El incremento de riñas con mortales resultados por alcohol, disputas barriales y embestidas machistas por celos y pretensiones de dominio absoluto sobre mujeres no suelen tener que ver con carreras delictivas de despojos y muertes y en lo esencial deben ser tratados de manera diferente
Nelson Marrero
En República Dominicana marchan con simultaneidad las agresiones a la sociedad que proceden de delincuencia común, por un lado, y los actos que por otro lado se derivan de conflictos interpersonales más intensos en este este momento en contra la tranquilidad urbana. Ambos deberían ser combatidos por el Estado con la misma intensidad aunque con métodos diferentes porque de sus empeños protectores de la colectividad depende considerablemente que muchos ciudadanos se consideren suficientemente protegidos ahora que se percibe en ellos una mayor preocupación que antes por la epidemia de violencia de género. No deberían subestimarse como de menor gravedad los conflictos sociales que derivan en tragedias.
El incremento de riñas con mortales resultados por alcohol, disputas barriales y embestidas machistas por celos y pretensiones de dominio absoluto sobre mujeres no suelen tener que ver con carreras delictivas de despojos y muertes y en lo esencial deben ser tratados de manera diferente a la empleada para perseguir delitos comunes en busca de beneficio personal enfrentando sus causas con materializaciones impulsadas por los gobiernos con contundentes programas sin “ejecuciones extrajudiciales”. Dirigidos con enfoque integral y políticas públicas de prevención y educación para reducir el desempleo juvenil y fomentar la reinserción social; haciendo cesar la multiplicación del crimen en recintos carcelarios con unos cuantos superpoblados que parecen ergástulas medievales.
Mientras desde una específica gestión oficial se subestiman estas herramientas pacificadoras de los conglomerados urbanos con altas tasas de fricciones vecinales, la Procuraduría General de la República mantiene en vigencia el “Sistema Nacional de Resolución Alterna de Conflictos”, SINAREC, orientado a manejar conflictos comunitarios adversos a la convivencia ciudadana. Promueve la cultura de paz y de restauración de relaciones vecinales e interpersonales. Sofocando disputas por linderos y problemas que en condominios son generados por ruidos nocivos, deudas menores y conflictos familiares. Ahí están las fiscalías barriales.
Sinarec se enfoca en dejar fuera el despliegue de fuerzas policiales y militares para disuadir la violencia en los vecindarios y la propia Policía tiene activa –mayormente con indumentarias civiles para generar confianza- una Dirección de Antipandillas que hace uso de los mecanismos de inteligencia para investigar, prevenir y desarticular, sin macanazos ni disparos, a grupos juveniles violentos a fin de salvaguardar la seguridad ciudadana y proteger de forma prioritaria a niños, niñas y adolescentes. Su alcance civilizador es limitado.
La tropa desarmada del Ministerio Público acude a espacios de marginación social a promover una cultura de paz y a restaurar las relaciones entre familias para evitar mediante diálogos en el terreno mismo de las contradicciones que mal manejadas conducen a estallidos de consecuencias imprevisibles o a que los problemas deriven en procesos judiciales o incidentes sangrientos. Llega a los sitios antes de que la violencia física grave asuma la categoría delictiva que obliga a la Policía y a la justicia a actuar.
Costo social
Cierto es que la violencia social escapa a la competencia de los cuerpos policiales en cualquier país del mundo por conectar de forma abrumadora con los déficit de desarrollo humano y de reducción de las desigualdades que los liderazgos políticos -incluyendo los de República Dominicana- no logran conjurar. Cíclicos diagnósticos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, trazan rumbo para las soluciones abogando por programas integrales contra todo tipo de violencia incluyendo la institucional, que esa también existe cuando los gobiernos imponen medidas de resultados contraproducentes que no dan en el blanco y empeoran la interacción social.
Sus representaciones técnicas en el país asesoran a la comunidad y al Gobierno desde hace un tiempo aplicando la “Agenda 2030” que tiene activas a las agencias del organismo internacional que conectan con las mujeres y con otros ámbitos poblacionales y que a través de mesas de promoción se enfocan en prevenir la violencia de género, el abuso infantil y los homicidios intrafamiliares. Actúan en un marco de búsqueda de soluciones integrales para la seguridad ciudadana.
De su lado el Banco Mundial, orientado principalmente al desarrollo financiero, inscribe como una de sus prioridades en el país poner atención a la inseguridad ciudadana que puede ser puesta en peligro tanto por la violencia social como por el crimen organizado y resultar un freno importante al crecimiento de la economía en la región de la que forma parte República Dominicana para lo cual ha hecho estudios analíticos exhaustivos sobre los factores de riesgo.
La violencia social y delictiva cuesta a América Latina y a las naciones de este caluroso Caribe el 3.44% de su Producto Interno Bruto, PIB, de acuerdo con estudios recientes del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y el Fondo Monetario Internacional, FMI; equivalente al 78% del presupuesto público total que la región dedica a la educación, el doble del gasto en asistencia social.
Éxito ajeno
En Colombia se recurrió desde un tiempo atrás al acierto de aplicar medidas que restaron espacios favorables a la violencia social mediante una ley que dispuso el cierre temprano de bares y desarmó a los civiles violentos regulando el uso de armas de fuego con cierta saludable drasticidad visto el hecho de que en Medellín la mayoría de los homicidios ya no eran causados por mafias sino por borrachos desenfrenados. Apaciguados los carteles de droga y sus capos por causas de fuerza mayor, retrocedió la mortalidad relacionada con pistolas y metralletas de sicarios.
Paralelamente las autoridades colombianas diseñaron para aplicación inmediata el programa denominado “Urbanismo Social” dotando barriadas conflictivas de bibliotecas, parques y transportes modernos para poder salir de jurunelas de modo seguro y decente, lo que expandió los horizontes ciudadanos por donde antes los ámbitos estaban más dedicados a riesgosas fricciones sociales que a la convivencia pacífica.
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