Río de Janeiro, Brasil (EFE).- La operación policial del martes contra una poderosa organización de narcotraficantes en Río de Janeiro que dejó entre 121 y 132 muertos, según diferentes fuentes, hasta ahora la más letal de Brasil, no resuelve el problema de la violencia y tan solo anticipa un debate para las elecciones de 2026, según analistas consultados por EFE.
«Todo indica que la operación tiene fuerte marca política y, considerando que no sirve absolutamente para nada en términos de seguridad pública, está al servicio de las próximas elecciones y de gobernantes que quieren vender la falsa idea de que están combatiendo el crimen», aseguró Julita Lemgruber, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía.
Para esta socióloga y exdirectora del Departamento Penitenciario regional, la operación poco impactó al Comando Vermelho, la mayor y más antigua organización criminal de Río de Janeiro, que «en pocos días repondrá los 100 muertos».
La directora ejecutiva del Fórum Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), Samira Bueno, coincide en que, sin una medida efectiva para reducir el poder financiero y descapitalizar a esta organización y sin el uso de inteligencia para combatirla, el Comando Vermelho sale ileso y repondrá «rápidamente» a los muertos.
«Por eso, todo indica que la operación fue conducida por la gobernación de Río con el fin de reforzar a los que defienden la matanza de criminales como práctica en la actividad policial», afirmó.
Para Bueno, el elevado número de muertes no «autoriza a ninguna fuerza política a calificar la operación como exitosa».
No obstante, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, afirmó que, «exceptuando por la muerte de cuatro policías», la operación «fue todo un éxito» y un «duro golpe al crimen organizado».
Castro, un político de derecha, fue el primero en politizar la operación al asegurar que las fuerzas regionales tuvieron que actuar solas en el combate al Comando Vermelho debido a que el Gobierno nacional, del presidente progresista Luiz Inácio Lula da Silva, se viene negando a apoyar sus esfuerzos para enfrentar el narcotráfico.
Castro, que destacó el arresto de 113 supuestos narcotraficantes y el decomiso de 93 fusiles, rápidamente recibió el respaldo de otros gobernadores de derecha, varios ya en campaña electoral, mientras que los políticos de izquierda salieron en defensa de Lula, que la semana pasada anunció su intención de intentar la reelección en las presidenciales de octubre de 2026.
Pese a que el número de víctimas confirmó la operación del martes como la más letal en Brasil, superando la matanza de 111 presos en el presidio de Carandirú en octubre de 1992, el asunto se convirtió en disputa electoral y dividió inmediatamente a izquierda y derecha en las redes sociales a solo un año de las elecciones.
El debate ignoró las denuncias de violaciones a los derechos humanos de una operación que se concentró en los conjuntos de favelas de Penha y Alemão, una zona empobrecida en la que viven 200.000 personas y cuyos habitantes dicen haber sido masacrados.
Según un estudio del Instituto Democracia en Jaque, la operación generó entre martes y miércoles comentarios en redes sociales de 1.262 políticos e influenciadores de derecha, en su mayoría defendiendo la acción, y de 721 de izquierda, en su mayoría calificándola como «matanza» y «fracaso».
«La operación se transformó en las redes sociales en un campo de batalla narrativo. Mientras que el campo progresista acusa a la gobernación de Río de defender la vieja política de apilar cuerpos, la extrema derecha instrumentaliza la crisis y responsabiliza al Gobierno de Lula», dijo el director del Instituto, Fabiano Garrido.
Varios comentarios de la derecha recuerdan las declaraciones de la semana pasada en las que Lula calificó a los narcotraficantes como «víctimas», pese a que el mandatario corrigió después su comentario.
Edinho Silva, presidente del Partido de los Trabajadores (PT), la formación fundada y liderada por Lula, sintió el golpe y también acudió a las redes para lamentar que los gobernadores, en su intención de atacar al jefe de Estado, «monten un tablado electoral sobre los cuerpos de centenas de muertos y hagan campaña sobre las lágrimas de centenas de madres que aún no enterraron a sus hijos».
El debate sobre la seguridad ganó fuerza de cara a las elecciones de 2026. Según una encuesta de la firma Genial/Quaest, los electores brasileños consideran la violencia, con un 30 %, es su principal preocupación. EFE
(c) EFE (30.10.2025)
