Muchos avances en relación al viejo Seguro Social, pero aún insuficientes para garantizar el derecho universal de la salud en la República Dominicana.
Arismendi Díaz Santana
En estos 25 años de la Ley 87-01, el mayor logro del Seguro Familiar de Salud (SFS) ha sido universalizar el acceso. Al 2000 el 89.5% carecía de protección ante una enfermedad que podía arruinar a la familia. Hoy el 97% está afiliado, unos 10.6 millones de dominicanos. El gasto familiar de bolsillo descendió del 62% al 43% en la actualidad.
El SFS aumentó de 500,000 a 2,000,000 de pesos los tratamientos catastróficos, incluyendo el cáncer. Se elevó el límite de 3,000 a 12,000 pesos agregando más de 400 medicamentos, y se redujo al 50% el copago por hospitalización y cirugías mayores, entre otras nuevas coberturas. El gasto nacional en salud ya supera los 460,000 millones de pesos, un 6.3% del producto interno bruto (PIB).
Sin embargo, las tradicionales deficiencias públicas han acelerado la privatización y mercantilización de la salud, convirtiendo este crecimiento en un mercado sumamente apetitoso que exacerba el afán desmedido de lucro. Esta ralentización es el resultado del bloqueo sistemático de poderosas minorías que condicionan el accionar del Estado, manteniendo un sistema puramente curativo, costoso y excluyente. El retraso indefinido de las reformas estructurales previstas en la Ley 87-01 ha elevado los copagos, afectando incluso a las familias más pobres y vulnerables.
Las estadísticas de la Sisalril indican que la medicina privada concentra alrededor del 85% de la demanda de los afiliados contributivos, siendo también mayoritaria en los subsidiados. Esta creciente preferencia fortalece la capacidad privada para imponer la lógica del mercado a este derecho humano fundamental. Ningún sistema en el mundo ha logrado la universalidad y la sostenibilidad dependiendo cada vez más de servicios privados costosos.
La privatización de la salud no tiene fronteras. No solo se acentúa en el sector privado, sino desde las propias entrañas de los hospitales con profesionales con crecientes conflictos de intereses. Y también, desde un gremio profesional que antepone sus intereses a los de la población. Aquí ningún sector puede tirar la primera piedra.
Durante la última década el Servicio Nacional de Salud (SNS) ha destinado el 86.1% al pago de nóminas supernumerarias, dedicando solo el 5.1% a la compra de placas, reactivos, medicinas y material gastable, La supremacía 16.9 veces de los salarios a la compra de los insumos médicos esenciales equivale en una construcción a tener con muchos trabajadores con muy pocas varillas y cemento.
Lamentablemente, este cuarto de siglo registra una reducción del liderazgo público en rectoría, conducción y fiscalización. Con un notorio debilitamiento de la capacidad del Estado para establecer políticas públicas orientadas a proteger a la población y a garantizar la prevalencia del derecho universal a la salud sobre cualquier interés privado o mercantil.
Sin una asignación y contratación de los profesionales que incentiven la dedicación y el desempeño cualquier incremento presupuestario terminará acentuando esta distorsión e ineficiencia. En adición, el Senasa podría quedar reducido a un simple pagador público de una demanda privada, elevando el riesgo de desequilibrio financiero. Constituye un imperativo lograr una más estrecha relación funcional e innovadora entre el SNS y el Senasa.
Cambios para elevar la cobertura y satisfacción de los afiliados
Para superar estas limitaciones estructurales y relanzar el sistema nacional de salud no se requieren cambios dramáticos en la Ley 87-01, sino voluntad política y determinación para asegurar que el derecho a la salud prevalezca por encima de cualquier lógica del mercado, porque esa es la diferencia entre la vida y la muerte, como señaló Miguel Ceara Hatton el super de la Sisalril.
La propuesta de reforma de la Sisalril introduce importantes cambios para elevar la cobertura, el acceso y la satisfacción. Incluye a los hijos hasta los 23 años y amplía la atención de las enfermedades catastróficas. Reconoce la libre elección de los empleados públicos y define el financiamiento para la continuidad de la atención médica a los pensionados. Dispone la prescripción de medicamentos genéricos de calidad y aumenta la atención de la salud mental.
Prioriza el primer nivel de atención (PNA), pero no especializa un financiamiento que asegure su inicio y vigencia. Crearía una Procuraduría Especializada en Seguridad Social para perseguir los delitos y fraudes contra el SDSS. Confirma el Plan Básico de Salud (PBS), pero no elimina el Plan de Servicios de Salud (PDSS), ilegalmente vigente desde hace dos décadas.
La Sisalril no plantea la reducción gradual de la enorme diferencia entre la cápita contributiva (RD$1,882.49) y la subsidiada (RD$321.97). El hecho de que la primera supere 5.8 veces a la segunda desnuda el trato desigual que reciben las familias más pobres y vulnerables, a pesar de que el PBS es el mismo para todos los afiliados contributivos y subsidiados. Obviamente, no tienen que ser iguales, pero tampoco tan diferentes.
La Sisalril eliminaría la contratación del personal de salud que dispone combinar un sueldo básico fijo con fuertes incentivos a su dedicación, desempeño y servicios prestados a los afiliados. Este sería un retroceso mayúsculo ya que perpetuaría un ausentismo y clientelismo que durante tantas décadas han ralentizado la salud pública. Todo lo contrario, para elevar la calidad de los servicios hospitalarios es imprescindible establecer fuertes incentivos a los médicos según la cantidad, oportunidad y calidad de la atención a los afiliados.
En este primer cuarto de siglo, el país ha avanzado hacia el derecho universal a la salud en relación al viejo Seguro Social excluyente, y eso debemos celebrarlo. Pero todavía estamos rezagados en cuanto a la calidad y oportunidad del cuidado de la salud que le prometimos a la población, debiendo redoblar los esfuerzos para que ningún dominicano sea excluido de la Seguridad Social.
(c) Periódico Hoy (18.05.2026)
