Llama la atención que, según la Policía, los casos ocurran en circunstancias similares: los agentes van tras los “bandidos” y estos, al verse descubiertos, atacan a los policías, quienes, a su vez, repelen las agresiones y matan a los presuntos delincuentes.
Lázaro Medina Familia / El Nacional
SANTO DOMINGO, R.D.— Las constantes muertes de presuntos delincuentes a manos de la Policía Nacional en supuestos enfrentamientos o intercambios de disparos se han convertido en una norma que muchos critican y otros aplauden.
Llama la atención que, según la Policía, los casos ocurren en circunstancias similares: los agentes van tras los “bandidos” y estos, al verse descubiertos, atacan a los policías, quienes, a su vez, repelen las agresiones y matan a los presuntos delincuentes.
En muchos casos, esto puede ser así, pues en ocasiones los hechos quedan captados por cámaras instaladas en los alrededores. Sin embargo, no siempre sucede de esa manera y el guion de las notas policiales parece ser siempre el mismo.
Una buena parte de la población apoya el accionar de la Policía por entender que a los delincuentes “hay que darles para abajo”. En cambio, otra parte de la ciudadanía se opone, tal vez no porque esté en desacuerdo con que se enfrente la delincuencia, sino porque entiende que podrían producirse ejecuciones extrajudiciales que violan el debido proceso y convierten a las autoridades policiales en juez y parte.
Con estas acciones policiales, el país se está encaminando hacia un Estado policial, donde impera la actuación de la institución por encima de las garantías del debido proceso.
180 fallecidos hasta septiembre
La preocupación por estas muertes también se refleja en las cifras recopiladas por el Observatorio de Derechos Humanos para Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad (ODHGV).
De acuerdo con los datos de esa entidad, al menos 180 personas habían fallecido hasta el 21 de septiembre de 2026 en intervenciones policiales o en hechos reportados como supuestos intercambios de disparos.
La cifra se produce en medio de un aumento de los casos reportados durante septiembre, mes en el que la Policía Nacional contabilizó 55 personas fallecidas en presuntos intercambios de disparos con agentes, de acuerdo con el balance divulgado por la institución.
El director del Observatorio, Manuel Meccariello, cuestionó la credibilidad de que tantas personas fallecidas sean clasificadas como delincuentes.
“Como director del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos en Condiciones de Vulnerabilidad, me resulta poco creíble que estén clasificando a esa cantidad enorme de personas como delincuentes”, expresó Meccariello en conversación con El Nacional.
El activista sostuvo, además, que, a su juicio, las versiones oficiales no suelen reconocer posibles abusos policiales y señaló que existen casos en los que las evidencias difundidas por ciudadanos contradicen la versión inicial de las autoridades.
“Realmente, tú lo sabes como periodista, que esos datos ellos nunca van a decir que fue un tema de abuso policial. Aquí, si tú te percatas, cada vez que se hacen denuncias, o por un observatorio o por personas que están grabando con celulares, te das cuenta de que muchos de esos casos no han sido intercambio de disparos”, afirmó.
Meccariello considera que cada muerte debe investigarse para establecer si el uso de la fuerza letal estuvo justificado. El planteamiento no supone desconocer los riesgos que enfrentan los agentes policiales, sino determinar qué ocurrió en cada caso y si la actuación se ajustó a la ley.
Al margen de las cifras ofrecidas por el Observatorio, recuentos periodísticos sitúan otros datos. En octubre, el registro de El Nacional contabilizaba 15 muertes hasta el día 8.
Cámaras corporales
Según informaciones oficiales de la Presidencia y de la Policía Nacional, el 3 de agosto de 2021, el presidente Luis Abinader anunció la transformación de esa institución y ordenó asignar fondos para adquirir chalecos y cámaras corporales.
El Gobierno explicó entonces que el objetivo era que quedara registrado el accionar de los agentes, como mecanismo de transparencia y fiscalización.
Más de un año después, el 2 de diciembre de 2022, comenzó el nuevo sistema de patrullaje por cuadrantes. La Policía Nacional informó que arrancó con 504 agentes equipados con 504 cámaras corporales, es decir, una cámara por agente en ese esquema inicial.
El despliegue correspondió a 84 cuadrantes y se concentró inicialmente en sectores del Distrito Nacional.
on la incorporación de este sistema se suponía que muchos de los hechos violentos o no violentos que involucran a policías y ciudadanos quedarían grabados. Sin embargo, no se ha informado públicamente cuántas intervenciones han quedado registradas ni cómo se utilizan esas imágenes.
Cronología del aumento de las bodycams
En diciembre de 2024, durante el lanzamiento del operativo Navidad con Garantía de Paz, la Policía informó que el presidente Abinader entregó 4,400 cámaras corporales y vehiculares. La institución dijo que esos equipos permitirían supervisar las intervenciones policiales y promover la transparencia y la profesionalización del trabajo policial.
Luego, en mayo de 2025, el Gobierno anunció que el nuevo modelo de patrullaje que comenzaría el 2 de junio estaría integrado por 1,100 agentes seleccionados y entrenados, quienes serían dotados de cámaras corporales, armas no letales y otros equipos tácticos.
El 2 de junio de 2025 comenzó oficialmente el pilotaje del nuevo modelo en sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Este, con más de 1,100 policías.
La Policía señaló que el nuevo uniforme incorporaba cámaras corporales (bodycams) y que el modelo incluía mecanismos de supervisión y evaluación de la actuación policial.
El 28 de septiembre de 2026, el presidente Abinader declaró que había 10,000 cámaras corporales disponibles para agentes del nuevo modelo de patrullaje y de la Dirección Central de Investigación de la Policía Nacional (Dicrim).
Lo que no está confirmado es si esa cantidad de equipos está en funcionamiento.
Pese al aumento de estos dispositivos, la Policía no ha ofrecido un balance que permita establecer cuántos de los presuntos enfrentamientos que terminaron con personas fallecidas quedaron registrados por las cámaras corporales ni si esas imágenes fueron utilizadas para esclarecer las circunstancias de los hechos.
Las investigaciones internas y del Ministerio Público
No está claro cuántos de estos casos son investigados por la Inspectoría General de la Policía y el Ministerio Público, ni cuáles han sido los resultados de esas indagatorias, para verificar las circunstancias en que ocurrieron los presuntos enfrentamientos que, según las versiones policiales, terminan con la muerte de los sospechosos.
Numerosos juristas exigen a la Policía mejorar su actuación y demandan del Ministerio Público una mayor supervisión de esos hechos, al considerar que las instituciones no pueden violar derechos en nombre de la lucha contra la inseguridad que afecta al país.
La pregunta sigue siendo si todos esos casos fueron realmente intercambios de disparos en los que resultaba necesario el uso de la fuerza letal o si algunos requieren una investigación más profunda. La respuesta no puede depender únicamente de la versión inicial de la institución involucrada.
Las cámaras corporales están llamadas a contribuir a esclarecer esas circunstancias.
De ahí que se hace importante conocer cuántas están funcionando, cuántas intervenciones quedan grabadas y qué hacen las autoridades con esas imágenes, esto resulta fundamental para determinar si la herramienta cumple con el propósito de transparencia para el que fue adquirida.
(c) El Nacional
