Con el proyecto de Ley de Modernización Fiscal, han surgido propuestas que afectan directamente los mercados dominicanos en sus distintas ramas. El sector inmobiliario, por su lado, se ve ante el cambio del Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI), donde el exento mínimo ahora será equivalente a una vivienda de bajo costo (RD$5,025,380.75). El economista Francisco Taveras valora las secuelas de esta medida.
«El hecho de que una gran parte de los dominicanos deba pagar impuestos cuando el exento de las viviendas en el país es de U$175,557.9, cifra que de acuerdo con los parámetros regionales es alta, debe tomarse en consideración comparándose con los niveles de ingresos laborales, los cuales son bajos», considera Taveras.
Como consecuencia, explica que se verán afectadas las posibilidades de adquisición de una vivienda que sobrepase ese nivel, tomando en cuenta el costo anual en impuestos que conllevará esta. A nivel de la producción de nuevas edificaciones, tenderán a menguar los negocios ante una disminución de la demanda.
Los compradores de viviendas harán un análisis costo-beneficio entre vivir en alquiler o ser propietarios. Evidentemente, que ser inquilino tendrá ahora más conveniencia económica porque los servicios de alquiler de viviendas permanecerán exentos”, expresa.
Aunque sería un hecho que afectaría en corto y mediano plazo el desarrollo inmobiliario, su permanencia a la larga dependerá de las políticas económicas que se fija el gobierno con la construcción de obras de infraestructura, aclara el especialista.
“Si se mejora el poder adquisitivo de la población desde el punto de vista de los ingresos laborales, esto puede compensar las pérdidas de corto plazo, lo que puede retornar el dinamismo que potencialmente desaprovecharía el sector”, argumenta.
Elementos progresivos
De la misma manera, entiende que la población debe enfocarse en ver a largo plazo los efectos de las iniciativas gubernamentales de desarrollo nacional, ya que la reforma tiene elementos progresivos que darán equidad a los diferentes contribuyentes, según su poder lucrativo, citando al turismo, el cine, la industria manufacturera, la industria textil y el desarrollo fronterizo.
“Elimina exenciones injustas como la importación de vehículos a legisladores y combustibles a sectores económicos que no generan energía al sistema eléctrico nacional”.
Duro golpe a la clase trabajadora
Taveras califica como duro el golpe que recibirá la clase trabajadora de bajos y medianos ingresos, pero comenta que las propuestas de modificación impositiva no son perfectas, ni deben serlo, debido a que implican costos adicionales para sectores sociales y económicos que tendrían que hacer un esfuerzo adicional para tributar, queriendo obtener un balance apropiado.
La eliminación selectiva o desmonte gradual que depende del avance en el desarrollo, es la metodología que considera prudente al tratar los incentivos, tomando en cuenta que de la misma manera que existen enclaves turísticos bien desarrollados, todavía la República Dominicana se enfrenta a desafíos en la línea Noroeste y Suroeste.
“La inversión pública puede servir de aliada a la privada, y los incentivos no tienen razón para circunscribirse solo a lo impositivo. Se puede seguir incentivando a través de la mejora de los servicios públicos, el desarrollo de buenas infraestructuras y elevando el nivel de educación de las zonas turísticas”.
Para concluir, animó a los sectores a ser pacientes, porque el bienestar general de la población a través de la equidad, justicia y seguridad es lo que a todas luces se busca con estos cambios.
Por Pedro Ardón. El Inmobiliario
