bases estrechas, erosionadas por exenciones; registra niveles elevados de evasión y elusión; convive con una informalidad persistente y enfrenta rendimientos decrecientes de las mejoras administrativas.
La señal que envía el desempeño tributario es preocupante: al Gobierno le resultará cada vez más difícil financiar sus gastos apoyándose en un crecimiento de los ingresos que ya no acompaña al PIB nominal, mientras todavía no define una alternativa clara. Un régimen fiscal sostenido por la inercia puede perdurar años. El problema es que, cuando llega el ajuste, no siempre ocurre cuando lo deciden las autoridades, sino cuando lo imponen los mercados.
La respuesta no debería reducirse a la consigna de que «hay que subir impuestos». Si la estructura actual se aproxima a su límite de rendimiento, elevar las tasas sobre las mismas bases podría ser, precisamente, una decisión equivocada.
Y, sobre todo, sería difícil justificar que el Estado exija mayores recursos a los contribuyentes sin revisar simultáneamente el gasto corriente, la nómina pública, los subsidios ineficientes, la calidad del gasto y la inversión pública. Esta situación exige un debate público serio, transparente, responsable y sustentado en evidencias verificables.
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